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España volverá a las urnas el 29 de noviembre después de una legislatura marcada por una mayoría parlamentaria frágil, la ausencia de nuevos presupuestos y una negociación casi permanente entre fuerzas con proyectos políticos muy distintos.
La convocatoria resuelve una incógnita —cuándo terminaría la legislatura—, pero abre otra más profunda: qué es exactamente lo que se ha agotado.
Esa pregunta recorre el nuevo episodio de La Plaza, en el que Juan García, editor de Economía Digital, conversa con Ismael García Villarejo sobre los límites de la mayoría que sostuvo al Gobierno, la resistencia de la economía española, la reconfiguración del espacio de la derecha y las reformas que seguirán pendientes después de las elecciones.
La discusión parte de la política, pero termina llegando a productividad, salarios, vivienda, inmigración, infraestructuras y educación.
Mayoría aritmética
Para Juan García, la legislatura deja ante todo una distinción: no es lo mismo reunir los votos necesarios para una investidura que disponer de una mayoría capaz de sostener un programa de gobierno.
El Ejecutivo pudo articular apoyos entre PSOE, Sumar y distintas fuerzas nacionalistas e independentistas. Esa suma permitió la investidura y sacar adelante determinadas iniciativas, pero obligó a reconstruir los apoyos prácticamente votación a votación.
García define esa estructura como una «mayoría aritmética», frente a lo que considera una verdadera mayoría de gobierno: fuerzas distintas, pero con un programa común suficiente para sostener una acción política durante la legislatura.
Su prueba principal son los presupuestos.
El Gobierno ha llegado al final de la legislatura sin sacar adelante unas nuevas cuentas y ha tenido dificultades para aprobar algunas de sus iniciativas más relevantes. Para García, eso demuestra los límites de una mayoría capaz de investir a un presidente, pero no necesariamente de proporcionar estabilidad durante cuatro años.
La cuestión, a partir de ahora, es si las elecciones modifican esa estructura o simplemente producen una combinación diferente de fuerzas obligadas a negociar de nuevo.
El modelo Sánchez
La conversación lleva inmediatamente a Pedro Sánchez.
Durante años, el presidente del Gobierno ha demostrado que una posición parlamentaria inicialmente desfavorable no impedía construir las alianzas necesarias para gobernar. La capacidad de negociación ha sido una de las características centrales de su trayectoria en la Moncloa.
El final de la legislatura permite preguntarse si ese modelo ha alcanzado también su límite.
García sostiene que la dificultad no estaba únicamente en el número de diputados, sino en la distancia política entre las fuerzas que componían la mayoría. El resultado fue una legislatura en la que cada iniciativa relevante exigía una negociación específica.
Esa lectura lleva la conversación fuera de la simple aritmética electoral.
Una democracia parlamentaria no necesita necesariamente mayorías absolutas. Pero sí necesita mecanismos capaces de transformar la fragmentación en decisiones estables.
El 29 de noviembre dirá cuántos diputados obtiene cada partido. La cuestión posterior será si esa nueva distribución produce una mayoría con capacidad de gobernar.
La economía aguanta
La debilidad parlamentaria convive, sin embargo, con una realidad menos intuitiva.
La economía española no se ha hundido durante estos años.
El PIB ha crecido, se ha creado empleo y varios de los grandes indicadores macroeconómicos han mostrado una evolución positiva. Esa resistencia introduce una de las principales contradicciones del episodio: hasta qué punto la inestabilidad política tiene necesariamente que trasladarse a la economía.
García rechaza una lectura basada en una sola cifra.
Del mismo modo que una empresa puede aumentar sus ventas mientras deteriora su rentabilidad, sostiene que el comportamiento del PIB debe contrastarse con otras variables: PIB por habitante, productividad, desigualdad, paro juvenil, salarios o acceso a la vivienda.
La discusión no consiste, por tanto, en decidir si la economía ha crecido o no. Ha crecido.
La pregunta es qué tipo de crecimiento se ha producido y qué problemas estructurales permanecen debajo de las grandes cifras.
Reformas aplazadas
Ese razonamiento conduce a uno de los ejes económicos de la conversación.
España lleva años identificando prácticamente los mismos problemas: baja productividad, salarios reducidos frente a otras economías europeas, peso elevado de actividades de menor valor añadido y dificultades para transformar el modelo productivo.
Durante el episodio aparece una pregunta sencilla: ¿cuánto tiempo puede aguantar una economía sin realizar reformas profundas?
García relaciona directamente productividad y salarios.
Su argumento es que elevar los salarios de forma sostenible requiere empresas capaces de producir bienes y servicios de mayor valor. Las mejoras regulatorias o las subidas del salario mínimo pueden modificar el reparto inmediato de la renta, pero no sustituyen el aumento de la productividad.
