Hatta Energy factura 3.450 millones y condiciona su inversión en Galicia por el bloqueo administrativo de Hacienda

El cuarto operador de hidrocarburos del país ha liquidado 543 millones de IVA por adelantado, asegurando tener solvencia suficiente

Archivo – CEO de HATTA Energy, Javier Alonso

Hatta Energy, el cuarto operador de hidrocarburos en España, ha facturado 3.540 millones en los nueve primeros meses del año. La compañía que lidera Javier Alonso asegura haber liquidado entre enero y septiembre 543 millones de euros de IVA por adelantado, acreditando su solvencia y carga contra Hacienda por el bloqueo administrativo al negare la condición de «operador confiable».

La energética está a la espera de que la Administración del Estado resuelva los recursos presentados contra la decisión de la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia de negarle dicha condición.

Una posición que la compañía gallega ha llevado a la Justicia ordinaria a través de una querella que ha sido admitida a trámite y cuyos hechos presuntamente irregulares están siendo investigados por una juez. Los funcionarios de Hacienda en Galicia justifican su denegación al asegurar que Hatta no muestra solvencia financiera suficiente.

“¿Cómo es posible que estos funcionarios se nieguen a acreditar nuestra solvencia cuando en los primeros nueve meses del año 2026 se han facturado 3.451 millones de euros, casi los mismos que en todo el ejercicio 2025 (3.500 millones)? ¿Cómo es posible mantener la denegación cuando en estos nueve meses Hatta ha sido capaz de pagar por adelantado y a rajatabla 543 millones de euros de IVA? ¿Qué empresa no solvente es capaz de acreditar estos números? ¿Qué empresa no solvente adelanta con rigor el 110 por ciento del IVA cada mes?”, señalan desde Hatta Energy.

Por estas “razones tan elementales y palmarias”, la compañía energética espera una positiva resolución de la Administración.

Hatta condiciona sus inversiones en Galicia

Hatta tiene comprometidas con la Xunta de Galicia desde hace un año una serie de inversiones para producir biodiésel y convertir el territorio en un hub de combustible verde, inversiones condicionadas a que obtenga la condición de confiable.

Este plan de Hatta en Galicia no acaba con estas inversiones industriales, sino que tiene previsto una serie de actuaciones de carácter netamente social para anclarse definitivamente a la región.

La compañía tiene pendiente la concesión por parte de la Agencia Tributaria en Galicia de la condición de “operador confiable”. Se trata de una figura de nuevo cuño que entró en vigor en enero y que establece cuatro condiciones para su resolución.

La compañía asegura cumplir las todas, pero la demora de una resolución favorable del expediente está dejando a Hatta en un limbo que obliga a adelantar el 110 por ciento del IVA en cada operación, creando así «un problema financiero que repercute en la salud de la empresa y en su capacidad para invertir».

«Esta situación genera, además, un embudo en la libre competencia en el mercado y una incidencia real en los precios que los ciudadanos pagan en las gasolineras», señala la empresa.

En esta línea, asegura que la «arbitrariedad» de una norma “claramente ilegal” también se está investigando en un contencioso en la Audiencia Nacional a instancias de varias empresas afectadas.

El CEO de Hatta , Javier Alonso, lamenta que «mientras la escalada de precios golpea a los ciudadanos», lo lógico sería que desde el Gobierno y la Administración se velara por «el principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido en el derecho de la competencia europeo, que exige que la intensidad de una exigencia regulatoria guarde relación con el riesgo real que pretende evitar, y no con el tamaño del operador al que se aplica».

La dificultad, explica Alonso, surge en la configuración de la condición de “operador confiable” decretada por el Gobierno. «La anticipación del 110 por ciento del IVA a las empresas que no son reconocidas para la etiqueta de confiable, por meras barreras arbitrarias, es una norma de dudosa legalidad, ya que destroza la libertad de empresa y la competencia alterando la legislación europea», añade.

Alonso recuerda además que hay un procedimiento abierto por varias empresas afectadas en la Audiencia Nacional, «un absurdo dada la coyuntura dramática para la economía nacional».

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