Giro progresista en el tribunal que juzgará el «procés»
El pacto de PP y PSOE para renovar el CGPJ desencadena un efecto dominó que modifica el sesgo ideológico del tribunal que juzgará a los independentistas
El Tribunal Supremo (TS) no logra despegarse de la polémica. Estuvo en el ojo del huracán durante dos semanas a cuenta de sus bandazos con quién debía pagar el impuesto de las hipotecas y ahora lo vuelve a estar, pero en este caso no por su culpa.
PP y PSOE acordaron este lunes la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, para situar al conservador Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ y del TS en sustitución de Carlos Lesmes, cuyo mandato expira en breve.
El acuerdo de PP y PSOE se alcanzó sin cumplir con los preceptos que marca la ley del poder judicial, que explicita con toda claridad que el presidente debe ser escogido por los 20 vocales del CGPJ.
Las protestas judiciales
Pero PP y PSOE no se tomaron la molestia de anunciar los 20 vocales antes de difundir el nombre de Marchena. Las asociaciones de jueces —todas, no sólo las de un determinado bando ideológico— salieron de inmediato a censurar el cambalache.
«¿Qué independencia puede existir en el CGPJ si antes de que los vocales sean elegidos ya se sabe que están condicionados en su primera decisión (votar a su presidente)?», se preguntó el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, en declaraciones a Efe.
Las protestas se produjeron desde el resto de organizaciones judiciales, es decir, desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente. «En nada contribuye a mejorar la imagen de la justicia», coincidieron.
11 progresistas vs 9 conservadores
Pero las protestas no servirán para cambiar nada porque todo está cerrado. El nuevo CGPJ pasa a tener mayoría progresista porque, pese a la presidencia del conservador Marchena, 11 de los 20 vocales lo serán a propuesta de PSOE y Podemos, mientras que los otros 9 lo serán a propuesta del PP.
Alguno de los nombres no puede pasar inadvertido. El juez progresista que condenó al PP por Gürtel, el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada será uno de los vocales de la nueva mayoría progresista del órgano de gobierno de los jueces.
El tribunal del 1-O
La otra consecuencia del pacto de PP y PSOE es que Marchena se despide de la presidencia de la Sala de lo Penal, que es la que debe juzgar a Oriol Junqueras y a los otros 17 dirigentes encausados por el «procés» a principios del año que viene.
El lugar de Marchena lo ocupará Andrés Martínez Arrieta al ser el magistrado que más años lleva ejerciendo en la Sala de lo Penal. Martínez Arrieta pertenece a la moderada asociación judicial Francisco de Vitoria y, previsiblemente, también se le atribuirá la ponencia de la sentencia contra los líderes independentistas.
El movimiento de fichas obliga a designar a un nuevo miembro en la Sala de lo Penal para acompañar a los otros seis magistrados —Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo— y se da por seguro que será la progresista Susana Polo. Esto decanta la Sala a las posiciones de Polo. Es la paradójica consecuencia de que el PP haya pactado con el PSOE colocar a Marchena al frente del TS y del CGPJ.
