La Sepi ‘olvida’ en sus informes financieros los procesos judiciales que afectan al grupo y sus ejecutivos
Sede de la SEPI, en Madrid. Europa Press
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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ha ‘olvidado’, en sus últimos informes financieros, publicados recientemente, referirse a los múltiples casos que afronta en los tribunales, así como la imputación de sus tres últimos presidentes.
La Memoria, tanto individual como consolidada, del ejercicio 2025 de la Sepi ha sido publicada recientemente por el Gobierno, a través del portal de Transparencia.
En los documentos, consultados por este diario, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, aunque se centra en el año 2025, recoge hechos acontecidos hasta mediados del pasado mes de junio.
Sin embargo, nada apunta sobre la entrada a su sede en Madrid de la Guardia Civil; ni una palabra acerca de las imputaciones del expresidente Vicente Fernández, el vicepresidente Bartolomé Lora y la presidenta Belén Gualda; ni un asterisco a pie de página si quiera para recordar que se investigan en juzgados algunos de los rescates aprobados por el Fasee.
Tampoco lo hace la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), encargado de auditar las cuentas de la Sepi, y que evita cualquier advertencia o párrafo de énfasis sobre los procesos judiciales en marcha que afectan a la entidad pública.
El informe de auditoría de la Sepi del ejercicio 2025 está firmado por la Directora de la Auditoría y por la Jefa de División de la Oficina Nacional de Auditoría, a 26 de junio de 2026.
Solo tres días después, el pasado 29 de junio, el Juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, dictó Providencia en la que acordaba citar como imputados a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y a otros directivos del organismo público, dada cuenta de informe de Fiscalía y «de conformidad a lo actuado en las presentes diligencias concluyéndose indicios de criminalidad«.
El magistrado investiga la influencia que pudo ejercer el grupo compuesto por la conocida como ‘fontanera del PSOE’, Leire Díez; el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández (también imputado); y el empresario Antxon Alonso, en la concesión de ayudas públicas a empresas (Tubos Reunidos, Forestalia, Mercasa, Enusa y Parque Empresarial Principado de Asturias).
Además de la presidenta de la Sepi, el Juez Pedraz también ha imputado a los que fueran directores de participadas del grupo público, Miguel Ángel Figueroa y Rosario Martínez Manzanedo, así como al responsable de hacer seguimiento al expediente del rescate de Tubos Reunidos, Julián Mateos.
Con anterioridad a la firma del informe de auditoría del ejercicio 2025 de la Sepi, el pasado 26 de junio, se habían producido varios hitos judiciales que cualquier gran compañía, como Indra, Telefónica, Redeia o Enagas -todas ellas controladas por el organismo público-, hubiera incluido en sus cuentas anuales.
A principios del pasado mes de junio el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid admitió a trámite querella presentada por el PP, también por Vox, contra el actual vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, por presunto delito de prevaricación en la concesión de la ayuda pública a Air Europa, 475 millones de euros.
También a principios de junio miembros de la UCO acudieron a la sede la Sepi en Madrid para requerir información, al mismo tiempo que registraban, durante más de diez horas, la sede de Tubos Reunidos en Bilbao (una de las empresas que se benefició de las ayudas del Fasee).
En diciembre de 2025 fue detenido el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández. En uno de los informes de la Guardia Civil sobre Tubos Reunidos, conocido este año, se expone como Fernández accedió a información confidencial sobre los rescates de la Sepi gracias a contactos que mantenía en el organismo.
El caso Zapatero, sobre la ayuda concedida por la Sepi a la aerolínea Plus Ultra, está siendo investigado por Fiscalía desde finales de 2024. El organismo dependiente de Hacienda no concede ni una línea a todos estos procesos en sus últimos informes.
