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Aagesen y Carmen Calvo dan la espalda a ACS y Ferrovial con el real decreto de los centros de datos
ACS y Ferrovial intentaron reunirse con la vicepresidenta tercera, que rechazó el encuentro
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Retro Demográfico, Sara Aagesen. Europa Press
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ACS, Ferrovial, Quetta y QTS se han quedado sin interlocución con el Gobierno en plena tramitación del real decreto que regulará los centros de datos en España. Este grupo de empresas, que ha optado por mantener un perfil bajo en sus gestiones, ha visto cómo se frustraba a última hora la reunión que tenía prevista con el Consejo de Estado, encabezado por Carmen Calvo, según ha podido saber este medio.
Según fuentes del sector, las compañías habían intentado previamente reunirse con Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, para abordar el contenido de la futura regulación. Sin embargo, la responsable del departamento rechazó mantener ese encuentro.
Ante la falta de interlocución directa con el Ministerio, las empresas consiguieron abrir una vía alternativa a través del Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, con el objetivo de conocer el texto y exponer sus argumentos durante la fase de elaboración de la norma.
La reunión estaba prevista para este miércoles, pero fue cancelada a última hora, sin que, según las mismas fuentes, se haya ofrecido una fecha alternativa.
La decisión deja a las compañías sin la oportunidad de mantener el encuentro que habían conseguido cerrar para trasladar sus preocupaciones sobre una regulación que puede condicionar el desarrollo de nuevas infraestructuras digitales en España.
El episodio se produce en un momento clave para el sector. Los centros de datos se han convertido en una de las grandes apuestas de inversión inmobiliaria e industrial, impulsados por el crecimiento de la inteligencia artificial, la computación en la nube y la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información.
En ese contexto, los promotores reclaman un marco regulatorio que permita planificar proyectos que requieren grandes desembolsos, disponibilidad de suelo, acceso a la red eléctrica y plazos de ejecución prolongados.
ACS y Ferrovial, al margen de Spain DC
La estrategia de ACS, Ferrovial, Quetta y QTS difiere de la vía seguida por Spain DC, la asociación del sector de los centros de datos en España, que ha asumido un papel más visible en el debate sobre la regulación. Las cinco compañías han preferido abordar sus gestiones de manera directa y con discreción.
La decisión responde a una estrategia de perfil bajo en un asunto que afecta a inversiones de gran dimensión y a proyectos que todavía se encuentran en distintas fases de desarrollo.
La interlocución directa les permite defender sus posiciones como empresas con intereses concretos en el mercado, aunque también las deja más expuestas a la falta de respuesta de los interlocutores institucionales.
La principal preocupación de los operadores es el efecto que la futura normativa pueda tener sobre sus inversiones y sobre la planificación de nuevos centros de datos.
Se trata de proyectos que exigen coordinar la adquisición o desarrollo de terrenos, la construcción de los edificios, la instalación de equipos especializados y la contratación de capacidad eléctrica.
Los cambios regulatorios pueden afectar a la viabilidad y al calendario de esas operaciones, especialmente cuando se producen después de que las empresas hayan iniciado los trabajos de planificación.
El interés por acceder al borrador antes de su aprobación responde a esa necesidad de anticipación. Las compañías buscan conocer las obligaciones que finalmente se incorporarán al texto y disponer de margen para plantear modificaciones o aclaraciones antes de que la norma complete su recorrido administrativo.
La cuestión adquiere relevancia por el volumen de capital que moviliza el sector. Los centros de datos requieren inversiones intensivas y compromisos a largo plazo, mientras que España aspira a atraer nuevos proyectos vinculados al crecimiento de la inteligencia artificial y a la expansión de las infraestructuras digitales europeas.
La capacidad para disponer de electricidad, obtener las autorizaciones necesarias y ejecutar las instalaciones dentro de los plazos previstos figura entre los factores que determinan la elección de una ubicación.
Para las cinco empresas, el objetivo sigue siendo disponer de información sobre el texto y defender sus intereses antes de que la norma avance hacia el Consejo de Ministros.
Por ahora, la reunión que debía permitir ese intercambio ha quedado suspendida y, según las fuentes consultadas, sin una alternativa sobre la mesa.
