El ICF gana un 25% menos e insiste en convertirse en el banco público catalán
La entidad pública sigue estudiando la respuesta negativa del Banco de España a su solicitud para recibir la ficha bancaria
Venessa Servera, CEO del Institut Català de Finances (ICF)
El Institut Català de Finances (ICF) ganó un 24,8% menos en 2022 en comparación con 2021, cuando registró beneficios anormalmente altos tras cambiar de régimen fiscal. La entidad financiera pública anotó un beneficio de 27,4 millones de euros, en el año en que el Banco de España rechazó su solicitud para recibir la ficha bancaria, un proyecto que insiste en conseguir.
Según ha presentado este jueves su nueva consejera delegada, Vanessa Servera, las ganancias bajaron respecto al ejercicio anterior, cuando superaron los 36 millones de euros, dado que pasaron a guiarse por el régimen de las entidades de crédito, que permite deducir fiscalmente algunas provisiones. De hecho, el beneficio de 2022 también es mucho más elevado que el de 2020, cuando ganó 5 millones de euros y aún se seguían el régimen general.
Además, el margen bruto de la compañía dependiente del departamento de Economía creció en un 18% hasta los 66 millones de euros, gracias tanto a la aportación de los dividendos recibidos de sus inversiones en capital de riesgo, como a la evolución positiva del Euríbor. El ICF, el equivalente al ICO en Cataluña, se endeuda tanto a tipos fijo como variable para financiar los préstamos que hace a las empresas, a las que traslada la subida del Euríbor en el caso de los variables.
Servera ha detallado que la entidad cerró 2022 con 2.394 millones de euros de financiación a más de 4.500 empresas. Los activos alcanzaron los 2.598 millones, con 948 millones de fondos propios y 1.479 de deuda. La morosidad se redujo en siete décimas, hasta el 7,5%, mientras que la compañía incrementó la cobertura hasta los 139% frente al 114% de 2022
Más provisiones
La primera ejecutiva de la entidad pública ha asegurado que el aumento de la cobertura no se debe a la evolución de las empresas catalanas, que están cerrando de 2022 con cifra positivas; sino a las recomendaciones de los reguladores como el Banco de España. En este sentido, las provisiones crecieron hasta los 19 millones de euros, 5 millones más que en el año anterior.
Hace un año, el Banco de España desestimó la petición del ICF de contar con licencia bancaria para operar en el mercado minorista por motivos técnicos y por la falta de un informe favorable de la Comisión Europea sobre las ayudas de Estado. Preguntada por la prensa, Servera ha asegurado que «no renuncian» a la ficha porque sigue siendo «estratégico para el ICF». Ahora mismo, continúan analizando el escrito de la entidad estatal para ver «cuáles son los siguientes pasos a seguir», aunque no tienen «un calendario» concreto.
Sobre su actividad habitual, el grupo suma un volumen total de 663,2 millones de euros en préstamos y avales, reestructuraciones de crédito e inversiones en capital de riesgo. La directiva asegura que se trata de una vuelta a la normalidad, tras un 2020 y un 2021 con ejercicios muy por encima de lo habitual por el impacto de la pandemia en las compañías catalanas. De hecho, el año pasado anotaron unas 600 operaciones, 82 menos que antes de la pandemia, mientras que solo en 2020 superaron las 1.800.
Vuelta a la normalidad
La mayoría de la cifra proviene de los créditos de nueva actividad, que alcanzan los 478,7 millones de euros, repartidas en 470 empresas, frente a los 535,1 millones prestados a 1.213 en 2021. Un 93% de las empresas y el 83% del importe se concedió a emprendedores y pymes, que configuran gran parte del tejido empresarial catalán. Aunque la distribución sectorial es bastante variada, el 16% de los créditos se concedieron a la industria agroalimentaria y un 15% más a la manufacturera.
Servera no ha querido entrar en detalle, ya que no pueden dar información sobre sus clientes, pero ha confirmado que, entre estas cifras se encuentran tanto los avales concedidos al D-Hub para acceder a las ayudas del Perte VEC, así como préstamos directos para financiar la reindustrialización de la fábrica de Nissan en la Zona Franca. Sobre el riesgo de la operación, la CEO ha asegurado que en el proyecto también participan entidades privadas y que la operación se enmarca en su «línea de banca pública de promoción» empresarial, que colabora en un proyecto vinculado a la movilidad sostenible.
Por otro lado, unos 116,7 millones de euros corresponden a créditos de reestructuración, para empresas con las que trabajan habitualmente con el fin de garantizar su continuidad. El ICF asegura que la visión de las empresas es de incertidumbre, pero con la vuelta a la normalidad no se esperan demasiadas reestructuraciones para este 2023. Por último, la financiera invirtió unos 68 millones de euros, de los cuales un 77% se realizaron a través de gestores externos y el 23% restante representan sus inversiones directas, con una fuerte apuesta por la innovación y la tecnología.
