Hacienda castiga a los preferentistas

Sorpresas que llegan con la campaña de la renta. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha denunciado este martes que la Agencia Tributaria acaba de dar un «nuevo jarro de agua fría» a los preferentistas, como si no tuvieran ya bastante.

Los afectados por la venta de preferentes tienen que declarar la indemnización recibida por daños y perjuicios en sede judicial como ganancia patrimonial en la declaración de la renta, con lo que irá a la base imponible general del IRPF, según ha denunciado Gestha en un comunicado.

Según los técnicos de Hacienda, el nuevo criterio de Hacienda «va más allá», pues muchas de las sentencias establecen que los gastos de defensa jurídica de los preferentistas deben ser asumidos por las entidades financieras que comercializaron dichos productos, algo que, según Gestha, la Agencia Tributaria también considera ganancia patrimonial que debe integrarse en la renta general.

Hasta los gastos de abogado   

Además, los técnicos afirman que la Agencia Tributaria impide que puedan deducirse los gastos de abogado y procurador asumidos durante el proceso judicial con el «débil argumento» de que son gastos debidos al consumo, obviando que las costas tiene un carácter resarcitorio o indemnizatorio de los gastos objetivamente necesarios o útiles para la defensa de su derecho ante los tribunales.   

«Esta última vuelta de tuerca de la Agencia Tributaria no solo implica que estos contribuyentes no pueden deducirse los gastos en los que incurrieron para defender sus derechos en los tribunales, sino que además considera el importe total de las costas como un ingreso más por el que deben tributar», denuncian los técnicos de Hacienda.   

Teniendo en cuenta que los tribunales dan la razón a nueve de cada diez preferentistas que demandan a los bancos por la comercialización de estos productos, según los datos de 2014 del Observatorio de Jurisprudencia de Productos Financieros Complejos, esta resolución de la Agencia Tributaria supone, según Gestha, «un auténtico varapalo para la mayoría de los 300.000 afectados por las preferentes que estimó el Gobierno».