La conversación conecta así dos debates que suelen aparecer separados.
España no tiene únicamente un problema de salarios. Tiene también un problema sobre el valor que produce cada hora trabajada y sobre la capacidad de sus empresas para competir en actividades más sofisticadas.
Vivienda y trenes
La vivienda ofrece un ejemplo especialmente visible de esa conexión entre problemas aparentemente separados.
El precio de una casa depende de la oferta disponible, la financiación, el suelo o la regulación. Pero también depende de algo mucho más sencillo: hasta dónde puede vivir una persona respecto del lugar en el que trabaja.
García introduce durante la conversación el funcionamiento de Cercanías y de las redes metropolitanas.
Si desplazarse 40 o 50 kilómetros supone trayectos largos e imprevisibles, la población tenderá a concentrar su demanda cerca de los grandes centros de empleo. Mejorar el transporte amplía, de hecho, el territorio residencial viable.
Una política de vivienda puede ser también una política ferroviaria.
El razonamiento permite observar nuevamente el problema como un sistema: construir casas sin transporte suficiente no resuelve necesariamente el acceso; mejorar la movilidad puede aumentar la oferta efectiva sin levantar una vivienda en el centro de la ciudad.
PP y Vox
La campaña electoral añade otra cuestión: qué está ocurriendo dentro del espacio político situado a la derecha del PSOE.
La conversación no se centra tanto en quién puede ganar las elecciones como en la relación entre PP y Vox.
García considera que el crecimiento de fuerzas situadas a la derecha de los partidos conservadores tradicionales no constituye un fenómeno exclusivamente español. Lo relaciona con movimientos similares registrados durante los últimos años en diferentes países europeos.
Eso obliga al PP a responder dos preguntas distintas.
Una es cómo ampliar su propio espacio electoral. La otra, qué relación mantener con un Vox de mayor peso parlamentario si los resultados obligan a ambos partidos a entenderse.
La aritmética importa, pero también cambia el equilibrio interno de cada bloque.
La inmigración
Ese desplazamiento político choca además con una necesidad económica.
España necesita trabajadores para sostener el crecimiento de determinados sectores y compensar parcialmente el envejecimiento de la población. Al mismo tiempo, la inmigración se ha convertido en uno de los asuntos más disputados del debate político europeo.
García plantea la necesidad de combinar ambos elementos.
La llegada de población aumenta la fuerza laboral y la demanda, pero también exige vivienda, colegios, sanidad, transportes y otros servicios públicos. Para él, la política migratoria debe coordinar esa necesidad económica con la capacidad de absorción de los servicios públicos y, sobre todo, integrarse dentro de una estrategia europea.
La contradicción vuelve a ser la misma que aparece en otros momentos del episodio: una decisión aislada puede producir consecuencias en muchas otras partes del sistema.
Más población implica más trabajadores y más actividad, pero también más demanda residencial y mayor presión sobre determinadas infraestructuras.
Pactos de Estado
El episodio termina mirando más allá del 29 de noviembre.
García evita anticipar qué combinación parlamentaria saldrá de las elecciones, pero sí identifica una condición para considerar que España entra en una etapa diferente: recuperar alguna capacidad de acuerdo sobre problemas cuyo horizonte supera una legislatura.
Educación, infraestructuras, productividad, política exterior o inmigración aparecen en esa lista.
Son políticas cuyos resultados necesitan años y que difícilmente pueden reconstruirse desde cero cada vez que cambia el Gobierno.
La tesis final no exige que los grandes partidos renuncien a sus diferencias. Consiste en distinguir entre aquellas materias que forman parte de la competición política y aquellas otras en las que la continuidad puede ser necesaria para obtener resultados.
Educación y salarios
La educación concentra buena parte de ese problema.
España forma trabajadores que, en muchos casos, terminan desempeñando empleos por debajo de su cualificación. La consecuencia no es únicamente personal. La sobrecualificación desperdicia inversión educativa, limita los salarios y puede empujar a trabajadores jóvenes con formación elevada a buscar oportunidades fuera del país.
La conversación cierra así el círculo abierto con la productividad.
Un país no aumenta sus salarios únicamente decretando que sean más altos. Necesita empresas que produzcan más valor, trabajadores preparados para hacerlo y un mercado capaz de utilizar esa formación.
Por eso el último argumento del episodio puede resumirse en una frase:
El fracaso escolar de hoy es el fracaso salarial de mañana.
Las elecciones decidirán quién ocupa el Congreso después del 29 de noviembre.
La pregunta que deja La Plaza es más difícil: si cambiarán también las condiciones que han hecho tan complicado gobernar, reformar y mantener políticas de largo plazo durante los últimos años.
Escucha o ve el episodio completo de La Plaza, un pódcast original de Economía Digital, en tu app favorita.
