El decreto de centros de datos supera el Consejo de Estado y podrá aprobarse antes del 29-N
El órgano consultivo frena la ofensiva judicial y reglamentaria de energéticas y tecnológicas
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Europa Press
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El Gobierno ha superado el examen jurídico más decisivo y complejo para sacar adelante su plan de control y ordenación sobre las grandes infraestructuras digitales antes de la cita con las urnas.
Según recoge el dictamen preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, al que han tenido acceso El País y Cinco Días, el supremo órgano consultivo ha desestimado las principales pretensiones de fondo promovidas por el sector privado y diversas autonomías, despejando la vía jurídica para que el Ejecutivo pueda aprobar el Real Decreto de centros de datos en Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Los recurrentes denunciaban una presunta invasión de competencias autonómicas, una vulneración del principio de reserva de ley exigiendo que la regulación se tramitase como proyecto de ley y no mediante Real Decreto, y una supuesta falta de justificación en la tramitación urgente. El objetivo último de estos cuestionamientos era obligar a retrotraer las actuaciones o reiniciar trámites —como devolver la norma a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o forzar una notificación comunitaria previa—, lo que en la práctica habría impedido por completo que el texto viera la luz antes de los comicios.
Frente a estas pretensiones, el órgano consultivo presidido por Carmen Calvo aprobó el dictamen por unanimidad en su sesión del 6 de noviembre de 2026, sin que conste ningún voto particular. Pese a ese consenso final, en el seno de la institución se vivió un intenso debate técnico-jurídico que forzó a prolongar las deliberaciones y retrasó la aprobación definitiva hasta el viernes, un día más tarde de lo inicialmente previsto, según recogen los medios citados.
En sus conclusiones de fondo, el órgano consultivo respalda con rotundidad los pilares básicos de la norma.
El Consejo de Estado se alinea expresamente con los fines que persigue el texto y subraya que «comparte los fines del proyecto en tanto persigue asegurar la soberanía digital, garantizar la eficiencia energética e hídrica, y evitar impactos negativos en el sistema eléctrico, en particular en lo que hace a los objetivos de generación renovable».
Durante el trámite de audiencia personaron sus alegaciones ante el Consejo de Estado la Comunidad de Madrid y un total de 23 entidades, asociaciones y compañías. Entre ellas figuran las mayores eléctricas del país agrupadas en Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP), gigantes tecnológicos mundiales como Microsoft, promotores y operadores de centros de datos a través de SpainDC o grandes grupos constructores e inmobiliarios como ACS y Merlin Properties, conglomerados industriales y renovables como Ignis Energy, la Gigafactoría Española de Inteligencia Artificial, AEE, APPA, CIDE y ACOGEN, e incluso asociaciones representativas de otros ámbitos como Farmaindustria, Ecologistas en Acción y patronales como CEOE y AMETIC.
Modificaciones
El dictamen no constituye un cheque en blanco. El Gobierno tendrá que introducir modificaciones concretas en el articulado para incorporar cuatro observaciones esenciales fijadas por el órgano consultivo. Atender estas exigencias resulta vital para que el Ejecutivo se blinde ante la previsible batalla judicial que librarán las empresas en el Tribunal Supremo. La aspiración del Ministerio para la Transición Ecológica es aprobar la norma con la fórmula legal «de acuerdo con el Consejo de Estado», lo que acreditaría que se han asumido todas sus advertencias sustantivas y reduciría al mínimo las opciones de que los tribunales suspendan cautelarmente el decreto.
Tras recibir este aval, los equipos jurídicos y técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica trabajan ya a contrarreloj para pulir la memoria y el articulado durante los próximos días.
