La industria cifra en 8.900 millones el impacto energético por la guerra y advierte de cierres prolongados
El sector pide al Gobierno seis medidas urgentes para contener los precios
Instalación siderúrgica. Foto: Europa Press
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La gran industria advierte de la situación límite a la que se enfrentan por la crisis energética. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española calcula que el sobrecoste acumulado del gas y la electricidad alcanzará los 8.900 millones de euros al cierre de 2026 por la escalada de precios a raíz de la guerra en Irán y la crisis desatada en el Golfo Pérsico.
El sector vuelve a dar la voz de alarma por la rápida subida de precios que está presionando su actividad de cara al invierno, tras advertir en septiembre de sobrecostes de 7.400 millones. Son 1.500 millones adicionales en apenas unas semanas que amenazan con deteriorar todavía más la competitividad de las empresas.
De la cifra total calculada, 4.900 millones son el impacto para la industria por el encarecimiento del gas natural, mientras que los 3.900 millones restantes se corresponden con la escalada de precios de la luz.
La alianza agrupa a grandes empresas de sectores industriales como la siderurgia, la química, el refino, el cemento, el papel, la automoción y la industria de defensa, entre otros, con un elevado peso en el consumo energético y las exportaciones españolas.
Los sectores productivos, si bien aportan directamente el 11,7% del PIB (sin considerar impuestos), generan el 32,1% del Valor Añadido Bruto de nuestra economía y el 45,2% del empleo considerando sus efectos indirectos e inducidos, siendo también responsable del 90% de las exportaciones.
La patronal advierte de que las compañías tendrán dificultades para absorber esta subida en un contexto marcado por la presión de sus competidores internacionales.
La industria advierte de la destrucción de la demanda y el empleo
«La situación se está agravando a una velocidad superior a la prevista», alerta Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza. El representante empresarial advierte de que el aumento de los costes puede comprometer inversiones, actividad productiva y empleo si las administraciones no reaccionan con rapidez.
La preocupación de la industria no se limita al impacto económico de la factura energética, sino que los datos de consumo apuntan también a un deterioro de la actividad de las empresas.
Según el Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG), elaborado por Enagás, el consumo industrial de gas cayó un 9,4% en septiembre respecto al mismo mes de 2025.
La cifra se agrava si se compara con años anteriores, reflejando un consumo un 31% por debajo de la media registrada entre 2018 y 2021. En el conjunto de 2026, el descenso alcanza el 27% respecto a ese mismo periodo.
La Alianza subraya, además, que esta contracción no se ha compensado con un aumento equivalente del consumo eléctrico ni de otras fuentes energéticas descarbonizadas.
Por ello, considera que una parte significativa del ajuste responde a una destrucción de demanda y a una menor actividad industrial, más que a un proceso de sustitución de unas fuentes de energía por otras.
Ante este escenario, la organización reclama al Gobierno un paquete de medidas para aliviar la factura energética y evitar que el encarecimiento de los suministros se traduzca en «cierres prolongados de instalaciones y ajustes de empleo».
El sector pide medidas urgentes para contener los precios
La patronal considera insuficiente la respuesta del Ejecutivo a través del Real Decreto-ley 25/2026, aprobado el pasado 29 de septiembre para hacer frente a las consecuencias de la crisis en Oriente Medio. Según denuncia, la norma no incorporó ninguna de las principales propuestas trasladadas por el sector industrial.
Una de sus principales reivindicaciones pasa por recuperar las ayudas directas a los consumidores industriales gasintensivos. La Alianza propone establecer un mecanismo de compensación por el incremento excepcional de los precios del gas, similar al que se habilitó durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.
Para ello, pide al Gobierno que negocie con Bruselas la prórroga del Marco Temporal de Ayudas de Estado por la crisis de Oriente Próximo (METSAF), cuya vigencia termina el próximo 31 de diciembre, o la aprobación de un instrumento equivalente que permita ampliar las compensaciones.
La segunda medida se centra una rebaja fiscal para abaratar la factura eléctrica. La industria reclama reducir el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) hasta el mínimo del 0,5% permitido por la normativa europea y mantener ese tipo reducido de manera estructural.
La organización considera que esta rebaja no debería depender de mecanismos automáticos que pueden activarse con retraso y no reflejan las necesidades reales de las empresas.
También pide adelantar la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). En concreto, propone que el gravamen desaparezca el 1 de enero de 2027, en lugar de esperar hasta 2028, como contempla el calendario vigente.
Otro de los focos de preocupación son los servicios de ajuste del sistema eléctrico, cuyos sobrecostes repercuten directamente en los consumidores. La Alianza sitúa su coste medio en 22,46 euros por megavatio hora (MWh) desde el inicio del año, con un importe acumulado de 4.570 millones de euros y una previsión de alcanzar los 5.400 millones hasta diciembre.
Para contener este impacto, reclama compensaciones parciales para la industria manufacturera o trasladar los costes de las restricciones técnicas a los peajes eléctricos, como sucede, según la organización, en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Prorrogar la reducción de peajes y más ayudas para la compensación de CO2
La quinta propuesta pasa por extender más allá de diciembre de 2026 la reducción del 80% en los peajes eléctricos para los consumidores electrointensivos. La medida, recogida en el Real Decreto-ley 7/2026, tiene como fecha límite el próximo 31 de diciembre.
La industria reclama mantenerla durante todo 2027 y estudiar su aplicación estructural, en línea con los mecanismos de apoyo de competidores como Alemania y Francia.
Por último, la Alianza pide incrementar la dotación presupuestaria de las compensaciones por los costes indirectos de CO2 que soportan las empresas a través de la factura eléctrica. Este mecanismo permite devolver a determinados sectores industriales parte del sobrecoste asociado a las emisiones de las centrales eléctricas.
Aunque el Ministerio de Industria ha elevado las partidas destinadas a estas ayudas hasta los 600 millones de euros en las últimas convocatorias, la patronal considera que los recursos siguen siendo insuficientes para cubrir el número de potenciales beneficiarios y alcanzar los niveles máximos de compensación permitidos por Bruselas.
Por ello, reclama ampliar el presupuesto de la convocatoria de 2026 y garantizar la continuidad de este instrumento
Reinoso advierte de que las empresas españolas no pueden asumir por sí solas una escalada de costes de esta magnitud mientras sus competidores europeos cuentan con mecanismos de apoyo más sólidos y permanentes.
La organización insiste en que una respuesta inmediata resulta imprescindible para evitar que la crisis energética termine trasladándose a la inversión, la producción y el empleo industrial.
