Mónica Puente (Naturgy): “La tecnología se ha convertido en una palanca clave en la lucha contra el fraude eléctrico”

La responsable de UFD, distribuidora eléctrica de Naturgy en España, advierte de los problemas de seguridad y coste vinculados a esta práctica y propone sumar esfuerzos para combatirlo: “La lucha contra el fraude requiere tecnología, inversión, actuación sobre el terreno y conciencia social”. Naturgy realizó más de 46.000 actuaciones contra el fraude eléctrico en 2025.

¿Por qué el fraude eléctrico se ha convertido en una preocupación relevante para el sistema y para la ciudadanía?

El fraude eléctrico se produce cuando la energía consumida no queda correctamente registrada en los equipos de medida y, por tanto, no puede facturarse de forma adecuada. Puede deberse a manipulaciones del contador, a conexiones alteradas para que la energía no sea medida o a enganches directos a la red sin contrato de acceso.

En España, el sector estima que hay más de 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculadas a actividades ilícitas. El fraude está vinculado en numerosas ocasiones a mafias que utilizan las casas okupadas para realizar plantaciones indoor de marihuana, como lugar de refugio y para esconder los botines de sus hechos delictivos, “granjas” de criptomonedas…

En los últimos años este fenómeno ha crecido de forma significativa y hoy representa un reto operativo para las redes, un riesgo para la seguridad de las personas y un coste económico que termina repercutiendo en el conjunto de los consumidores. Por eso, desde UFD, la distribuidora de electricidad de Naturgy, mantenemos una estrategia activa para detectar estas situaciones, corregirlas y prevenir los riesgos asociados.

¿Qué impacto tiene este tipo de prácticas para los consumidores y para la seguridad de las instalaciones?

El impacto es doble. En el plano económico, la energía defraudada genera un coste que asume el sistema eléctrico y, en última instancia, el conjunto de usuarios conectados legalmente a la red. El coste anual estimado se sitúa en torno a los 2.000 millones de euros.

Además, las conexiones ilegales y las manipulaciones de contadores pueden provocar sobrecargas, incendios y accidentes, al carecer de las protecciones necesarias. No solo ponen en riesgo a quien realiza la manipulación, sino también a las personas que conviven en el entorno y a otros vecinos conectados a la misma red.

¿Qué está haciendo Naturgy para combatir el fraude y reducir sus consecuencias?

En UFD, la distribuidora de electricidad de Naturgy en España, operamos la red con criterios de eficiencia, seguridad y calidad de suministro. La normativa reconoce además el papel de las distribuidoras en la detección y comunicación de situaciones de fraude, así como la posibilidad de interrumpir el suministro cuando se identifican anomalías en instalaciones o equipos de medida.

En este contexto, la lucha contra el fraude es un objetivo claro para nuestra compañía y forma parte de nuestra actividad diaria. Cualquier conexión o manipulación no autorizada introduce un punto de vulnerabilidad en la red y puede afectar no solo al suministro donde se produce el fraude, sino también a la seguridad y continuidad del servicio en otros puntos próximos.

En 2025, desde UFD llevamos a cabo más de 46.800 actuaciones en nuestras zonas de distribución —Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León— y recuperamos más de 149GWh de energía consumida de forma fraudulenta, una cantidad equivalente al consumo anual de unas 46.500viviendas.

Estas actuaciones dieron lugar a 13.300 expedientes por fraude. Madrid concentró el mayor número de casos, con un total de 5.136 expedientes, seguida de (4.380), Galicia (3.532) y Castilla y León (247).

Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 144 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 4,4 GWh, un 19% más y equivalente a la demanda energética de cerca de 1.400 viviendas.

¿Cómo identifican las posibles conexiones fraudulentas antes de actuar sobre el terreno?

La detección combina análisis de datos, conocimiento de la red y trabajo de campo. En primer lugar, identificamos zonas con mayores pérdidas no técnicas para orientar los esfuerzos allí donde existe más probabilidad de encontrar irregularidades. Nuestro esquema de control de energía nos permite localizar bolsas de pérdidas y priorizar actuaciones.

En baja tensión, la telegestión facilita el análisis de pautas de consumo y la comparación con variables climatológicas, contractuales y de actividad económica. Esta información ayuda a seleccionar suministros con indicios de comportamiento anómalo y a enfocar mejor las inspecciones.

Por otro lado, disponemos de un protocolo para detectar los posibles consumos excesivos desde los centros de transformación, cuando no se corresponden con el número y tipo de suministros asociados a esas instalaciones.

De esta forma, se revisan telemáticamente las pérdidas de energía asociadas, tanto en volumen de energía como en horario. Con la información obtenida, cuando la compañía sospecha de un posible fraude que podría estar relacionado con un cultivo indoor de marihuana, lo pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que a partir de ese momento se hacen cargo de la investigación.

Además, en nuestra web ponemos a disposición de los consumidores un canal de denuncias anónimo ante cualquier sospecha de conexión ilegal a la red eléctrica o manipulación del contador.

¿Qué papel desempeñan la tecnología y la inversión en la red en esta lucha?

La tecnología es una palanca clave. Cada año destinamos inversiones a digitalización, telemedida, telegestión, telecontrol y sensorización de la red, además de reforzar ámbitos como la ciberseguridad y la gestión avanzada de activos. Todo ello permite operar la red con mayor información y anticipar posibles incidencias.

En materia de fraude, herramientas como la telegestión, el análisis de datos y la inteligencia artificial ayudan a detectar pautas de consumo que no encajan con el comportamiento esperado. Esto nos permite ser más precisos, concentrar recursos y actuar de forma más eficaz.

¿Hasta qué punto es importante la colaboración institucional y ciudadana?

Es esencial. La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con otros organismos permite planificar mejor las actuaciones, priorizar zonas con consumos intensivos en fraude y garantizar el acompañamiento adecuado a nuestras brigadas cuando intervienen en entornos complejos. Estas hacen un gran trabajo en el día a día y están expuestas frecuentemente a situaciones conflictivas en campo cuando acuden a detectar y corregir un fraude.

La ciudadanía también tiene un papel relevante. Las alertas y denuncias ayudan a aflorar situaciones que pueden pasar desapercibidas y permiten actuar antes de que el riesgo aumente. Además, es importante recordar que una instalación fraudulenta no es un problema individual: puede afectar a todo un edificio o a una zona próxima.

Por eso insistimos en la necesidad de sumar esfuerzos. La lucha contra el fraude requiere tecnología, inversión, actuación sobre el terreno y conciencia social. Solo desde esa combinación podremos reducir su impacto y proteger la seguridad de las personas y la calidad del suministro.