El Estado contra sí mismo

De los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial dos de ellos están indisolublemente unidos dado que para que se constituya el ejecutivo es preciso el apoyo del legislativo. Durante décadas el ejecutivo se ha ido imponiendo al legislativo hasta que este ha sido una mera correa de transmisión. En definitiva, en la Carrera de San Jerónimo actúan casi siempre, excepto cuando el Casero de turno se equivoca al darle al botón, al dictado de Moncloa.

Solo si se tiene claro lo anterior se comprende como ha podido suceder lo de la Ley del “sí es sí” que ha pasado simple y llanamente porque en el Congreso nadie se ha leído la Ley. Una vez Yolanda Díaz, Irene Montero y Pedro Sánchez llegan a un acuerdo con ERC y Bildu el mismo se evacua a los grupos parlamentarios del Franktenstein y estos ponen en marcha una maquinaria de aprobación de leyes o validación de decretos de forma absolutamente acrítica.

Legislatura tras legislatura, el diputado, como ha denunciado en más de una ocasión Cayetana Alvarez de Toledo, tiene menos capacidad de incidir, opinar, enmendar o proponer. Cualquier opinión propia es vista como una forma de disidencia mal vista por el aparato del partido y casi siempre acabará con un manotazo que dejará al diputado inquieto o interesado en exceso en un tema fuera de la futura lista.

«Desde el Gobierno, cuando afirman que los jueces son machistas, también olvidan que a día de hoy el 54,8% de los jueces son mujeres»

La rebaja de penas derivada de la ley del si es si lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial, la abogacía del Estado e incluso Carmen Calvo, pero ¿Quién va a alzar la voz ante el sanedrín del ejecutivo? Nadie. Y cuando tanto Moncloa como el Congreso hacen el ridículo, siempre queda el recurso de endosarle el mochuelo al tercer poder: el judicial.

El gobierno actual de PSOE, Podemos y Comunes con ERC y Bildu con ministerios sin cartera, lleva casi cinco años denigrando y desprestigiando la judicatura española a la que acusan, todo a la vez, de franquista, conservadora, insensible y machista. Un juez que en 1975 hubiera ganado su plaza con 30 años, lo cual es mucho decir, hoy estaría jubilado dado que tendría 77. Desde el Gobierno, cuando afirman que los jueces son machistas, también olvidan que a día de hoy el 54,8% de los jueces son mujeres.

Desde Moncloa y el Ministerio de Montero equiparán juez, conservador y machista todo en una sola cosa y a continuación aplican la misma lógica de la ley del sí es sí a la reforma de la sedición o la malversación. El problema de España, según el gobierno de España, es el Estado, o sea, los jueces.

«Abre la puerta a cuestionar el actual sistema en su conjunto»

Jamás hasta ahora había habido una campaña más persistente y continuada, dirigida desde el corazón del Estado contra sí mismo. Desprestigiar a base de mentiras al poder judicial y a la justicia en general conduce a España al populismo extremo, a la inseguridad jurídica y la asoma a ser un Estado fallido, dado que es desde el propio poder desde donde se llama a la desobediencia de los tribunales.

La campaña del Estado contra el Estado tendrá como consecuencia mucho más que la perdida del prestigio de las instituciones, abre la puerta a cuestionar el actual sistema en su conjunto ¿Si el sistema es inútil y corrupto, por qué no reformarlo? Si al ataque constante a la judicatura se suma el que se hace a la Monarquía, también desde el ejecutivo y el legislativo, se puede llegar a la conclusión de que precisamente eso es lo que se busca: cargarse el sistema. Lo asombroso e irresponsable es que, tal como sucedió en Cataluña en 2017, la voladura del andamiaje del Estado se hace desde el corazón del poder.

Solo el amor narcisista que Sánchez siente por sí mismo y la posición que ocupa nos separa de un cambio de régimen parecido al que experimentó Francia al pasar de la IV a la V República o al de Italia en tiempo de Mani Pulite.