Querella por prevaricación contra el Juez Peinado
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que pronunciarse sobre querella por prevaricación presentada contra el Juez Juan Carlos Peinado, por un fondo que pleitea contra el grupo Urbas
El Juez Juan Carlos Peinado, en un montaje realizado por ED a través de imágenes televisivas.
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El fondo Roundshield Partners ha presentado querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Juez Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez), por prevaricación.
La querella se enmarca en la batalla judicial que mantienen el fondo con sede en Luxemburgo y el grupo inmobiliario y de construcción Urbas, desde hace más de un año. De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, la querella se presentó hace un par de semanas, aproximadamente.
Fiscalía tiene ahora que elaborar un informe sobre la querella presentada contra Peinado, proponiendo o no su admisión a trámite.
El informe de Fiscalía no es vinculante, pero los jueces del Tribunal Superior de Justicia lo tendrán en cuenta a la hora de tomar una decisión, explican las fuentes consultadas.
La decisión del TSJ de admitir o no trámite la querella por prevaricación contra Peinado se tomará en pleno estallido del caso Begoña Gómez, después de que este sábado el magistrado comunicara Auto de apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno.
Urbas, presidida por Juan Carlos Acedo, fue declarada en concurso voluntario de acreedores el pasado mes de enero, por el Juzgado Mercantil número dos de Madrid, con un pasivo de 144 millones de euros.
Unas semanas antes, en diciembre de 2025, el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, número 41, Juan Carlos Peinado, admitió querella presentada por Urbas contra el fondo Roundshield Partners, por presunto delito de estafa procesal.
La compañía presidida por Juan Antonio Acedo denunció que el fondo habría atribuido un valor de cero euros a determinados activos, apropiados en el marco de ejecución de una prenda sobre participaciones sociales. La querella recayó en el Juzgado de Juan Carlos Peinado.
Urbas y Roundshield
La relación entre Urbas y el fondo Roundshield Partners se remonta a 2020. Entonces, la compañía con sede en Madrid acudió al agresivo fondo de inversión como último recurso para lograr financiación.
En ese año, el presidente de Urbas afrontaba petición de cárcel de Fiscalía contra él, siete años, por presuntos delitos cometidos en una ampliación de capital millonaria acometida en 2016. Por esa razón, la banca cerró el grifo de financiación a Urbas, y la compañía no tuvo más remedio que acudir a Roundshield.
El fondo aportó financiación a Urbas para crecer inorgánicamente. Con dicha financiación, la empresa dirigida por Acedo -quien este año ha resultado absuelto en la Audiencia Nacional por el caso de la ampliación de capital- fue adquiriendo una serie de empresas inmobiliarias y constructoras que se encontraban también en situación delicada, a cambio de la aportación como garantía prenda sobre las acciones de las sociedades del grupo.
Tras esas inversiones, en 2024, Urbas registró pérdidas de 137 millones de euros. La compañía trató de negociar con Roundshield Partners una ampliación de las fechas de vencimiento, pero el 18 de diciembre de 2024 el fondo ejecutó las garantías, ocasionando una pérdida de 98,6 millones.
Urbas y el fondo iniciaron una batalla judicial con demandas y querellas interpuestas en Juzgados españoles, británicos y de Luxemburgo, reclamándose uno a otro cerca de 200 millones de euros.
Peinado, caso Begoña Gómez
El pasado sábado fue comunicado Auto del juez Juan Carlos Peinado en el que acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.
El magistrado instructor atribuye a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
El juez ha enviado a juicio igualmente al empresario Juan Carlos Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien no le impone cautelares.
Como publicó este diario el mismo sábado, el grupo Santander, en cuyo consejo de administración se sienta Barrabés, mantiene su respaldo al empresario, a pesar de la apertura de juicio.
