Montoro eleva el fraude de Rato a siete millones

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Antifraude calcula que las rentas no declaradas entre 2004 y 2015 escalan hasta los 14 millones de euros. Rato asegura que la denuncia de Hacienda es "falsa"

Rodrigo Rato, de camino al juzgado

Barcelona, 08 de febrero de 2017 (12:28 CET)

La Oficina Antifraude del Ministerio de Hacienda (ONIF), que controla Cristobal Montoro, acusa al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, de defraudar 6,8 millones al Estado a través de diversas sociedades. La ONIF remitió un informe de más de 600 páginas al juzgado de instrucción número 31. Precisa que el ex ministro de economía obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015, informa El País.

Pero dado que los ejercicios anteriores a 2009 quedan fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, cantidad muy superior a los 120.000 euros  --la barrera del delito fiscal--. La ONIF concluye que Rato ha cometido fraude , mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente".

También mediante "ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles", remarca Antifraude.

La nueva trama de Rato

Estos movimientos los realizaba a través de un grupo de sociedades radicadas en Panamá, Gran Bretaña y España. Le permitía, presuntamente, ocultar rentas "que han escapado al control fiscal y cuyo beneficiario ha sido Rato", dice el informe de ONIF. El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015.

Aquel año, el organismo de Hacienda alertó a la fiscalía de Madrid sobre irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y despacho particular, la incautación de documentación y la detención televisada. Rato ha dicho a El País que el informe acusador se genera en una denuncia que se demostró que era falsa 15 días después.

Además sostiene que "el informe contiene datos falsos o erróneos que la Agencia Tributaria tenía capacidad para conocer desde hace tiempo".

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