La CNMC ve riesgo de discriminación de Iberdrola y Endesa frente a competidores para conectar cargadores a la red
El regulador ve riesgo en que las distribuidoras puedan aprovecharse de su capacidad e información privilegiada sobre la red
Galán lleva en Iberdrola más de 24 años
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone el foco en Iberdrola y Endesa por su doble faceta como principales distribuidoras eléctricas y promotoras de puntos de recarga eléctricos. En su primer informe sobre la situación de la red de recarga para vehículos eléctricos en España, el regulador advierte del riesgo de que las grandes compañías discriminen a sus competidores y obstaculicen su acceso a la red.
El regulador advierte de que ambas compañías compiten al mismo tiempo como operadores de cargadores para vehículos eléctricos en un mercado donde sus propias filiales de red son las que deciden quién se conecta, en qué condiciones y a qué precio.
Las distribuidoras son las encargadas de llevar la luz que Red Eléctrica transporta hasta los hogares y empresas. Un negocio regulado y que se concentra en muy pocas empresas, donde Iberdrola y Endesa son los principales actores, a los que siguen otros como Naturgy y EDP.
Si bien Competencia no acredita discriminación consumada, sí identifica los motivos que podrían llevarla a producirse. «Las empresas distribuidoras de electricidad tienen incentivos para explotar su posición de monopolio en la gestión de las redes en mercados relacionados», señala el texto.
«Existen riesgos de que lleguen a aplicar condiciones discriminatorias en el acceso a las redes, ofreciendo peores condiciones u obstaculizando el acceso a sus competidores», apunta el organismo.
Competencia subraya además que la ventaja de los grupos integrados verticalmente, como Iberdrola y Endesa, no se limita a la capacidad de negar o demorar conexiones.
La saturación de las redes de Iberdrola y Endesa aumenta el riesgo
Las distribuidoras también acceden a información privilegiada sobre la red, como la capacidad disponible, las características de la demanda, o los perfiles de consumidores, que no están al alcance de sus competidores.
Esa asimetría informativa, advierte el regulador, «puede convertirse en una ventaja competitiva significativa» en un mercado donde la ubicación y la velocidad de conexión son determinantes para el éxito de un proyecto.
Además, el problema se agrava porque la red eléctrica está saturada, una problemática que ha acaparado el debate en los últimos meses por los problemas que se están dando en industria, vivienda o nuevos sectores pujantes como los centros de datos a la hora de poder conectar sus proyectos a la red.
Según datos de Aelec citados en el informe, el 83,4% de los nudos de la red de distribución se encontraban completamente colmatados en septiembre de 2025. Una cifra que ha ido en aumento en lo que va de 2026, con algunos territorios teniendo un 100% de su capacidad ocupada.
Cuando la capacidad es limitada y el acceso a esa capacidad representa una parte significativa del coste del proyecto —algo que ocurre precisamente en el caso de los cargadores rápidos y ultrarrápidos—, el riesgo de discriminación resulta «especialmente elevado», según reconoce la propia CNMC.
Una regulación que existe pero que falla en la práctica
El regulador asegura que la normativa vigente incluye obligaciones de separación funcional y jurídica entre la actividad de distribución —regulada— y la de recarga —liberalizada—, y que los procedimientos de acceso y conexión están regulados «para que se realicen de forma equitativa, transparente y no discriminatoria».
No obstante, reconoce que esas salvaguardas tienen «una efectividad limitada en la práctica» cuando se trata de proyectos de recarga por un motivo estructural.
Los conflictos de acceso y conexión se plantean solicitud a solicitud, de forma individual, mientras que los proyectos de instalación de cargadores son recurrentes y sistemáticos. Además, el coste de impugnar una resolución adversa puede superar con creces el beneficio económico de hacerlo para una instalación concreta.
Hay un factor adicional que el informe señala, que tiene que ver con que algunos operadores «pueden optar por no recurrir a los mecanismos de solución de diferencias por si esto de alguna manera podría hacer menos fluida su relación con los gestores de las redes con los que interactúan de manera repetida».
Es decir, los competidores de Iberdrola y Endesa en el mercado de la recarga dependen de las distribuidoras de esos mismos grupos para conectar sus cargadores. Denunciarlas ante la CNMC puede ser contraproducente si necesitas volver a pedir una conexión al mes siguiente.
Siete operadores controlan casi el 80% de toda la red
Más allá del posible conflicto de interés, el informe revela que el mercado de la recarga eléctrica en España presenta una concentración llamativa. De los 129 operadores de puntos de recarga (CPO) registrados, solo siete gestionan más de 1.000 puntos cada uno, y entre todos ellos concentran el 79,7% de toda la infraestructura.
La mediana de puntos por operador se sitúa en seis: más de la mitad del sector gestiona media docena de cargadores o menos.
Los siete grandes son, por orden de tamaño, Iberdrola Clientes (9.911 puntos de recarga en 2.476 localizaciones), Endesa X Way (6.188 puntos en 1.715 localizaciones), Repsol (4.895 puntos en 1.365 localizaciones), Wenea —filial de Moeve (antigua Cepsa)— (2.654 puntos en 586 localizaciones), Charging Together —la joint venture al 50% entre Iberdrola y BP— (1.180 puntos en 306 localizaciones), EDP Clientes (899 puntos en 326 localizaciones) y Tesla (1.016 puntos en 83 localizaciones).
Los dos primeros acumulan ellos solos casi la mitad de toda la potencia instalada en el país. Así, se puede ver como el dominio de Iberdrola es especialmente visible en su propio territorio.
El informe constata que el grupo acumula el 29,44% de la potencia de recarga instalada en las zonas donde opera i-DE, su filial distribuidora, una cuota «significativamente superior» a la que registra en el resto del territorio. La CNMC lo cita expresamente en la nota a pie de página donde alerta del riesgo de integración vertical.
Un cuarto de los cargadores instalados en España no funciona
Otro punto llamativo de lo analizado por Competencia es que, de los 69.412 puntos de recarga registrados en el IRVE —el registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica—, 16.340 se encontraban fuera de servicio en el momento del análisis, una proporción que ronda el 24%.
Una situación que «se ha mantenido relativamente estable desde mediados de 2023». El estudio revela además que casi uno de cada cuatro cargadores públicos lleva dos años averiado de forma crónica.
A todo ello se suma que la infraestructura existente está ampliamente infrautilizada, con las tasas de utilización de los puntos de recarga de acceso público «en su mayoría por debajo del 1%». Solo el 2,4% de los cargadores registra tasas superiores al 10%.
La CNMC pide más poder como en Reino Unido, Alemania e Italia
De todas las conclusiones que saca la CNMC, una de ellas es la petición al Gobierno para que considere dotarle de «una nueva herramienta de investigación de mercados» para poder actuar en sectores con problemas competitivos cuando las herramientas tradicionales de defensa de la competencia resulten insuficientes.
El instrumento en el que se fija la CNMC son las market investigations de la Competition and Markets Authority (CMA) británica, así como en los poderes similares que Alemania —que los amplió en marzo de 2026— e Italia han otorgado recientemente a sus autoridades de competencia.
El mecanismo permitiría al regulador, tras una investigación de entre 12 y 24 meses con garantías procedimentales, imponer remedios estructurales o conductuales vinculantes a los operadores, o formular recomendaciones a las administraciones públicas que estas estarían obligadas a justificar públicamente si decidieran no seguirlas.
