Repsol demanda a Iberdrola, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica por el apagón y reclama 120 millones

La petrolera lleva a los tribunales su reclamación contra las distribuidoras y contra el operador del sistema como responsable solidario

Archivo - El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz

Archivo – El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz

Repsol lleva a los tribunales la reclamación por los daños ocasionados a sus refinerías por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. La petrolera que lidera Josu Jon Imaz denuncia a las distribuidoras eléctricas que suministran energía a sus instalaciones, Iberdrola, Endesa, Naturgy, y a Red Eléctrica como responsable solidaria.

La petrolera española presentó en octubre una demanda por cada uno de los complejos industriales contra las distribuidoras correspondientes, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes de la energética a ECONOMÍA DIGITAL.

La petrolera ha presentado demandas por alrededor de 120 millones de euros contra los tres grandes grupos energéticos, a las que atribuye responsabilidad por las interrupciones del suministro que afectaron a varias de sus instalaciones industriales.

De este modo, las acciones judiciales van contra Naturgy, que suministra electricidad a la refinería de A Coruña, Iberdrola, que provee a las de Bilbao y Cartagena, y Endesa, que hace lo propio con las instalaciones de Repsol en Tarragona y Puertollano.

La compañía también ha incluido en sus acciones judiciales a Redeia, matriz de Red Eléctrica, aunque en este caso le reclama una responsabilidad solidaria.

La inclusión de Red Eléctrica amplía el alcance de la disputa al operador del sistema eléctrico, encargado de garantizar el equilibrio entre generación y demanda y la seguridad del suministro en el conjunto del sistema.

De esta manera, la petrolera evita que la discusión sobre qué empresa tuvo mayor responsabilidad en el apagón condicione inicialmente su posibilidad de obtener una indemnización. Será el juez quien determine si existe responsabilidad, cómo se distribuye y qué cantidad debe asumir cada compañía.

Repsol acude a los tribunales tras intentar acuerdos extrajudiciales

La ofensiva judicial llega después de varios meses de actuaciones extrajudiciales necesarias antes de llegar a los tribunales. Repsol había enviado burofaxes a las compañías eléctricas para dejar constancia de sus reclamaciones e interrumpir los plazos de prescripción, mientras preparaba la estrategia legal con el despacho Osborne Clarke, el bufete de cabecera de Grifols.

Repsol también intentó alcanzar un acuerdo con las compañías mediante los mecanismos alternativos de resolución de controversias (MASC), cuyo uso constituye un requisito de procedibilidad en buena parte de los procedimientos civiles desde la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y la compañía decidió continuar por la vía judicial. La presentación de las demandas en octubre supone, por tanto, el paso de una reclamación inicialmente extrajudicial a un litigio en el que serán los tribunales los que tengan que determinar las responsabilidades y cuantificar, en su caso, las indemnizaciones.

La petrolera había cifrado inicialmente en unos 175 millones de euros el impacto económico del apagón, aunque posteriormente rebajó la cuantía de la reclamación hasta aproximadamente 120-125 millones.

Un litigio al margen de los expedientes de la CNMC

El litigio añade presión sobre las compañías eléctricas en un momento en el que todavía se dirimen las responsabilidades por el apagón del 28 de abril.

La CNMC ha investigado el comportamiento de los distintos agentes del sistema y ha puesto el foco en cuestiones como la programación, la operación y la estabilidad de la red.

Además, el regulador abrió decenas de expedientes sancionadores relacionados con el apagón, de los cuáles sólo son muy graves dos: uno abierto a Red Eléctrica por su presunta mala operación y programación del sistema y otro a Iberdrola por la reducción de producción sin autorización y el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad.

Sin embargo, la reclamación de Repsol constituye un procedimiento civil independiente. Serán los tribunales los que deban determinar si existió responsabilidad de las compañías demandadas, cuál fue su contribución al incidente y si existe una relación causal entre su actuación y los daños económicos reclamados por la petrolera.

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