Trump podrá vetar la venta de Telefónica en Venezuela gracias a una ley aprobada en agosto
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Telefónica estudia la venta de su negocio en Venezuela después de 35 años de presencia en el país para poner fin a la salida completa en la región hispanoamericana. Pero la teleco que preside Marc Murtra tendrá que sortear un entramado de sanciones estadounidenses que, aunque se ha flexibilizado en los últimos meses, mantiene a la Administración de Donald Trump con capacidad de veto sobre el desenlace final.
La operadora española lleva meses sondeando el terreno para una potencial desinversión en el país caribeño, la última filial pendiente de venta tras salir de Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, México y Uruguay con operaciones que suman más de 3.600 millones de euros.
Tras la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026 y el inicio de una transición liderada por Delcy Rodríguez bajo supervisión estadounidense, la incertidumbre frenó una venta rápida. Ahora, Telefónica se ha dado un año para ejecutar una venta razonable mediante un proceso por el que compitan varios candidatos.
El cambio geopolítico ha reactivado el interés de operadoras que hasta ahora habían evitado Venezuela por las restricciones internacionales, entre ellas AT&T y Verizon —que podrían entrar de la mano de petroleras estadounidenses ya presentes en el país— y grupos latinoamericanos como Claro (América Móvil) o Millicom, ausentes de Venezuela pese a operar en casi toda la región.
Entre los interesados que han llegado a mantener conversaciones preliminares con Telefónica figura el fondo Latin America Real Assets Opportunities (LARA), con sede en Miami y cofundado por Mauricio Claver-Carone, antiguo enviado especial de EEUU para América Latina durante la Administración Trump.
Pero la vía de entrada para la nueva inversión —o de salida, en el caso de Telefónica— pasa necesariamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La licencia 62 que condiciona la venta de Telefónica
El 21 de agosto de 2026, el organismo emitió las licencias generales 61 y 62, que flexibilizan el régimen de sanciones sobre Venezuela específicamente para el sector de telecomunicaciones.
El giro se enmarca en la ola de relajación de sanciones que Washington ha aplicado desde comienzos de año en sectores como energía, minería y aviación. De hecho, la petrolera española Repsol se ha beneficiado también de esta coyuntura y ha prometido inversiones millonarias en el país.
La licencia general 61 autoriza a empresas y ciudadanos estadounidenses a suministrar bienes, tecnología, software y servicios para instalar, mantener, actualizar y dar soporte a infraestructuras de telecomunicaciones en Venezuela, incluyendo transacciones con el Gobierno venezolano y con la compañía estatal Cantv y con el regulador Conatel.
Pero es la licencia 62 la que afecta directamente a una operación como la que baraja Telefónica. Esta normativa autoriza negociar y firmar contratos para nuevas inversiones en el sector, constituir nuevos operadores, ampliar negocios existentes o formar joint ventures, incluida la due diligence previa.
No obstante, impone una condición que resulta determinante: la ejecución de cualquiera de esos contratos debe quedar expresamente supeditada a una autorización adicional y separada de la propia OFAC.
El capital ruso, chino, norcoreano o cubano queda exluido
La teleco o el fondo que quiera comprar el negocio de Telefónica en Venezuela puede negociar, puede firmar sobre el papel, pero no puede cerrar la operación sin ese segundo permiso específico. Es, en la práctica, el mecanismo por el que Washington se reserva la última palabra.
Además, la propia licencia añade otra capa de control, ya que excluye cualquier transacción que involucre a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.
Su autorización no exime del cumplimiento de otras agencias federales, entre ellas la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y el comité encargado de evaluar la participación extranjera en el sector de telecomunicaciones de EEUU, que entraría en juego si el comprador final fuera estadounidense.
El resultado es que la salida de Telefónica de Venezuela, tras más de tres décadas de operaciones, quedará condicionada no solo a las cifras que sea capaz de negociar con los interesados, sino a un filtro estadounidense.
La venta elimina riesgos para Telefónica, pero tendría poco impacto en la deuda
En cuanto a los potenciales beneficios que tendrá una salida de Telefónica, más allá de negociar un buen precio, los analistas consideran que afectaría de manera positiva sobre todo a los riesgos que afronta en un país complejo.
«La posible venta de Telefónica en Venezuela completaría su salida de la región de la Latinoamérica hispanohablante, simplificando aún más la cartera y eliminando sanciones, riesgos de cambio y repatriación, pero tendría un impacto de desapalancamiento insignificante», destacan los analistas de Bloomberg Intelligent.
En este sentido, consideran que la venta podría generar entre «114 y 152 millones de euros en ingresos en efectivo», basados en el ebitda anualizado del cuarto trimestre de 2025 de 38 millones de euros convertidos a tipo de cambio spot. Asimismo, explican que podría dejar una deuda neta de 2,68 veces el Ebitdaal
En cualquier caso, no cabe esperar que Telefónica tenga novedades en el corto plazo. La compañía se ha dado un año de plazo para vender su negocio venezolano, coincidiendo con la finalización del compromiso de inversión de 500 millones de euros para modernizar su infraestructura, expandir la cobertura 4G y comenzar el despliegue de la red 5G.
