Naturgy provisiona 271 millones por el recorte a los ‘beneficios caídos del cielo’ tras la guerra de Ucrania
La energética mantiene abierta la disputa con la CNMC por el cálculo del mecanismo del Gobierno para minorar sus ingresos extraordinarios
Archivo – (I-D) El secretario general de Naturgy, Manuel García Cobaleda, el CEO de Naturgy, Francisco Reynés, y el notario Fernando de la Cámara, durante la junta general de accionistas de Naturgy, a 2 de abril de 2024, en Madrid (España). Naturgy celebr
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Cinco años después de que el Gobierno aprobara el recorte de los denominados «beneficios caídos del cielo» de las energéticas, el conflicto regulatorio continúa abierto. Naturgy mantiene una provisión de 271 millones de euros por las discrepancias con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la aplicación de este mecanismo establecido por el Ejecutivo a raíz de que se dispararan los precios del gas tras la invasión de Rusia a Ucrania y las posteriores sanciones.
Se trata de una medida para minorar los ingresos extraordinarios de las tecnologías de generación inframarginales y no emisoras, que afectaba principalmente a las centrales hidráulicas y nucleares.
La energética reconoce que existen «diferencias de criterio» con el regulador sobre la aplicación de este mecanismo y advierte de que el importe en disputa podría alcanzar los 271 millones de euros, según la documentación del primer semestre del año que ha enviado al mercado.
La compañía que preside Francisco Reynés mantiene provisionada íntegramente esa cantidad, exactamente el mismo importe que ya figuraba al cierre de 2025.
Aunque no se trata de una sanción ni de una multa, el origen del conflicto reside en la interpretación de una de las medidas más controvertidas aprobadas durante la crisis energética.
El Real Decreto-ley 17/2021 instauró un mecanismo para reducir la retribución de las centrales eléctricas inframarginales al considerar que obtenían ingresos extraordinarios como consecuencia del encarecimiento del gas, pese a no utilizar este combustible para generar electricidad.
La norma, conocida popularmente como el recorte de los «beneficios caídos del cielo», pretendía retirar parte de esos ingresos extraordinarios generados por el funcionamiento del mercado mayorista. Sin embargo, su aplicación práctica ha dado lugar a una larga batalla administrativa y judicial entre las grandes eléctricas y el regulador.
La disputa de Naturgy con la CNMC por el cálculo del mecanismo
La discrepancia entre Naturgy y la CNMC no gira en torno a la existencia del mecanismo, sino sobre la forma de calcularlo. La legislación permitía que las compañías declararan como exenta determinada energía cubierta mediante contratos a plazo que cumplían los requisitos fijados por la normativa.
Posteriormente, la CNMC debía verificar que esos volúmenes y las liquidaciones practicadas se ajustaban a la ley, fase donde surgen las principales diferencias de interpretación.
El hecho de que la provisión permanezca inalterada respecto al cierre del ejercicio anterior refleja que el conflicto sigue sin resolverse y que la energética continúa considerando probable un eventual impacto económico de hasta 271 millones derivado del litigio.
El origen del problema también se encuentra en la propia evolución de la norma, ya que, desde su aprobación en septiembre de 2021, el mecanismo fue objeto de sucesivas modificaciones para adaptar su funcionamiento a la evolución de la crisis energética y del mercado eléctrico.
Esos cambios afectaron, entre otras cuestiones, a la energía susceptible de quedar exenta de la minoración y a los requisitos que debían cumplir determinados contratos de venta de electricidad.
La ausencia de criterios consolidados y las continuas modificaciones regulatorias acabaron generando interpretaciones diferentes entre las compañías productoras de electricidad y la CNMC sobre el importe definitivo que debía liquidarse.
Como consecuencia, el conflicto ha sobrevivido incluso después de desaparecer las circunstancias extraordinarias que motivaron la aprobación de la medida.
Endesa también mantiene abierto otro frente
Naturgy no ofrece más detalles sobre el estado procesal de la controversia, aunque sí mantiene intacta la estimación del riesgo económico asociado al conflicto, lo que evidencia que la compañía no considera cerrado el procedimiento.
No obstante, no es la única que sigue litigando por este conflicto. Endesa también confirma en sus propios documentos financieros que sus discrepancias con el regulador sobre este mecanismo llegan hasta la actualidad.
La eléctrica propiedad de la estatal italiana Enel recurrió las liquidaciones practicadas por el operador del sistema al considerar que algunas no se ajustaban a la normativa vigente.
En un primer procedimiento, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, la resolución inicial de la CNMC implicaba un pago de cinco millones de euros.
Sin embargo, tras una revisión solicitada por la compañía, el regulador corrigió parcialmente su cálculo y reconoció cuatro millones de euros a favor de Endesa, reduciendo el litigio a un millón de euros, actualmente recurrido ante la Audiencia Nacional.
Además, la compañía revela que la CNMC continúa revisando un segundo periodo, comprendido entre abril de 2022 y diciembre de 2023. Competencia abrió el trámite de audiencia en marzo de 2026 y Endesa ya ha presentado sus alegaciones.
La energética apunta que, «dada la complejidad de la norma, sus sucesivas y reiteradas modificaciones, la ausencia de antecedentes o criterios generales y públicos contrastados que permitan arrojar una mayor seguridad jurídica», resulta imposible anticipar cuál será el desenlace del procedimiento o el importe definitivo que pudiera derivarse de esa revisión.
Una incertidumbre que refleja hasta qué punto el mecanismo de los denominados «beneficios caídos del cielo» sigue generando consecuencias regulatorias y contables para las grandes eléctricas varios años después de su aprobación.
