Las subcontratas denuncian en el Congreso a las constructoras morosas del Ibex

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Las grandes del Ibex cobran a los 84 días pero tardan en pagar hasta más de 500 días. Las pymes y los proveedores acusan a Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, ACS y OHL de financiarse a su costa

La Plataforma contra la Morosidad denuncia a las grandes constructoras en el Congreso.

Madrid , 14 de octubre de 2015 (18:49 CET)

Las pequeñas empresas y los autónomos del sector de la construcción han desvelado este miércoles la lista de grandes constructoras que financian su negocio a costa de las facturas en mora con los pequeños proveedores. Las subcontratas, a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, han delatado este miércoles a las grandes constructoras morosas del Ibex: Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, ACS y OHL.

El sector por primera vez ha señalado con nombre y apellido a las empresas que incumplen la ley y pagan incluso por encima de los 500 días, cuando el máximo legal es de 90. Cobrar pronto y pagar tarde se ha convertido en un negocio medular para las grandes constructoras, según ha denunciado la plataforma ante los representantes de todos los grupos parlamentarios en el Congreso.

Al sector de la construcción afectado por el impago de las grandes constructoras se les ha acabado la paciencia y han decidido denunciar a las grandes compañías españolas que asfixia a sus proveedores. Según las cifras aportadas por los afectados, Ferrovial paga en 536 días, Acciona en 425, Sacyr en 337, FCC en 195, ACS en 188 y OHL en 184. Todas exceden, al menos, el doble los plazos legales.

"Con este sistema, las empresas cotizadas se ahorran 3.400 millones de euros, es decir, un 25% de sus beneficios. Hacen uso y abuso de su dominio o asimetría para crecer a costa de los proveedores", ha explicado Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma contra la Morosidad.

Ferrovial y Acciona, las peores

El caso de Ferrovial es el más sangrante, según lo expuesto por la Plataforma contra la Morosidad. La constructora de Rafael Del Pino cobra en 34 días pero tarda en pagar casi dos años, en concreto, 536 días. A pesar de que las constructoras han mejorado sus plazos de cobro, casi todas han aplazado los pagos a sus subcontratas y proveedores. "No estamos hablando de morosidad sino de morrosidad", apostilla Cañete.

La Plataforma informó la semana pasada a todas las constructoras sobre los datos que harían públicos esta semana. Las cifras han sido extraídas de los datos de sus cuentas de resultados y avalados por Oriol Amat, catedrático de economía de la Universitat de Barcelona. Ninguna de las empresas han contestado los requerimiento de la plataforma.

Ley más estricta

La Plataforma contra la Morosidad han pedido a los grupos parlamentarios una ley sancionadora que fulmine el sistema que estrangula a las pequeñas empresas, especialmente a las dependientes de las grandes corporaciones.

La construcción, favorecida por las grandes obras públicas, es el sector más moroso, según la plataforma. Pero no es el único. Las empresas del sector de la industria cobran en 104 días pero pagan en 221. El sector comercio y servicios se cobra en 78 días y paga en 290 días.

Las empresas afectadas han urgido a una norma que sancione con claridad este tipo de prácticas empresariales. En España, algunas prácticas administrativas se utilizan para retrasar los pagos de forma deliberada. "Un ayuntamiento que tarda 180 días para verificar que el servicio de transporte escolar se preste es un exceso y también es una manera creativa de incumplir la ley", explica Francesc Acín, vicepresidente de la plataforma.

Los portavoces de los partidos políticos se mostraron consternados por los datos de morosidad de las grandes constructoras y casi todos prometieron esfuerzos para incluir medidas sancionadoras en la próxima legislatura.

"Es imposible que las pequeñas empresas se lancen a la internacionalización cuando la administración pública es la primera en poner palos en las ruedas", aseguró el candidato de Izquierda Unida a la presidencia de España, Alberto Garzón que prometió la inclusión de medidas sancionadoras contra la morosidad.

La inclusión de sanciones fue avalada por la mayoría de grupos parlamentarios (salvo el PP y el PSOE que sólo se comprometieron a estudiarla), pero para la próxima legislatura. La misma promesa ya había sido refrendada por todos los grupos, pero un bloqueo del PP impidió que se llevara a cabo. 

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