Foster's Hollywood espió a los franquiciados rebeldes

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La cadena de hamburguesas encargó un informe privado a detectives para descubrir la vida empresarial y privada del líder de los franquiciados disconformes

Restaurante de Foster's Hollywood.

Madrid , 04 de diciembre de 2015 (23:22 CET)

La cadena de hamburguesas Foster's Hollywood ha espiado a los franquiciados que les han exigido cuentas claras y que se han alzado contra el esquema comercial de la empresa. La marca de restauración, que cuenta con unos 400 restaurantes en España, está enfrentada con una asociación de franquiciados críticos que aseguran que el éxito de la marca está basado en la explotación del franquiciado.

El líder del movimiento, José Zamarro, fue investigado por una agencia de detectives privados, Grupo Cuzco que elaboraron un informe con las antiguas empresas del ahora exfranquiciado y con su listado de amigos de Facebook. El informe intenta demostrar anteriores fracasos empresariales de Zamarro pero termina haciendo un listado de amigos del exfranquiciado.

Zamarro llevó a los tribunales a Grupo Zena al considerar que el fondo de márketing, una partida por la que todos los franquiciados deben aportar recursos, no se destina a los fines determinados en el contrato, es decir, a la publicidad de la marca.

"Han investigado a mi mujer, a mis hijos y a los hijos de mis amigos. Es una actuación persecutoria, intimidatoria y que rebasa todos los límites posibles de una empresa que, por su facturación y poder, siempre ha actuado arroyando a sus franquiciados", explica el afectado que ha sido denunciado por Foster's por supuestamente gestionar otra hamburguesería, algo que prohíbe Foster's a los franquiciados que abandonan la marca durante el año posterior a la ruptura de relaciones. 

El excomerciante espiado cree que la investigación intenta frenar la querella contra la marca por apropiación indebida de los fondos de márketing y por la denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por imposición de proveedores.

Espías frente al restaurante

Cuando Carmen Buetas, una franquiciada de Guadalajara, comenzó a quejarse por la instalación de un nuevo restaurante en su ciudad, surgieron las fricciones con la cadena.

Buetas siempre fue puesta de ejemplo como franquiciada capaz de superar adversidades por la marca, según explica. Pero cuando empezó a exigir cuentas claras con los fondos de márketing y se quejó por lo que consideraba una política expansiva insostenible, los responsables de Foster's decidieron no renovarle el contrato.

Tuvo que dejar el restaurante y traspasarlo a una nueva propietaria que también montó una cadena de hamburgueserías, pero fuera de la franquicia. Entonces también comenzó a ser investigada.

"Le comunicaron a la nueva dueña que me habían visto salir y entrar del establecimiento. Ellos creían que yo seguía al frente del local, algo que no puedo hacer por contrato. Para mí fue una experiencia ruinosa. Perdí ocho años de mi vida allí y no pude recuperar el dinero invertido", explica Buetas.

La demanda

Otro franquiciado de Ávila que perteneció a la asociación crítica fue denunciado por la compañía, pero el comerciante rebelde ganó el juicio. Grupo Zena, propietario de Foster's, pidió nada menos que 253.585 euros a un exfranquiciado por incumplimiento del contrato (90.000 por no devolver los manuales y más de 61.585 euros por retrasos en cánones y royalties). Pero el juez dio la razón al comerciante y aseguró que la compañía no había elaborado un estudio serio de mercado para su franquiciado y no puede exigir incumplimiento de contrato cuando ella es la primera que lo incumple.

Las terribles consecuencias que han afrontado los franquiciados inconformes son interpretados como un claro mensaje de la compañía para quien alce la voz contra el modelo de negocio de la hamburguesa de  Foster's. Cualquier voz discordante puede enfrentarse a la aplanadora de la marca.

José Zamarro, el exfranquiciado que fundó la asociación, ha sido demandado por Foster que le reclama, como el el caso del franquiciado de Ávila, 240.000 euros. Zamarro ha elaborado una petición para que la policía investigue si el espionaje por parte de la franquicia trasgrede los límites legales y puede ser constitutivo de delito. 

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