Iberdrola advierte a Trump que ha invertido ya 660 millones en uno de los parques eólicos que quiere revisar
La energética española asume decenas de millones en costes adicionales y advierte sobre la viabilidad del proyecto
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos
La ofensiva de Donald Trump contra la eólica marina estadounidense amenaza cerca de 660 millones Iberdrola. La compañía, a través de su filial Avangrid, defiende en los tribunales la autorización de New England Wind, uno de sus grandes proyectos en el país, después de que el Gobierno estadounidense solicitara devolver el expediente al Departamento del Interior para revisar el permiso concedido por la Administración de Joe Biden.
El grupo que lidera Ignacio Sánchez Galán cifra en cerca de 725 millones de dólares —unos 660 millones de euros— las cantidades invertidas o comprometidas en el proyecto y acusa al Ejecutivo de utilizar el procedimiento judicial para reabrir de forma injustificada una autorización ya concedida, según la documentación judicial consultada por ECONOMÍA DIGITAL.
El movimiento supone un nuevo capítulo en la batalla entre la Casa Blanca y los promotores de parques eólicos marinos. La Administración Trump no solo ha tratado de paralizar instalaciones que ya estaban en construcción, alegando motivos de seguridad nacional, sino que ahora también cuestiona la validez de los permisos federales que permiten desarrollar algunos de estos proyectos.
La estrategia mantiene bajo presión diferentes promotores de energías renovables europeos, entre los que se encuentra la española Iberdrola, así como otros operadores del sector, como la danesa Orsted.
Esta última actualización se produjo el pasado 3 de noviembre, cuando Avangrid y otras dos sociedades promotoras del grupo presentaron su respuesta a la petición del Gobierno en el procedimiento abierto por el grupo ecologista Ack for Whales.
Las sociedades han solicitado al juez federal Amir H. Ali que rechace la pretensión del Ejecutivo y mantenga la autorización de New England Wind, concedida en julio de 2024.
El Gobierno de Trump, que presentó había su escrito el pasado 20 de octubre, pretende que el tribunal devuelva el expediente al Departamento del Interior para que revise la aprobación del plan de construcción y operación del parque.
El Ejecutivo norteamericano considera que la anterior Administración interpretó incorrectamente la legislación federal sobre explotación de la plataforma continental, al tratar sus exigencias como objetivos que podían ponderarse entre sí y no como condiciones que debían cumplirse.
Iberdrola asume sobrecostes y advierte sobre la viabilidad del proyecto
También cuestiona que el permiso justificase adecuadamente cómo se compatibilizaban los impactos adversos identificados sobre otros usos del mar con la autorización del proyecto. Avangrid califica la maniobra como un pretexto para reabrir un procedimiento administrativo ya concluido.
En esta línea, Iberdrola asegura que ya ha invertido o comprometido cerca de 725 millones de dólares en el desarrollo de New England Wind y advierte de la incertidumbre que generaría someter de nuevo a revisión una autorización sobre la que ya se han tomado decisiones de inversión.
La energética española también advierte de que esta inseguridad jurídica sobre ya está teniendo un impacto económico en el desarrollo del parque. En su escrito judicial, Avangrid asegura que las actuaciones de la Administración estadounidense han provocado retrasos y le han obligado a asumir decenas de millones de dólares en costes adicionales.
La compañía atribuye estos sobrecostes a la necesidad de volver a licitar, renegociar, cancelar o ampliar contratos, así como a modificar el calendario de construcción.
Desde Iberdrola sostienen que esta situación amenaza la viabilidad del proyecto, aunque no ofrece un desglose ni una cifra exacta de los gastos adicionales.
A la incertidumbre judicial se suma la necesidad de cerrar los acuerdos comerciales para la primera fase del parque. El Departamento de Recursos Energéticos de Massachusetts ha ampliado hasta el 29 de enero de 2027 el plazo para que Avangrid y las distribuidoras eléctricas concluyan las negociaciones de los contratos de suministro de New England Wind 1, que contempla una potencia de 791 megavatios (MW).
La propuesta de la compañía fue seleccionada inicialmente en el proceso de contratación, pero las partes todavía tienen que cerrar los contratos, por lo que prórroga les da algo más de tiempo para alcanzar un acuerdo, mientras el proyecto continúa pendiente de despejar sus incertidumbres regulatorias y judiciales.
Vineyard Wind, el otro frente judicial de Iberdrola
La presión del Ejecutivo de Donald Trump sobre la eléctrica española no se limita a New England Wind. Su otro gran activo de eólica marina en Estados Unidos, Vineyard Wind 1, también continúa inmerso en dos procedimientos judiciales diferentes.
El parque, de 806 megavatios y participado al 50% por Avangrid junto a Copenhagen Infrastructure Partners, ya está operativo y suministra electricidad a más de 400.000 hogares y empresas de Nueva Inglaterra.
El primer litigio se refiere a la orden de paralización que el Gobierno emitió el 22 de diciembre de 2025 sobre cinco proyectos de la costa este, entre ellos Vineyard Wind, alegando riesgos para la seguridad nacional.
La compañía acudió a los tribunales y obtuvo una victoria cautelar el 27 de enero de 2026, cuando el juez federal Brian Murphy suspendió la orden y permitió reanudar los trabajos afectados.
El procedimiento, sin embargo, no está definitivamente cerrado. El juez decidió en septiembre mantenerlo suspendido hasta el 30 de noviembre, mientras las partes actualizan la situación del proyecto y discuten si el litigio ha perdido objeto tras la evolución de las obras.
La construcción de Vineyard Wind ya ha concluido, pero la pausa judicial no supone una victoria definitiva de la compañía ni impide que el conflicto vuelva a plantearse.
A este frente se suma la demanda de Ack for Whales contra la autorización original del parque. En junio, la jueza Tanya Chutkan permitió a Vineyard Wind intervenir en el procedimiento y reconoció expresamente el interés económico de la compañía en defender el permiso.
La resolución destacó que la empresa había invertido 4.500 millones de dólares y que una eventual anulación de la autorización podría obligarla a cerrar la instalación. La compañía ha planteado también cuestiones procesales, entre ellas el traslado del procedimiento a otro tribunal, pero no existe todavía una resolución definitiva sobre la validez del permiso.