Los fondos ponen deberes al próximo Gobierno: elevar el tope de los planes de pensión y menos burocracia
Son parte de las políticas nacionales y europeas más importantes que, a juicio de la patronal, deberían impulsarse en los próximos años para movilizar la inversión y la financiación de la economía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP
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El próximo Gobierno ya tiene deberes por parte de las gestoras de fondos de inversión. Tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, el Ejecutivo que se forme heredará las peticiones que vienen llevando a cabo desde la patronal de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, desde hace tiempo.
Entre otros asuntos, la asociación gremial reclama, una vez más, elevar los límites de aportación a los fondos de pensión, garantizar un marco regulatorio más estable y previsible y acometer una profunda simplificación de las normas que afectan al sector.
Todas ellas son parte de las políticas nacionales y europeas más importantes que, a juicio de la patronal, deberían impulsarse en los próximos años para movilizar la inversión y la financiación de la economía. Desde hace tiempo, Inverco considera que se deberían tomar medidas al respecto a nivel estatal; el próximo Gobierno, asume el reto de escucharlas.
Una de las principales peticiones de la asociación pasa por recuperar el margen de aportación a los planes de pensiones individuales. El límite se sitúa actualmente en 1.500 euros anuales, después de los recortes aplicados en 2021 y 2022. Inverco reclama que se eleve y que se aproxime al tratamiento de los sistemas de empleo, donde el límite de aportación alcanza los 8.000 euros anuales.
El sector considera que la reducción de estos límites está teniendo un impacto directo sobre la capacidad de las familias para acumular ahorro destinado a la jubilación. Según los cálculos de Inverco, si se mantiene el marco actual, los hogares españoles habrán dejado de canalizar hacia los planes de pensiones unos 31.000 millones de euros en 2030. La cifra ascendería a 75.200 millones en 2040.
360.000 millones en diez años
La segunda gran pata de la agenda de Inverco también está centrada en los planes de pensiones de empleo. En este ámbito, la asociación apuesta por implantar un sistema de autoadscripción voluntaria de los trabajadores a los planes promovidos por las empresas.
La propuesta permitiría ampliar la cobertura de los sistemas de empleo mediante la incorporación automática de los trabajadores, aunque con posibilidad de renunciar. Inverco calcula que esta medida podría movilizar 360.000 millones de euros en diez años.
La organización reclama además que la negociación colectiva contemple la creación de planes de empleo, elevar los límites de aportación de los autónomos y aprobar la normativa que permita comercializar los planes de empleo, una regulación que, según la asociación, permanece pendiente en el Parlamento.
El objetivo es aumentar el peso del ahorro de largo plazo en España y conseguir que una mayor parte del ahorro de los hogares se canalice hacia instrumentos de inversión.
Estabilidad frente a cambios regulatorios
Sin embargo, las reclamaciones de Inverco no se limitan al ahorro para la jubilación. La patronal también plantea cambios específicos para los fondos de inversión, con el objetivo de hacer más sencillo su acceso para los inversores y reducir las cargas regulatorias que soportan las gestoras.
Entre otros asuntos, Inverco reclama estabilidad y previsibilidad, al tiempo que pide una «profunda simplificación regulatoria» para evitar que la acumulación de normas termine dificultando la actividad de las entidades.
Inverco también ha situado entre sus prioridades el diseño de la futura cuenta de ahorro y la implantación de la etiqueta Finance Europe. Además, la patronal exige eliminar la obligación de que determinados fondos cuenten con un número mínimo de partícipes, limitar la responsabilidad de las gestoras en la comercialización de productos en el exterior y permitir que las sociedades gestoras puedan utilizar cuentas transitorias de efectivo.
A ello se suman otras peticiones más técnicas, como revisar los supuestos en los que los fondos deben comunicar hechos relevantes y adaptar las herramientas de gestión de liquidez.
Leyes que se quedan en el tintero
En Inverco, el cambio de Gobierno también ha generado recelo porque el calendario legislativo puede dejar en el aire buena parte de la normativa financiera que actualmente se encuentra en tramitación o pendiente de aprobación.
La patronal distingue entre las iniciativas que ya han llegado al Parlamento, las que están todavía en fases previas y los desarrollos reglamentarios que dependen de estas leyes. Si las Cortes se disuelven antes de que culminen, los proyectos que estén en tramitación parlamentaria decaerán y el próximo Ejecutivo tendrá que volver a impulsarlos.
Entre las normas que afectan al sector financiero se encuentra la Ley de Digitalización del Sector Financiero, remitida al Congreso el pasado mes de julio y actualmente en fase de enmiendas.
Este proyecto adapta, entre otras cuestiones, la legislación española al marco europeo sobre criptoactivos (MiCA) y aborda distintas materias relacionadas con la transformación digital del sistema financiero.
A esta iniciativa se suman otras transposiciones europeas y reformas que permanecen en fases más tempranas, como la normativa de crédito al consumo, la nueva regulación antiblanqueo o la adaptación a la última directiva europea de capital.
El temor de las gestoras es que el atasco no termine únicamente con las leyes que ya han iniciado su recorrido parlamentario. También puede retrasar las normas que están a la espera de informes, consultas o de su aprobación por el Consejo de Ministros, así como los desarrollos reglamentarios que dependen de ellas.
Con todo, la industria llega al próximo ciclo político con una agenda centrada en tres objetivos: aumentar el dinero que los hogares pueden destinar al ahorro a largo plazo, facilitar que ese ahorro llegue a los mercados y reducir las barreras regulatorias que encuentra el sector.
