La crisis del ‘AVE de California’ amenaza con retrasar un contrato de 2.400 millones al que aspiran ACS y Ferrovial
La dimisión de Ian Choudri en plena investigación por gastos injustificados amenaza con retrasar una adjudicación a la que optan ACS y Ferrovial
Montaje realizado por Economía Digital.
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La dimisión del máximo responsable de la Alta Velocidad de California, Ian Choudri, en plena polémica por el uso de fondos públicos, amenaza con complicar el calendario de adjudicación de uno de los contratos del trazado, de 2.400 millones, al que ACS y Ferrovial, dos de las grandes constructoras españolas, han presentado sus propuestas el pasado 29 de octubre.
Choudri comunicó su salida el miércoles 28 de octubre, después de dos años al frente de la California High-Speed Rail Authority (CHSRA). El organismo confirmó que su sustituto será Joe Stephenshaw, hasta ahora responsable del Departamento de Finanzas de California.
El nombramiento se produjo después de una reunión a puerta cerrada del consejo de administración, que anunció la decisión al día siguiente.
Aunque el directivo justificó su marcha por motivos personales y familiares, su dimisión se produce en plena tormenta por la gestión de los gastos de la autoridad ferroviaria. Una investigación del inspector general había puesto bajo sospecha cerca de 600.000 dólares (unos 518.000 euros) en desplazamientos y gastos facturados por varias consultoras que trabajaban para el proyecto.
Los investigadores detectaron viajes en primera clase, desplazamientos en vehículos de alta gama y visitas a establecimientos de ocio, entre ellos clubes nocturnos, salas de puros, bares y restaurantes.
Parte de esos desplazamientos se habrían realizado a petición de responsables de la propia autoridad ferroviaria y sin una justificación suficiente para cargarlos a las arcas públicas.
La investigación también puso el foco en los viajes a Folsom, localidad próxima a Sacramento en la que Choudri tiene una vivienda. Algunos de estos desplazamientos se realizaron fuera del horario habitual de trabajo.
La agencia había reembolsado las facturas sin comprobar suficientemente la necesidad de los viajes ni el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos.
La polémica ya había tenido consecuencias sobre las competencias del máximo responsable del proyecto. A principios de octubre, el consejo de administración votó para retirarle la capacidad exclusiva de firmar y gestionar contratos inferiores a 25 millones de dólares.
Desde entonces, los abogados internos de la autoridad debían revisar y dar su aprobación a los nuevos contratos y a las modificaciones de los existentes. La votación salió adelante con siete votos a favor y dos en contra.
ACS y Ferrovial, pendientes de la adjudicación
El relevo en la cúpula de la autoridad ferroviaria coincide con otro momento relevante para las constructoras españolas que buscan ampliar su presencia en el proyecto. ACS y Ferrovial figuran entre las compañías que pujan por nuevos trabajos vinculados al desarrollo de la infraestructura.
La salida de Choudri obliga a la autoridad a reorganizar su estructura directiva en un momento en el que debe gestionar tanto los contratos en marcha como las nuevas licitaciones.
La adjudicación del tramo al que concurren ACS y Ferrovial puede verse desplazada en el calendario. El cambio de responsable llega, además, cuando el organismo trata de recuperar la confianza de los responsables políticos y de los contribuyentes después de las conclusiones de la investigación.
La crisis directiva es el último episodio de una infraestructura que acumula dificultades desde su aprobación. Los votantes de California dieron luz verde en 2008 a una emisión de deuda de 10.000 millones de dólares para construir una línea de Alta Velocidad entre San Francisco y Los Ángeles que debía estar operativa en 2020. El presupuesto inicial rondaba los 45.000 millones de dólares.
Casi dos décadas después, las previsiones económicas se han disparado. El último plan de negocio de la autoridad ferroviaria sitúa el coste total del proyecto en una horquilla de entre 126.000 y 231.000 millones de dólares.
A los problemas presupuestarios se suma la pérdida de financiación federal. La Administración de Donald Trump retiró 4.000 millones de dólares en fondos destinados al proyecto después de cuestionar la gestión de la autoridad ferroviaria y el incumplimiento de varios compromisos y plazos.
