ACS, Sacyr y San José pujan por la cárcel de 300 millones del Chile de Kast, al estilo Bukele
ACS, Sacyr y San José miran al nuevo plan de concesiones del Chile de Kast, con el modelo Bukele de fondo
Montaje realizado por Economía Digital.
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Dragados, filial de ACS, Sacyr y Constructora San José figuran entre las compañías que participan en el proceso para hacerse con la concesión del nuevo establecimiento penitenciario de Calama, en Chile. El proyecto cuenta con un presupuesto de alrededor de 300 millones de euros, y contempla tanto la construcción del complejo como su posterior conservación y explotación durante un periodo máximo de 20 años.
El proyecto supone una de las nuevas oportunidades de infraestructura penitenciaria que Chile está poniendo en marcha mediante el modelo de concesión.
La documentación del proceso identifica a Constructora San José, Sacyr Concesiones y Dragados entre las empresas participantes. En el listado también aparecen compañías internacionales y operadores de servicios como China Road and Bridge Corporation, Newrest, Sodexo o Global Dominion, junto a distintas constructoras chilenas.
La futura cárcel estará ubicada sobre terrenos de propiedad fiscal en la Ruta B-195, conocida como Camino Tuina, en la intersección con la Ruta 23, en dirección a San Pedro de Atacama.
El emplazamiento se encuentra a unos 31 kilómetros de Calama, en la provincia de El Loa. La infraestructura nace con una capacidad estimada de 1.850 personas privadas de libertad, lo que da una idea de la dimensión del complejo.
El contrato incorpora la mantención y conservación del establecimiento, además de la prestación de los servicios penitenciarios, los servicios especiales obligatorios y aquellos servicios complementarios que puedan incorporarse durante la vida de la concesión.
El diseño contempla un complejo penitenciario con diferentes instalaciones especializadas. Entre ellas figura un Centro de Educación y Trabajo (CET) destinado a las personas privadas de libertad, módulos específicos para personas con capacidades diferentes y un centro de tratamiento de adicciones.
El proyecto también incorpora un punto de posada para helicópteros, dependencias administrativas de Gendarmería e infraestructura de apoyo para los servicios del recinto.
A ello se suma todo el dispositivo de seguridad necesario para el funcionamiento del establecimiento. Las bases contemplan controles de acceso, muros perimetrales, torres de vigilancia y sistemas de videovigilancia mediante CCTV, entre otros elementos.
El contrato contempla además pagos variables ligados a la operación. Entre ellos se encuentra una compensación vinculada a la sobrepoblación de personas privadas de libertad.
El concesionario también podrá obtener ingresos procedentes del economato y de los servicios complementarios que decida prestar, de acuerdo con las condiciones establecidas en la concesión.
La oferta económica se evaluará mediante una fórmula que combina el subsidio fijo a la construcción y el subsidio fijo a la operación.
La dimensión temporal del proyecto también es relevante. La documentación fija un plazo máximo de concesión de 20 años, contados desde la autorización de los pagos de subsidios.
El calendario sitúa en 2026 la publicación de la licitación y el proceso de recepción de ofertas, mientras que la adjudicación está prevista dentro del calendario del proceso. El inicio de las obras figura para 2029, con una puesta en servicio provisoria prevista para 2032. Una vez operativo, el contrato contempla hasta dos décadas de explotación.
ACS, Sacyr y San José, construir una cárcel ‘a lo Bukele’
La influencia de Nayib Bukele sobre el Gobierno de José Antonio Kast se ha dejado notar especialmente en materia de seguridad y política penitenciaria.
El presidente chileno ha mostrado públicamente su admiración por el modelo aplicado por el mandatario salvadoreño y ha defendido trasladar algunas de sus recetas a Chile, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y el endurecimiento de la respuesta frente a los delincuentes.
De hecho, Kast visitó El Salvador y conoció de primera mano el sistema penitenciario impulsado por Bukele, convertido en una de las principales señas de identidad de su política de seguridad.
La nueva cárcel de Calama se enmarca así en un contexto de fuerte apuesta del Ejecutivo chileno por ampliar y reforzar su infraestructura penitenciaria, aunque la documentación de la licitación no establece una relación directa entre el proyecto y el modelo salvadoreño.
Para las constructoras españolas, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa el atractivo del mercado chileno de concesiones. ACS, a través de Dragados, Sacyr y San José compiten en un proceso en el que el negocio potencial no termina con la entrega de la obra, sino que se extiende a la conservación y prestación de servicios durante años.
La licitación de Calama se encuadra así en un modelo en el que el Estado chileno recurre a la colaboración público-privada para desarrollar y posteriormente operar una infraestructura penitenciaria de nueva planta.
Con 1.850 plazas, un presupuesto oficial estimado de 300 millones y una concesión que puede alcanzar los 20 años, el proyecto se convierte en una nueva pieza relevante para las constructoras españolas que mantienen su apuesta por Chile.
