La larga mano de PwC paraliza la salida a bolsa de AENA

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El Gobierno aplaza la aprobación porque la firma es la responsable de toda la documentación y garantías

El director general-presidente de AENA, José Manuel Vargas Gómez | EFE

26 de octubre de 2014 (20:44 CET)

Ha sido la omnipresencia de PricewaterhouseCoopers (PwC) la responsable de que el Gobierno español haya decidido aplazar la salida a bolsa del ente gestor de los aeropuertos españoles. La operación debió firmarse en el Consejo de Ministros del último viernes, pero abogados del Estado alertaron de que existía un conflicto de intereses por la presencia de la compañía auditora en varias fases de la OPV.

Se produce la circunstancia de que PwC es la auditora de AENA. Además ha sido la compañía encargada de llevar a cabo la due dilligence de la oferta pública de venta (OPV) y, en última instancia, era la encargada de firma la llamada carta de conformidad (comfort letter) para iniciar la privatización. Esta carta es una opinión que solicitan los bancos encargados de realizar la colocación (BBVA, Santander, Morgan Stanley, Goldman Sachs y BoA Merril Lynch) en la que una firma independiente garantiza que los datos contenidos en los folletos son correctos y que les protege de responsabilidad ante los inversores que compran.

De Guindos para la venta

La coincidencia de PwC en todas las fases de la privatización fue el detonante para bloquear la operación hasta conocer si esta situación es posible de sostener o bien hay que sustituir a Price como responsable de la carta de conformidad. Fue el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, el que dio la orden de que el asunto no se tratara en la reunión del Gobierno y el encargado de informar al resto de miembros del gabinete sobre la incidencia.

Desde fuentes internas de PwC se ha señalado que un abogado madrileño de renombre (Uría y Menéndez) ya había realizado un informe en el que se avalaba que la misma auditora fuera la responsable de todas las fases de la OPV y además quien controla las cuentas de AENA.

Garantías jurídicas insuficientes

Sin embargo, en medios gubernamentales se ha señalado que ante el aluvión de casos de corrupción y de discutible gestión administrativa lo más prudente era retrasar la aprobación de la venta de AENA hasta disponer de garantías jurídicas suficientes sobre el procedimiento.

Varias instituciones vinculadas a la OPV consultadas por este medio han mostrado su malestar con PwC y su vocación de estar en todas las fases de la privatización. "De haber repartido, con un concurso, alguna de las gestiones previas a la OPV no nos hubiéramos encontrado con este asunto al final. Parece que alguien en AENA está muy interesado en facilitar contratos y minutas a PwC", asegura un representante del Ministerio de Economía.
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