Trump se alía con los «amigos» de las ballenas para frenar proyectos eólicos de Iberdrola en EEUU
Estados Unidos inicia una nueva ofensiva para paralizar el desarrollo de parques renovables aprovechando las acciones judiciales de grupos activistas
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos
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Donald Trump ha encontrado un nuevo aliado judicial en su ofensiva contra la eólica marina: los activistas que llevan años cuestionando el impacto de estos parques sobre las ballenas y el ecosistema marino. El Gobierno estadounidense ha solicitado a los tribunales que reabran la autorización de New England Wind, uno de los grandes proyectos que Iberdrola prepara en Estados Unidos a través de su filial Avangrid, en un movimiento que coincide con las pretensiones de la organización ecologista Ack for Whales, que también impugna los permisos de la instalación.
La ofensiva del mandatario estadounidense contra la eólica marina en Estados Unidos vuelve a poner el foco en los proyectos de las empresas europeas en el país, incluidos los de la española Iberdrola.
El Departamento de Justicia formalizó su petición el 20 de octubre ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, en el marco de un procedimiento iniciado por Ack for Whales contra distintas autoridades estadounidenses.
El objetivo es que el juez devuelva al Departamento del Interior la autorización del plan de construcción y operación de New England Wind para que pueda reconsiderarla, al entender que la aprobación concedida en julio de 2024 por el Gobierno de Joe Biden no justificó adecuadamente cómo se valoraron los supuestos impactos adversos identificados durante la evaluación ambiental.
En una declaración incorporada al procedimiento, un alto cargo del Departamento del Interior cuestiona el criterio aplicado por la anterior Administración y sostiene que la autorización se concedió pese a los efectos negativos que recogían los informes.
El Gobierno de Trump considera que la decisión no explicó suficientemente por qué esos impactos resultaban compatibles con las exigencias de la legislación federal, una argumentación que abre la puerta a revisar un permiso que ya había superado el proceso administrativo. Se forma así una alianza inesperada entre partes aparentemente antagónicas.
Ack for Whales inició su propia ofensiva judicial contra las autorizaciones y Trump defiende ahora una posición que converge parcialmente con sus objetivos: volver a examinar la legalidad de los permisos.
El resultado podría poner en riesgo los planes de Iberdrola en un mercado estratégico para su crecimiento internacional. New England Wind contempla una primera fase de 791 megavatios (MW), con una inversión prevista superior a los 3.000 millones de dólares.
El proyecto todavía no ha comenzado a construirse y su desarrollo se sitúa en el horizonte de 2032 a 2035, por lo que una revisión de los permisos amenaza con añadir incertidumbre a una inversión de largo recorrido. La actuación se suma a la presión que soporta la industria eólica marina estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Trump contra la eólica, segunda parte
La ofensiva judicial contra Iberdrola no es un caso aislado. Apenas unos días antes, el Gobierno solicitó también que se revisara la autorización de Revolution Wind, el parque de 704 MW desarrollado por la danesa Orsted junto a Skyborn Renewables frente a las costas de Rhode Island y Connecticut.
En ese procedimiento, la Administración sostiene que el permiso concedido en 2023 no justificó suficientemente cómo se ponderaron los efectos sobre la pesca, la investigación científica y otros usos del mar.
La diferencia es que Revolution Wind se encuentra en una fase mucho más avanzada: ha instalado sus 65 aerogeneradores y comenzó a suministrar electricidad a Nueva Inglaterra en marzo. La nueva petición busca devolver la autorización al Departamento del Interior para una evaluación adicional, pero no supone que el permiso haya sido anulado ni que el parque deba detener su actividad. La decisión corresponde al tribunal.
El movimiento confirma que el Gobierno explora distintas vías para cuestionar proyectos que ya cuentan con autorización federal, incluso después de que los promotores hayan obtenido protección judicial frente a las órdenes de paralización. La estrategia no se limita a los parques de Iberdrola y Orsted: la Administración también ha promovido revisiones de permisos de otros desarrollos de eólica marina, ampliando la incertidumbre regulatoria para el sector.
Vineyard Wind, el gran activo de Iberdrola, sigue bajo presión
El precedente más relevante para la eléctrica española es Vineyard Wind 1, el parque marino que Avangrid desarrolla al 50% junto al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
La instalación cuenta con 806 MW de potencia y una inversión de unos 3.000 millones de dólares. Ya está operativa y suministra electricidad a más de 400.000 hogares y empresas de Nueva Inglaterra, por lo que constituye uno de los activos más importantes de Iberdrola en el negocio eólico marino estadounidense.
A finales de diciembre de 2025, la Administración Trump ordenó suspender los trabajos de cinco grandes parques de la costa este, entre ellos Vineyard Wind, alegando nuevos riesgos para la seguridad nacional.
Sus promotores acudieron a los tribunales y lograron que un juez federal suspendiera la orden el 27 de enero, lo que permitió reanudar las actividades afectadas. El proyecto ha completado su construcción, aunque la disputa judicial con el Gobierno no está definitivamente cerrada.
La compañía mantiene abierto un litigio en Massachusetts para limitar la posibilidad de que la Administración vuelva a paralizar el parque con los mismos argumentos.
El juez aceptó el 1 de septiembre mantener suspendido el procedimiento hasta el 30 de noviembre, fecha en la que las partes deberán actualizar la situación. Esta pausa no implica el cierre de la instalación ni una victoria definitiva de ninguna de las partes.
A este frente se suma la causa de Ack for Whales ante el tribunal federal de Washington, que cuestiona directamente la autorización original de Vineyard Wind.
La jueza del proceso permitió a la empresa intervenir en el procedimiento y reconoció que una eventual anulación del permiso podría obligarla a cerrar el parque y poner en riesgo una inversión de miles de millones de dólares.
Se trata de un litigio distinto del que afecta a la orden de paralización por razones seguridad nacional. En cualquier caso, la ofensiva judicial contra los proyectos de Iberdrola no ha finalizado y Trump, en alianza inusual con los activistas pro ballenas, promete seguir dando guerra.
