Óscar Gil Marín se suma a la batalla que Urbas libra contra el fondo Roundshield en el juzgado de Peinado
Óscar Gil Marín forma parte de la acusación presentada por el grupo Urbas contra el fondo Roundshield, admitida por el Juez Juan Carlos Peinado.
Óscar Gil Marín, el Juez Juan Carlos Peinado y Juan Antonio Acedo (presidente de Urbas).
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Óscar Gil Marín se suma a la batalla judicial que libra el grupo Urbas contra el fondo Roundshield en el Juzgado de Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez).
El empresario inmobiliario, hijo del expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, forma parte de la querella presentada por Urbas Grupo Financiero contra RS Lender IV Sarl (Roundshield), admitida a trámite a finales del pasado año.
En diciembre de 2025, el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, número 41, Juan Carlos Peinado, admitió querella presentada por Urbas contra el fondo Roundshield Partners, por presunto delito de estafa procesal.
La compañía presidida por Juan Antonio Acedo denunció que el fondo habría atribuido un valor de cero euros a determinados activos, apropiados en el marco de ejecución de una prenda sobre participaciones sociales. La querella recayó en el Juzgado de Juan Carlos Peinado.
Un mes después, a principios de enero de este año, Urbas fue declarada en concurso de acreedores, con un pasivo de 144 millones de euros.
En Auto firmado el pasado día 18 de junio, en el que el magistrado admitió ampliar la querella presentada, contra la consultora Abencys y dos de sus socios, figura como acusación, junto a Urbas, la sociedad Promotora Inmobiliaria La Mezquita, de Óscar Gil Marín.
El empresario madrileño, al frente del grupo Los Ángeles de San Rafael, mantiene aparentemente un desencuentro similar al de Urbas con el fondo Roundshield.
Roundshield ha presentado querella por prevaricación contra el Juez Juan Carlos Peinado
De acuerdo a las cuentas de 2024 de la inmobiliaria Asra Gestión Integral de Activos, de Óscar Gil Marín, dependiente a su vez de Promotora Inmobiliaria La Mezquita, y ambas englogabas en Grupo Los Ángeles de San Rafael, la empresa suscribió un contrato de cesión de crédito con otra participada a la que transmitió diversas sociedades un crédito por importe de 23 millones de euros.
El crédito, explica la empresa de Gil Marín en las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil, consultadas por este diario a través de Insight View, tiene su origen en la ejecución, el 12 de junio de 2024, de la prenda constituida a favor del fondo RS Lender IV S.à.r.l, derivada de un contrato de financiación suscrito en julio de 2020.
La empresa señala en sus cuentas que, de acuerdo con el principio de prudencia contable, «no ha reflejado contablemente la operación en el ejercicio actual, limitándose a su exposición informativa en la presente memoria».
Abencys, consultora que se ha hecho cargo de la gestión de las sociedades de Urbas ejecutadas por Roundshield, emitió el martes un comunicado señalando que considera que la querella ampliada contra el despacho «carece de fundamento jurídico y se enmarca en un contexto concursal complejo, con intereses procesales que deberán ser valorados en sede judicial».
También advirtió que desde que asumió su encargo de gestión de esas sociedades que pertenecieron a Urbas, en diciembre de 2024, los administradores y apoderados relacionados con la compañía presidida por Juan Antonio Acedo «han obviado su obligación de entregar la documentación e información de las sociedades actualmente gestionadas y asesoradas por Abencys, sin atender ninguno de los requerimientos efectuados a tal fin«.
Urbas, Peinado, Roundshield
La tensión en el conflicto entre Roundshield y Urbas se ha elevado las últimas semanas.
Como publicó el lunes en exclusiva este diario, el fondo ha presentado querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Juez Juan Carlos Peinado, por prevaricación.
Fiscalía tiene que elaborar ahora un informe sobre la idoneidad o no de su admisión a trámite; el informe de Fiscalía no es vinculante, pero será tenido en cuenta por los jueces a la hora de decidir si admiten a trámite la querella.
Con anterioridad, el Juez Andrés Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil número dos de Madrid, a cargo del concurso de acreedores de Urbas, advirtió al Juez Peinado que no se inmiscuyera en su procedimiento.
El magistrado Juan Carlos Peinado requierió el pasado mes de mayo, verbalmente, a la administración concursal designada por Sánchez Magro en Urbas, los despachos Auren y Kepler Karst, que cesaran los actos de administración sobre la compañía inmobiliaria y de construcción.
Ante ello, Sánchez Magro dictó un contundente Auto, a finales del mes pasado, en el que subrayaba que esa decisión de que la administración concursal cesara en sus funciones afectaba al proceso concursal.
Y añadió que podría plantear formalmente conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo si el Juez Peinado «no atendiera de inmediato al requerimiento efectuado a través de la presente resolución», como publicó este diario.
