El mecanismo antiapagón de Red Eléctrica le cuesta 120 millones a las renovables
Desde que el operador del sistema eléctrico da más peso al gas natural en el mix, la energía eólica y solar se han visto perjudicadas económicamente
La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor. Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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Las renovables han trasladado una reclamación al Ministerio para la Transición Ecológica de 120 millones de euros por las pérdidas que les ha ocasionado la operación reforzada de Red Eléctrica. Desde que el operador del sistema eléctrico opera con este refuerzo a raíz del apagón, dando más peso al gas natural en el mix, la energía eólica y solar se han visto perjudicadas económicamente.
El cero eléctrico que dejó a la península ibérica sin luz el 28 de abril de 2025 derivó en un modo de operar el sistema por parte de la compañía que preside Beatriz Corredor más robusto y dotado de mayor estabilidad, pero que ha ido incrementando la factura desde entonces.
Desde Unef, la patronal fotovoltaica, indican esta medida excepcional que incrementa el coste de las restricciones técnicas que aplica Red Eléctrica está siendo uno de los obstáculos para el sector y consideran que este frente abierto debe compensarse.
Con la entrada de más ciclos combinados de gas en el sistema, no sólo aumentan las emisiones de CO2, sino que mucha de la energía eólica y solar producida durante el día es desplazada del mix y se ve abocada a entrar en momentos donde la electricidad marca precios más caros.
En esta línea, los asociados de Unef reclaman en torno a 40 millones de euros en pérdidas por ese concepto, mientras el resto del montante corresponde a los parques eólicos que exigen compensar las pérdidas generadas.
Si bien es cierto que la operación reforzada se ha reducido con respecto al año pasado, ha habido tres meses pico en este ejercicio que han elevado considerablemente el coste de las restricciones técnicas.
Además, estas no se reparten equilibradamente, sino que existen zonas más afectadas como Extremadura, el norte de Huelva y Castilla La-Mancha occidental. De hecho, en territorios como Mérida hay instalaciones que han llegado a tener restricciones de más del 60%, según los datos de Unef.
En Extremadura es especialmente relevante por el impacto directo de la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, cambiando lo planteado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno.
La fotovoltaica pide más dinero para el control de tensión Red Eléctrica
Para evitar que el control de tensión y la estabilidad del sistema sea sólo responsabilidad de las centrales de gas y de las nucleares, pero especialmente las de gas, tras el apagón la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó la actualización del procedimiento de operación 7.4.
Una medida que tiene el objetivo de habilitar a las plantas renovables para actuar como controladoras de tensión de igual modo que el resto de tecnologías, reduciendo además el coste de reforzar el sistema para evitar nuevos apagones.
El mecanismo, que fue solicitado por Red Eléctrica en 2020 y no se aprobó hasta seis semanas después del apagón, está todavía lejos de convertirse en la herramienta que pueda dar seguridad al sistema y abaratar costes actualmente.
El principal problema para los promotores fotovoltaicos es que la retribución que se ofrece a sus instalaciones es todavía muy precaria frente a la compensación que se da a los ciclos combinados para la misma función.
«Mientras que la retribución que está recibiendo un ciclo combinado está rondando los 200 euros, a nosotros nos ofrecen uno. Protestamos y lo que tenemos ahora son dos euros más que se nos retribuye una ayuda por el coste de la homologación, más la parte nocturna, que no era un coste», explicó José Donoso, director general de Unef, en la presentación de su informe anual.
Es por ello que el sector pide participar en el control de tensión de forma libre en un mercado que genere los precios, algo para lo que la CNMC pone como requisito que haya una masa crítica de energías renovables.
No obstante, la patronal critica que el regulador no pone cifras concretas para llegar a ese punto y asegura que la fotovoltaica ya tiene 13 gigavatios (GW) que están homologados y que ya podrían participar.
«Queremos transparencia, que nos digan si están participando y cuántos ¿Por qué no están publicando estadísticas?», aseguró Donoso, quien también pidió «un caramelo» al sector para que todo el mundo tenga un incentivo. «Ese caramelo es un 25% de lo que le está costando el mismo servicio al sistema en este momento», añadió.
