Telefónica, Indra, Red Eléctrica, Enagás: incertidumbre en las cúpulas del Ibex ante un posible cambio de Gobierno
Marc Murtra, presidente de Telefónica, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, Arturo Gonzalo, presidente de Enagás y Ángel Simón, presidente de Indra
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El adelanto electoral de Pedro Sánchez ha puesto en alerta a las cúpulas directivas de las grandes empresas españolas participadas por el Estado. Las firmas del Ibex 35 donde el Gobierno tiene poder de decisión como Telefónica, Redeia, Enagás e Indra podrían dar un giro en sus equipos directivos en caso de que se produzca un cambio político tras las elecciones del próximo 29 de noviembre y la incertidumbre no para de crecer.
Telefónica es probablemente la pieza de mayor valor político y económico del tablero por su historia y su papel en infraestructuras estratégicas. La entrada de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) comprando un 10% del capital por 2.285 millones convirtió al Estado en el primer accionista de la operadora para igualarse a la saudí STC. Junto a CriteriaCaixa forman el núcleo duro de accionistas.
La operación permitió al Gobierno de Pedro Sánchez situar en 2025 a Marc Murtra en la presidencia, con el veterano de la teleco Emilio Gayo de CEO del grupo. Desde entonces, la compañía ha remodelado su estructura de gobierno y de negocio y tomado decisiones difíciles como el recorte de dividendo o la salida a marchas forzadas de Latinoamérica.
Todo ello acompañado de numerosos perfiles que el propio Murtra ha incorporado a su equipo procedentes de Indra, donde también ostentó la presidencia. Entre equipo directivo y consejo también hay miembros cercanos al PSOE, como el caso del veterano Javier de Paz.
El 4 de noviembre se cumplirá un año del plan estratégico Transform & Grow con unos resultados buenos, pero discretos, y un castigo bursátil que penaliza a un directivo vinculado estrechamente al partido del Gobierno, especialmente en Cataluña.
En un escenario de cambio de Gobierno, Murtra sería uno de los nombres bajo mayor escrutinio y ese runrún ya sobrevuela la sede de Las Tablas. Aunque su mandato como consejero no vence hasta 2029, en caso de un nuevo Ejecutivo estatal podría impulsarse un relevo en la presidencia y en buena parte de la estructura corporativa.
Indra: una cúpula muy reciente y un sector en auge
Indra es otra de las grandes empresas estratégicas en las que el Estado tiene un importante dominio. El gigante español de defensa y tecnología está bajo control de la Sepi, que posee un 28% de su capital, y cuenta con una cúpula formada muy recientemente.
El Gobierno apostó el pasado abril por darle la presidencia a Ángel Simón, anterior CEO de Criteria, donde fue cesado un año antes. El holding que preside Isidro Fainé prescindió de sus servicios, según se dice, por sus actuaciones como «verso libre» y su cercanía política al principal partido del Gobierno.
Tras ser recompensado con la presidencia de Indra, la compañía nombró más tarde a Josep María Recasens como CEO, procedente del grupo Renault y con una larga trayectoria en Cataluña.
Ambos acaban de ejecutar cambios en la dirección y en la estructura de Indra justo antes de presentar el nuevo plan estratégico de la compañía, que será lanzado el 25 de noviembre, dejando atrás la etapa de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos.
Indra es quizás la compañía estatal más importante actualmente por el contexto geopolítico que ha propiciado el auge del sector defensa y la conversación en torno a la soberanía nacional y europea. Pese a que Simón y Recasens acaban de ser ratificados y su mandato se extiende hasta 2030, un eventual cambio de Gobierno podría desembocar en su salida.
Beatriz Corredor (Redeia), en el foco de la oposición desde el apagón
En el ámbito energético, Redeia (matriz de Red Eléctrica) es seguramente la compañía que mayores críticas ha recibido por la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. La Sepi tiene bajo su control un 20% del accionariado, donde Amancio Ortega se sitúa como el otro accionista relevante con un 5%.
El motivo principal es el apagón del 28 de abril de 2025 que dejó sin luz a toda la península ibérica, si bien tiempo atrás se venía criticando su presunto trato de favor hacia las tecnologías renovables por encima de otros criterios.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha estado desde entonces en el foco de todas las críticas por su responsabilidad en el operador del sistema.
Políticos del Partido Popular y de Vox han sido los más duros con ella en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, así como en diferentes intervenciones públicas, acusando de gestionar el sistema eléctrico poniendo la ideología y las directrices políticas por encima de lo técnico.
Quien fuera ministra de Vivienda bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es la que más probabilidades tiene de abandonar su cargo y volver a su antiguo trabajo como registradora de la propiedad.
De todos los directivos de empresas del Ibex 35 donde el Estado tiene participación, Corredor, es la que más cerca tiene el vencimiento de su mandato.
Tanto ella como el CEO, Roberto García Merino, fueron reelegidos por los accionistas en 2024 y su mandato se extiende hasta junio de 2028. Un cambio en el Ejecutivo podría acelerar su salida el año que viene, tanto forzosamente como de manera voluntaria.
Enagás: un consejo lleno de expolíticos y una transición compleja
Enagás es la otra energética del Ibex donde la Sepi está presente con un 5%, siendo accionista mayoritaria junto con Amancio Ortega, que posee exactamente el mismo porcentaje del capital.
Su presidente Antonio Llardén, ha sobrevivido a Gobiernos del PP y del PSOE, si bien el CEO Arturo Gonzalo Aizpiri fue nombrado en 2022 con el empuje de una Moncloa comandada por Pedro Sánchez.
La junta del 26 de marzo de 2026 aprobó la reelección de Antonio Llardén como presidente y de Arturo Gonzalo como consejero delegado por un nuevo período estatutario de cuatro años. Por tanto, ambos tienen mandato como consejeros hasta marzo de 2030.
En el caso de Aizpiri, su perfil es institucional, pero su nombramiento estuvo muy influenciado por su trayectoria en administraciones y en Repsol, donde ocupó distintos puestos directivos y llegó a formar parte del comité ejecutivo.
Antes había desarrollado buena parte de su carrera como director general de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, director general de Política Ambiental y secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, bajo el Gobierno de Zapatero. Desde el sector energético es conocida su cercanía a Teresa Ribera.
Enagás cuenta además con un consejo especialmente cargado de perfiles procedentes de la política. Entre sus vocales figuran dos exministros socialistas, José Montilla, antiguo titular de Industria y expresidente de la Generalitat, y José Blanco, exministro de Fomento y antiguo secretario de Organización del PSOE.
A ellos se ha sumado este verano Francisco Caamaño, exministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, que entró como representante de la SEPI.
En el otro lado del espectro político aparece Ana Palacio, exministra de Exteriores con José María Aznar, mientras que Cristóbal Gallego ha estado vinculado al entorno de Podemos.
La compañía clasifica a Montilla, Blanco y Gallego como independientes, mientras que Caamaño y Bartolomé Lora ocupan los dos puestos dominicales de la Sepi. Cualquier cambio de rumbo en la política nacional podría trastocar la conformación del consejo.
Más allá de lo corporativo, Enagás se encuentra en un momento de transición como gestor del sistema gasista y transportista del gas natural hacia el hidrógeno verde.
La apuesta europea para sustituir los combustibles fósiles está por ahora lejos de ser una realidad y el futuro de la compañía española dependerá en gran medida de ello. El próximo Gobierno tendrá en sus manos una tarea compleja.
