De Huawei a los tribunales: los obstáculos para la compra de Vodafone por Telefónica
Inversiones adicionales y conflictos judiciales añaden incertidumbre a una potencial adquisición
Marc Murtra, presidente de Telefónica, y José Miguel García, CEO de Vodafone España
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La consolidación del sector de las telecomunicaciones en España pasa por una potencial compra de Telefónica a Vodafone, en manos del fondo británico Zegona. No obstante, la operación tiene diferentes variables que pueden condicionar tanto el precio como la propia operación.
Lo que sobre el papel se plantea como el gran movimiento de consolidación del mercado nacional se enfrenta a una compleja arquitectura financiera, barreras tecnológicas de calado geoestratégico y un frente judicial que salpica a la cúpula directiva del operador rojo y que lleva alargándose meses.
El primer obstáculo radica en la valoración del activo. Zegona compró el negocio por unos 5.000 millones de euros, cifra que sería idónea para la Telefónica de Marc Murtra.
No obstante, el fondo liderado por Eamon O’Hare ya valoró su único activo en torno a los 15.000 millones de euros a principios de año. En esa franja de 10.000 millones podría estar un eventual acuerdo, si bien hay otras variables que cada operadora tiene muy presente.
En la nueva etapa corporativa bajo el liderazgo de Murtra, la operadora azul ha hecho de la «disciplina de hierro financiera» su principal bandera operativa. Pero a la fractura del precio de compra podría se le suma una factura técnica oculta de cuantía multimillonaria.
La inversión adicional para eliminar a Huawei de sus redes
Si Telefónica decidiera acometer la adquisición en el corto plazo, la integración de la infraestructura de red representaría coste adicional que podría jugar un papel en la negociación.
Las redes de Vodafone España cuentan con una altísima presencia del proveedor tecnológico chino Huawei, que copa aproximadamente el 70% de sus equipos de radio y acceso móvil desplegados en el territorio nacional, siendo la que más dependencia tecnológica del gigante chino tiene actualmente.
Telefónica, por su parte, reparte a la mitad este tipo de infraestructuras consideradas críticas entre la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia, confiando el núcleo y la periferia de sus redes móviles e infraestructuras a fabricantes europeos, en línea con los posicionamientos de Bruselas.
Por tanto, la absorción del parque de antenas y nodos de Vodafone exigiría a Telefónica acometer una costosa inversión adicional para sustituir de forma acelerada la tecnología de Huawei por la de sus proveedores habituales.
Este condicionante técnico adquiere una dimensión crítica en el actual escenario regulatorio. La Unión Europea se halla en fase avanzada para aprobar de forma definitiva la nueva Ley de Ciberseguridad, un marco normativo diseñado para vetar a los proveedores considerados «de alto riesgo» en las infraestructuras críticas del continente.
La presencia mayoritaria de Huawei en la red de Vodafone convertiría el proceso de negociación en un tira y afloja para cumplir con los estándares de seguridad comunitaria, multiplicando los costes de capital que Telefónica tendría que desembolsar tras la adquisición.
El conflicto judicial de Vodafone con Finetwork
Por si el escenario financiero y tecnológico no fuera lo suficientemente intrincado, la transacción añade una variable de inestabilidad en el ámbito societario y judicial. El máximo ejecutivo de Vodafone España, José Miguel García, se encuentra inmerso en una batalla legal derivada del denominado ‘caso Finetwork’.
El directivo se enfrente en los tribunales a la investigación derivada de la querella interpuesta por el fundador de la operadora alicantina, Pascual Pérez, bajo la matriz Wewi Mobile.
La causa, que ha pasado por el Juzgado de Instancia número 9 de Alicante y ha sido remitida a los tribunales de Elda, investiga un presunto delito de administración desleal agravada que denuncian tanto Pérez como el resto de socios del fundador.
El foco de las diligencias judiciales se sitúa en el periodo comprendido entre octubre de 2025 y abril de 2026, etapa en la que García compaginó la dirección general de Vodafone España con la posición de administrador único en Wewi Mobile.
Según los querellantes, durante dicha etapa se habría elevado de forma artificial el pasivo reconocido de Finetwork con Vodafone hasta alcanzar los 227,25 millones de euros, incorporando créditos sometidos a litigio o indemnizaciones millonarias tras la purga de la cúpula ejecutiva.
Por su parte, desde Vodafone rechazan tajantemente estas acusaciones, esgrimiendo un informe forensic encargado a la consultora Deloitte que concluye que las irregularidades financieras de la compañía alicantina eran previas a la llegada de García, definiendo la querella como una trama de falsedades.
A pesar de las tesis de la operadora, la exposición mediática de su primer ejecutivo en los tribunales introduce un factor de incertidumbre en cualquier proceso de due diligence de cara a la responsabilidad social corporativa del grupo.
En el seno de Telefónica se observa con extrema cautela cualquier imponderable legal que pueda salpicar la reputación o empañar una transacción de dimensiones históricas para el sector de las telecomunicaciones en España.
