Los empresarios de Madrid rechazan el decreto de vivienda
Viviendas, fachada de un edificio con arbolado delante. Foto: Europa Press.
CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE rechaza los decretos ley en materia de vivienda que el Gobierno someterá este viernes a
convalidación en el Congreso de los Diputados al considerar que son «meros parches ante un problema real y estructural como el acceso a la vivienda», según han anunciado en una nota. La Confederación también ha defendido que estas medidas no atienden «en ningún caso» a sus verdaderas causas.
Los empresarios de Madrid denuncian que es injustificable que el Gobierno no haya sido capaz de articular una política de vivienda «consensuada y eficaz» en ocho años. «Ante esta falta de resultados, el Ejecutivo vuelve a recurrir a la legislación de urgencia y sin diálogo con el sector. Son medidas que, lejos de resolver el problema, amenazan con agravar una situación ya especialmente grave para miles de familias y jóvenes», añaden.
Por otro lado, CEIM alerta de que la intervención reiterada del mercado y el continuo deterioro de la seguridad jurídica están provocando una retracción en la inversión, además de reducir la oferta.
A su juicio, la vivienda exige reformas estructurales que incrementen el parque disponible y devuelvan la confianza a quienes promueven, construyen e invierten. Por todo esto, reclaman al Gobierno que «abandone la vía de la improvisación y apueste por el acuerdo y la estabilidad normativa».
Siguiendo en la misma línea, CEIM asegura que es inaceptable el nuevo ataque a las empresas y, especialmente, a las pymes, unas descalificaciones que ya han ocurrido otras veces y que consideran una grave falta de respeto «hacia quienes generan empleo, riqueza y oportunidades».

«Calificar a las empresas de forma despectiva y señalar públicamente a quienes invierten, arriesgan y crean puestos de trabajo resulta impropio de una economía avanzada. España no puede permitirse un clima de confrontación permanente con la iniciativa privada», denuncia CEIM en su comunicado.
La Confederación también manifiesta su preocupación por el impacto que la acampada de la Puerta del Sol pueda provocar en la actividad comercial, hostelera y turística.
«El derecho constitucional de reunión ha de ejercerse tras una comunicación previa que permite ponderar su impacto en los derechos de los
demás. Por tanto, debe ser compatible con el normal funcionamiento de la zona y con los derechos de comerciantes, empresarios, trabajadores y
visitantes. Por ello, solicitamos a la Delegación del Gobierno que adopte las medidas necesarias para restablecer la normalidad y preservar la actividad y la imagen de este enclave de Madrid», indican.