El Supremo reabre la factura del rescate de la R-2, participada por ACS
El alto tribunal anula las liquidaciones provisionales, que fijaban en cero euros la compensación a Hernasa y exige a Transportes calcular la indemnización definitiva
Archivo – Autopista
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El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a volver a calcular la indemnización por el rescate de la autopista R-2 de Madrid, después de anular las dos liquidaciones provisionales que había aprobado el Consejo de Ministros.
La última de ellas establecía que el Estado no tenía que pagar nada a la concesionaria que explotaba la vía, Hernasa, una sociedad participada por ACS, Abertis, Acciona y Globalvía.
La sentencia, fechada el pasado 8 de octubre y consultada por Europa Press, no fija una nueva cantidad ni obliga al Estado a abonar una indemnización concreta. Lo que hace es invalidar los cálculos anteriores y exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que determine el importe definitivo «sin más demora», después de más de ocho años desde que la Administración asumió la gestión de la carretera.
La controversia se remonta a marzo de 2018, cuando el Estado rescató la R-2 tras la quiebra de la concesionaria y encargó su gestión a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Como ocurrió con otras autopistas que entraron en dificultades tras la crisis financiera de 2008, la Administración tuvo que calcular cuánto dinero debía compensar a la empresa por asumir la infraestructura.
Para ello se utiliza la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), un mecanismo que determina la compensación que corresponde a la concesionaria cuando el Estado rescata una autopista. El importe depende de distintos factores, entre ellos la inversión reconocida y los costes que deben descontarse del cálculo.
En el caso de la R-2, el Gobierno fijó provisionalmente esa responsabilidad en -50 millones de euros. El resultado negativo se explicaba principalmente por los gastos que la Administración consideraba necesarios para dejar la carretera en buen estado de conservación y por las cantidades que había pagado en concepto de expropiaciones para construirla. Con ese balance, la liquidación no daba derecho a la concesionaria a cobrar una indemnización.
El Consejo de Ministros aprobó un primer cálculo en 2023 y otro complementario en 2025. Sin embargo, el Supremo ha anulado ambos, por lo que Transportes deberá elaborar una nueva liquidación que respete los criterios establecidos por el propio tribunal en sus sentencias de 2022.
El alto tribunal también reprocha a la Administración que haya tardado tantos años en cerrar un expediente iniciado con el rescate de la autopista.
Un rescate que ya cuesta 1.684 millones
La resolución puede tener consecuencias más allá de la R-2, ya que los criterios que deben aplicarse al cálculo de la RPA también afectan al proceso de liquidación de otras autopistas rescatadas.
La aplicación de esas reglas podría modificar las compensaciones que finalmente deba asumir el Estado, aunque todavía no se conoce el efecto concreto que tendrá en cada infraestructura.
Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas en quiebra ha supuesto pagos provisionales de 1.684 millones de euros por parte de la Administración. Esa cifra todavía puede cambiar, puesto que la mayoría de las vías continúan pendientes de completar el proceso de liquidación.
La nueva resolución deberá aclarar si, tras aplicar los criterios fijados por el Supremo, corresponde reconocer alguna compensación a la antigua concesionaria de la R-2. Hasta que Transportes complete ese trámite, no se conocerá la factura definitiva para las arcas públicas.
