ACS, Ferrovial y Merlin requieren extender a 18 meses el periodo transitorio para adaptarse a la normativa de centros de datos
ACS, Ferrovial y Merlin reclaman más tiempo para adaptar sus proyectos a la nueva normativa energética
Montaje realizado por Economía Digital.
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ACS, Ferrovial y Merlin Properties reclaman al Gobierno que amplíe de seis a 18 meses el periodo transitorio previsto en el proyecto de real decreto que regulará los centros de datos en España, según ha podido saber este medio.
Las compañías buscan disponer de más margen para adaptar sus proyectos a las nuevas exigencias energéticas y evitar que la entrada en vigor de la normativa altere los planes de inversión que ya están en marcha o cuya ejecución está prevista en los próximos meses.
La petición llega en plena tramitación de una regulación que ha generado inquietud entre los promotores de estas infraestructuras, cuyo desarrollo depende de la disponibilidad de potencia eléctrica, la contratación de suministro renovable y la planificación de inversiones a largo plazo.
Las tres empresas se han unido, junto a Blackstone (QTS) y Azora (Quetta) para trasladar su posición al Ejecutivo, en un movimiento que busca proteger los proyectos que podrían verse afectados por los nuevos requisitos.
El principal punto de fricción se encuentra en las condiciones de abastecimiento energético que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica.
El borrador establece que los centros de datos deberán respaldar, con nueva generación renovable, al menos el 80% de su consumo eléctrico en cada hora de funcionamiento, mientras el peso de las renovables en el sistema eléctrico no supere el 90%.
La obligación introduce criterios de adicionalidad y correlación horaria que van más allá de la contratación convencional de electricidad renovable.
La adicionalidad implica que la energía utilizada debe proceder de nueva capacidad renovable, de manera que el incremento de demanda asociado a los centros de datos vaya acompañado de nueva generación.
La correlación horaria, por su parte, exige que la producción renovable coincida con el consumo en cada hora, en lugar de compensar el suministro mediante balances anuales.
El proyecto contempla que esta cobertura pueda articularse mediante instalaciones de autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA.
La preocupación de las compañías se centra en el calendario de aplicación de los requisitos. El desarrollo de un centro de datos exige coordinar la construcción de las instalaciones, la disponibilidad de conexión a la red y el suministro energético.
La obligación de respaldar el consumo con nueva generación renovable puede añadir nuevas necesidades de planificación y contratación, especialmente en proyectos que ya han avanzado en su desarrollo antes de la aprobación definitiva de la norma.
El borrador sometido a audiencia pública contempla un plazo transitorio de seis meses para que los proyectos de centros de datos en tramitación se adapten a los nuevos requisitos y acrediten su cumplimiento.
El periodo se reduce a tres meses para aquellos que estén a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica. En caso de no poder cumplir las condiciones, los promotores podrán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías correspondientes.
La ampliación a 18 meses que reclaman las compañías supondría, por tanto, triplicar el plazo general de adaptación previsto en el texto inicial. La diferencia resulta relevante para los proyectos que necesitan cerrar contratos de suministro, desarrollar nueva capacidad renovable o ajustar sus calendarios a los tiempos de conexión eléctrica.
La petición se produce, además, cuando el proyecto de real decreto todavía está sujeto a modificaciones. El texto salió a audiencia pública en agosto y recibió alegaciones de los agentes afectados.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado flexibilizar algunas de las condiciones más exigentes, en particular las relacionadas con la adicionalidad de la generación renovable y la coincidencia horaria entre producción y consumo.
El organismo considera que determinados aspectos del diseño pueden generar costes y dificultades de aplicación, por lo que ha planteado revisar varios de los requisitos. Su informe no es vinculante, aunque introduce nuevas consideraciones en el proceso de elaboración de la norma.
La discusión sobre los plazos se enmarca en el debate más amplio sobre cómo acompasar el desarrollo de los centros de datos con los objetivos energéticos y medioambientales.
Estas instalaciones requieren un suministro eléctrico continuo y una capacidad de conexión elevada, lo que ha llevado al Gobierno a vincular su acceso a la red con criterios de sostenibilidad y eficiencia.
El Ejecutivo defiende que el crecimiento de la demanda digital debe ir acompañado de nueva generación renovable y no trasladar al conjunto de los consumidores los costes derivados de las necesidades adicionales del sistema eléctrico. El proyecto también incluye requisitos de eficiencia energética, consumo de agua y resiliencia y soberanía digital.
ACS, Ferrovial y Merlin ven complicada la aplicación
Desde la perspectiva de los promotores, el calendario de adaptación constituye una parte esencial de la regulación. Las inversiones en centros de datos se planifican con años de antelación y dependen de decisiones sobre suelo, construcción, conexión y suministro energético.
Un cambio en las condiciones aplicables durante la tramitación puede obligar a revisar acuerdos y cronogramas que se habían diseñado bajo un marco regulatorio distinto.
La cuestión que deberá resolver el Gobierno es si introduce un periodo transitorio más amplio para los proyectos en curso o mantiene los plazos previstos en el borrador.
La decisión determinará el margen del que dispondrán los promotores para ajustar sus inversiones a las nuevas obligaciones sin renunciar a sus derechos de conexión.
La patronal ha cuestionado especialmente las exigencias de nueva generación renovable y correlación horaria, que considera determinantes para la viabilidad de algunos proyectos.
La petición de ACS, Ferrovial y Merlin introduce así una nueva variable en la negociación sobre el texto: el tiempo necesario para cumplir las obligaciones.
Más allá de los porcentajes de energía renovable exigidos, las empresas buscan que la norma contemple un margen de adaptación suficiente para las inversiones que ya están comprometidas.
