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Telefónica tropieza con un nuevo recurso en el contrato de ciberseguridad por 104 millones
Una nueva impugnación de TACRC presentada por TRC Informática, participada por Indra, vuelve a paralizar el lote 3 del megacontrato CORA III
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La adjudicación de uno de los principales contratos de telecomunicaciones de la Administración central se ha convertido en una carrera de obstáculos y Telefónica ha sufrido un nuevo tropiezo.
El concurso CORA III, del que Telefónica lleva detrás más de un año, cuenta con un presupuesto global de 340 millones de euros para centralizar las comunicaciones de más de 85 organismos públicos y ya acumula más de un año de recursos, exclusiones y problemas administrativos
El último episodio vuelve a afectar al lote de ciberseguridad e interconexión de datos, al que aspira Telefónica y cuya tramitación ha quedado suspendida de nuevo.
La nueva paralización surge después de que TRC Informática, participada en un 30% por Indra, haya presentado otro recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), según ha adelantado este miércoles 20minutos.
La compañía se marca ahora el tanto, ya que concurrió al concurso en una unión temporal de empresas (UTE) con Orange Espagne, integrada en MasOrange, y Mnemo Evolution. Esta alianza fue inicialmente seleccionada para hacerse con el lote, pero la adjudicación terminó anulada tras un recurso de Telefónica.
Desde entonces, el lote ha encadenado exclusiones, recursos y problemas presupuestarios. Telefónica, que había quedado como alternativa para hacerse con el servicio, también fue apartada inicialmente por una problemas en la documentación relacionada con el plan de igualdad de una de sus subcontratistas.
La operadora recurrió y el TACRC le dio la razón en abril de 2026, por lo que ordenó retrotraer las actuaciones y continuar el procedimiento.
Un contrato para las comunicaciones de más de 85 organismos públicos
El megacontrato CORA III es el concurso con el que la Administración centraliza los servicios de telecomunicaciones de más de 85 organismos públicos. El contrato, dotado con un presupuesto global de unos 340 millones de euros y una duración de tres años y siete meses, incluye desde la telefonía fija y móvil hasta el acceso a Internet, la interconexión de centros de datos y la protección de las redes.
El procedimiento está dividido en cuatro lotes. Telefónica se hizo con el primero, relativo a la red nacional multiservicio; MasOrange obtuvo el segundo, que comprende las comunicaciones fijas y móviles con dispositivos; la UTE de Orange, TRC y Mnemo resultó inicialmente adjudicataria del tercero, dedicado a la ciberseguridad y la interconexión de centros de datos; y Evolutio se quedó con el cuarto, correspondiente a la red internacional de datos.
Sin embargo, el tercer lote trajo cola. En marzo de 2025, la Mesa de Contratación situó en primer lugar a la UTE de Orange, TRC y Mnemo, cuya adjudicación se formalizó en julio de ese año.
Entonces, Telefónica recurrió la decisión al considerar que Mnemo no cumplía la obligación de disponer de un plan de igualdad registrado. En septiembre, el TACRC estimó parcialmente su recurso y determinó que la compañía estaba incursa en una prohibición para contratar con el sector público. La exclusión de Mnemo arrastró también a la UTE y dejó a Orange fuera de la carrera.
La Administración pasó entonces a examinar la oferta de Telefónica. Sin embargo, la Mesa terminó excluyéndola y declaró desierto el lote al considerar que no se acreditaban los requisitos exigidos en materia de igualdad por parte de Govertis, uno de los proveedores previstos como subcontratistas. La operadora volvió a recurrir y esta vez obtuvo el respaldo del tribunal.
En una resolución de abril de 2026, el TACRC anuló tanto su exclusión como la declaración de desierto y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a esas decisiones. El tribunal consideró que no se había producido una modificación de la oferta de Telefónica que justificase apartarla del concurso. Así, la UTE de la operadora quedó como única oferta válida para el lote.
La falta de presupuesto volvió a paralizar el concurso
La vuelta de Telefónica al procedimiento no resolvió, sin embargo, en la licitación. El 26 de mayo de 2026, la Mesa de Contratación acordó suspender la tramitación por falta sobrevenida de cobertura presupuestaria.
Varios de los organismos que financiaban el contrato: el Imserso, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación habían anulado sus documentos de retención de crédito.
La suspensión abrió un nuevo frente. Orange Espagne presentó un recurso contra esa decisión el 11 de junio, pero el TACRC lo inadmitió el pasado 29 de octubre.
La Administración había recuperado la cobertura presupuestaria a finales de julio. La Mesa retomó las actuaciones en agosto y el día 31 elevó una propuesta de adjudicación a favor de Telefónica. En septiembre revisó la documentación de la operadora y le concedió tres días hábiles para subsanar varios defectos. Una vez corregidos, acordó continuar con el procedimiento.
Mientras tanto, la paralización del concurso no ha supuesto la interrupción de los servicios. Telefónica ha continuado prestando las prestaciones del lote mediante una prórroga forzosa de los contratos vigentes desde diciembre de 2025.
En paralelo, la Administración puso en marcha una licitación negociada sin publicidad, de nueve meses prorrogables por otros nueve, para garantizar la continuidad de las comunicaciones y los servicios de ciberseguridad.
Cuando el concurso parecía encaminarse de nuevo hacia Telefónica, TRC ha presentado otro recurso ante el TACRC. La nueva impugnación ha provocado una nueva suspensión de la tramitación, según la información publicada por 20minutos. Por el momento, no se conocen los argumentos concretos de la compañía ni las pretensiones que plantea en su escrito.
