Casi el 90% de las inmobiliarias detecta problemas en el alquiler tras los decretos de vivienda
La federación prevé una caída de entre el 25% y el 30% de las operaciones de arrendamiento en las próximas semanas
Alquileres en España. Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA)
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El mercado del alquiler comienza a notar las consecuencias de los reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez. El 88,9% de las agencias inmobiliarias ha asegurado haber detectado incidencias en la actividad de los pequeños propietarios, desde la retirada de viviendas hasta la paralización de contratos y el traslado de inmuebles a otros segmentos del mercado.
Estos datos han sido reflejados en un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), elaborado a partir de las respuestas de más de 600 agencias de las principales capitales de provincia y ciudades españolas.
La principal consecuencia anunciada por el sector es la caída de la oferta disponible. El 78,1% de las inmobiliarias consultadas ha afirmado que algunos propietarios han retirado viviendas del alquiler habitual, con una media de 3,78 inmuebles por agencia.
A esta situación se suma la paralización en la firma de contratos. El 72,4% de las oficinas encuestadas ha registrado operaciones paralizadas, con una media de 2,75 firmas bloqueadas por establecimiento.
El informe también ha señalado un cambio de destino de parte de la oferta. El 56,6% de las agencias ha detectado propietarios que han optado por trasladar sus inmuebles al mercado de compraventa, con una media de 2,26 viviendas por oficina. Por su parte, el 38,9% observa un desvío hacia el alquiler de temporada o por habitaciones, con una media de 1,76 propiedades.
Solamente el 11,1% de las inmobiliarias ha afirmado mantener su actividad sin cambios.
Los decretos de vivienda afectan a más de 5.700 operaciones en 10 días
Los primeros datos recopilados por FAI durante los últimos 10 días contabilizan un impacto directo sobre 5.758 operaciones. De ellas, 2.067 corresponden a viviendas retiradas del mercado del alquiler habitual, mientras que otras 1.224 han pasado a la compraventa y 944 se han destinado a otras modalidades de arrendamiento (alquiler de temporada o por habitaciones).
En total, estas cifras suman 4.235 inmuebles retirados del alquiler residencial habitual. A este volumen se añaden 1.523 contratos cuya firma ha quedado bloqueada.
A partir de estos datos, FAI prevé que el volumen de operaciones de alquiler pueda desplomarse entre un 25% y un 30% en las próximas semanas. La organización ha atribuido esta previsión a las dificultades para cerrar nuevos contratos y a la decisión de algunos propietarios de retirar sus viviendas o destinarlas a otros usos.
FAI alerta del impacto sobre propietarios e inquilinos
El presidente de la federación, José María Alfaro, ha manifestado su comprensión ante las dificultades de acceso a la vivienda, el esfuerzo económico que soportan los inquilinos y el problema de los desahucios. No obstante, Alfaro ha considerado que los reales decretos están teniendo «graves consecuencias» sobre el mercado.
Alfaro ha advertido de que el retraso o la caída de las firmas puede dejar a muchas familias sin una alternativa de alquiler, en un contexto en el que encontrar una vivienda se ha convertido en una de las principales dificultades para los hogares.
El presidente de FAI también ha cuestionado la protección ofrecida a los pequeños propietarios frente a posibles impagos. Desde su punto de vista, las medidas no concretan ni garantizan plenamente esa cobertura, que «queda supeditada a un laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones».
José María Alfaro también ha calificado de «arriesgado» recurrir a la Diputación Permanente para aprobar soluciones parciales en una materia que considera «tan delicada y compleja». El presidente de FAI ha sostenido que este tipo de actuaciones pueden aumentar la presión sobre un mercado que ya atraviesa grandes dificultades.
Como alternativa, la organización ha reclamado un «Plan Marshall de Emergencia» para facilitar el acceso a la vivienda. La propuesta pasa por un pacto de Estado firmado por las fuerzas parlamentarias, los gobiernos autonómicos, los colectivos sociales y los expertos del sector.
La federación ha defendido que la respuesta a la crisis de acceso a la vivienda debe abordarse desde un acuerdo amplio y con medidas de carácter urgente y excepcional.
