La productora del musical de Nacho Cano entra en liquidación y encara su cierre definitivo
El Tribunal Mercantil decreta la disolución de la sociedad y da paso a la liquidación de sus activos para pagar a los acreedores
Liquidación de la productora de Malinche. Economía Digital
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La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid ha ordenado la apertura de la fase de liquidación de Malinche The Musical Spain SL, la productora del musical de Nacho Cano. La resolución declara además disuelta la sociedad, lo que supone el cese de sus administradores.
Esta decisión se produce cinco meses después de que el mismo juzgado declarase el concurso de acreedores voluntario, una información que adelantó este periódico. Tanto la propia productora como la Administración Concursal, a cargo de Medley, han pedido que se abra la fase de liquidación, el proceso para cerrar la compañía y hacer frente a sus deudas.
El tribunal ha considerado que no importa quién pidió primero abrir la fase de liquidación, ya que ambas partes están de acuerdo en que debe iniciarse. Como la primera parte del concurso de acreedores, en la que se determina qué bienes y deudas tiene la empresa, todavía no ha terminado, el juzgado ha decidido que ambas fases se desarrollen al mismo tiempo hasta que finalicen.
Nacho Cano y David Hatchwell dejan sus cargos de gestión
Con la apertura de la fase de liquidación, Malinche The Musical Spain queda formalmente disuelta. Sus administradores, Nacho Cano, David Hatchwell y Pablo Alarcón Espinosa, dejan sus cargos de gestión. Sin embargo, seguirán representando a la empresa durante el proceso judicial y en los procedimientos relacionados con el concurso de acreedores.
David Hatchwell es el socio financiero y productor principal del musical de Nacho Cano.
El auto suspende las facultades de administración y disposición de la empresa sobre su patrimonio, que pasan a manos de la AC. También se declaran vencidos anticipadamente todos los créditos concursales que estuvieran aplazados.
El juzgado ha solicitado a la Administración Concursal un informe en el plazo de diez días sobre la liquidación de los bienes y derechos de la sociedad, paso previo a la venta de sus activos para hacer frente a las deudas pendientes con los acreedores. Cabe recurso de apelación en un plazo de veinte días desde su notificación.
El declive judicial de Malinche
La productora, impulsada por Nacho Cano, solicitó voluntariamente el concurso de acreedores en el mes de abril tras reconocer una situación de insolvencia al no disponer de fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones de pago inmediatas.
Malinche se estrenó en el año 2022 en IFEMA Madrid y, tras tres temporadas y miles de espectadores, la producción se despidió de Madrid en marzo de 2025, adelantando su cierre por los trabajos para construir el circuito de Fórmula 1.
Aunque el proyecto ha continuado su expansión con representaciones en México, la sociedad española que lo sustentaba nunca logró estabilizar sus cuentas. No presenta cuentas ante el Registro Mercantil desde 2021.
La empresa se creó en enero de 2020 con un capital inicial de 200.000 euros. Antes de comenzar su actividad, ya contaba con más de 4,5 millones de euros en activos, principalmente por el valor de su proyecto creativo, que estaba valorado en 1,36 millones, y por una liquidez de 1,1 millones.
Su patrimonio neto alcanzó los 3,2 millones de euros después de una ampliación de capital de 800.000 euros y de aportaciones de los socios por 1,5 millones. Entre sus accionistas están Nacho Cano, presidente y consejero delegado; el empresario David Hatchwell, vicepresidente; y el abogado Pablo Alarcón Espinosa, secretario del consejo.
Una larga lista de acreedores afectados
El concurso de acreedores ha afectado a un amplio grupo de empresas, proveedores y organismos públicos. Según el listado, adelantado por El Confidencial y contrastado por este digital, la compañía acumula una deuda de 6,2 millones de euros.
El principal acreedor financiero es Ferrado QT LLD, sociedad propiedad de Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex. La productora mantiene con esta compañía una deuda cercana a los 2 millones de euros. El segundo mayor acreedor es la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), a la que debe algo más de 1 millón de euros.
La lista de deudores incluye a las administraciones públicas, con deudas pendientes de 53.118 euros con la Agencia Tributaria y otros 238.068 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social.
También figuran algunos de los principales proveedores y patrocinadores de Malinche. Es el caso de Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia, que contaba incluso con una cervecería temática de unos 100 metros cuadrados dentro del recinto. La deuda con la compañía asciende a 305.585 euros.
También aparecen Fluge Audiovisuales, responsable de la sonorización y la iluminación, con 296.646 euros pendientes; Prosegur, encargada de la seguridad, con 222.586 euros; y Algeco, proveedor de estructuras modulares, con una deuda de 108.892 euros.
El listado incluye además a Llapan, sociedad vinculada al empresario peruano Carlos Añaños, a la que se adeudan 220.268 euros, y a Orion Southern Europe, firma de David Colomer, con una deuda de 315.000 euros.
El caso de los becarios y la ruptura con Renfe
El proyecto estuvo marcado por la polémica derivada por la detención de Nacho Cano, acusado de contratar de forma irregular a jóvenes mexicanos como becarios. La causa fue archivada provisionalmente en abril de 2025 por la Audiencia Provincial de Madrid al no hallarse indicios de delito contra los trabajadores extranjeros.
Tras cerrarse el caso, el exmiembro de Mecano presentó una querella contra la magistrada del caso. También fue archivada, esta vez por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Patrocinadores como Estrella Galicia, Aeroméxico o Netflix mantuvieron su respaldo al musical incluso durante la polémica. No obstante, Renfe rompió el acuerdo de patrocinio en julio de 2024 citando motivos reputacionales.
La productora consideró esta ruptura unilateral e injustificada, y la llevó a los tribunales mediante una demanda ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, alegando que la decisión de la compañía ferroviaria pública estuvo motivada por razones políticas.
