Estados Unidos alerta sobre la inseguridad jurídica en España por los impagos de las renovables
Energía eólica. Foto Nicholas Doherty-Unsplash
Comentarios
El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a hacer hincapié en el conflicto de los laudos renovables que afecta directamente a España desde hace más de una década. En concreto, el Estado Español acumula trece condenas de los tribunales estadounidenses con una factura que se sitúa cerca de 935 millones de euros y el informe 2026 Spain Investment Climate Statement analiza el clima de inversión y la situación económica y cuestiona la seguridad jurídica del país.
El lastre de las renovales
El informe, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluye una sección destinada específicamente a explicar cómo los cambios regulatorios introducidos entre 2010 y 2014 provocaron una oleada de litigios internacionales contra España, especialmente al amparo del Tratado de la Carta de la Energía.
España acumula numerosas demandas y todavía hay procedimientos pendientes de resolución. Precisamente, el Departamento de Estado recuerda la existencia de estos trámites, además de cuantificar su alcance y resaltar que el balance ha sido completamente desfavorable para el país.
El informe detalla que las reformas empezadas en 2011 provocaron más de 50 reclamaciones de arbitraje de inversión contra el Estado español, principalmente bajo el Tratado de la Carta de la Energía, del que España se retiró en 2024. Además, más de dos tercios de esos procedimientos han culminado en laudos favorables a los inversores.
El reporte señala la actitud de España tras conocerse los fallos de los tribunales, que «se ha resistido de forma consistente a su cumplimiento», amparándose en la inmunidad soberana o al Derecho de la Unión Europea, entre otros motivos.
Inseguridad jurídica y trabas administrativas
Estados Unidos pone el foco en la seguridad jurídica después de que los inversores acudieran a España bajo unas determinadas condiciones regulatorias y posteriormente se produjeran cambios de marco aplicable, lo que desencadenó decenas de reclamaciones internacionales y una gran cantidad de fallos en contra del Estado español. A su juicio, el mensaje que se transmite al exterior choca con la imagen de un país que busca atraer grandes volúmenes de capital internacional.
Por otro lado, Estados Unidos destaca ciertos aspectos positivos relacionados con la inversión en España, como la posición geográfica, las infraestructuras de transporte, el tamaño de mercado, el capital humano, pero el informe indica que los impagos de las renovables elevan el riesgo jurídico y el coste de operar en el país.
El conflicto de los laudos es el ejemplo más evidente, pero también afectan otros problemas institucionales como un entorno regulatorio complejo, una presión fiscal relativamente elevada y los costos y lentos procesos burocráticos, además de la disparidad entre normativas autonómicas y la ausencia de un mercado interior verdaderamente uniforme, que pueden limitar el crecimiento empresarial.
El reporte indica que varias empresas extranjeras han sufrido retrasos a la hora de poder aplicarse beneficios fiscales y otras ayudas, o han encontrado cambios inesperados en sus condiciones después de haber sido aprobadas.
De esta manera, existe un claro problema en la distancia entre las reglas anunciadas y las condiciones efectivamente encontradas por quien decide invertir capital en España. Una contradicción que ya se ha podido comprobar con el caso de las renovables. Mientras que España quiere proyectarse como una economía dinámica y atractiva para la inversión «verde», arrastra decenas de impagos a empresas vinculadas al despliegue de energías renovables.
EE.UU lidera la inversión en España
El informe destaca que España ha sido una de las principales economías europeas con mayor crecimiento en 2025 tras registrar un crecimiento del PIB del 2,8%, casi el doble de la media de la eurozona, situada en el 1,5%.
Además, Estados Unidos fue el mayor inversor extranjero en España, aportando 10.000 millones de euros en 2025 sobre un total de 30.800 millones de inversión extranjera directa recibida, según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España.
La mayor parte de la inversión extranjera se concentró en el sector servicios (73,1 %), seguido del sector industrial (22,5 %) y la construcción (2,6 %).
