El coste de sostener el Estado: los españoles trabajan más de medio año para pagar impuestos

Los españoles deben trabajar 231 días para cumplir con el conjunto de sus obligaciones fiscales y sociales en 2026, lo que implica cerca de ocho meses de trabajo, según se desprende de las conclusiones de un informe elaborado por la Fundación Civismo.

La cantidad de días que debe trabajar el contribuyente medio para afrontar el pago de impuestos refleja un aumento de dos días al tomar como referencia los resultados de la edición anterior, si bien asciende a 19 días en comparación con el dato de 2024.

«La evolución confirma que la presión fiscal efectiva no se ha estabilizado, sino que continúa aumentando, aunque de forma más moderada que en ejercicios anteriores», destaca el estudio.

Esfuerzo fiscal desigual

El informe evidencia la desigualdad territorial en cuanto al esfuerzo fiscal. Cataluña y Extremadura son las comunidades autónomas donde el contribuyente medio tarda más en saldar sus obligaciones fiscales, con 238 días. De cerca le sigue Aragón, con 237 días; las Islas Baleares, con 236 días; Galicia, con 235 días, y Asturias, con 234 días.

El periodo para los contribuyentes de Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha se sitúa en los 233 días, mientras que en la Comunidad Valenciana y Navarra se cifra en 232 días.

Por debajo de la media nacional, de 231 días, se encuentra la Región de Murcia, con 230 días; Castilla y León, con 229 días; las Islas Canarias, con 228 días; La Rioja, con 227 días; la Comunidad de Madrid, con 226 días, y el País Vasco, con 225 días.

La fundación explica los datos por el IRPF, al condicionar la residencia fiscal el calendario fiscal efectivo del contribuyente, si bien también puntualiza que el mapa fiscal autonómico se completa con otros tributos cedidos y propios.

Hacienda establece que todas las comunidades autónomas de régimen común, a excepción de la Comunidad de Madrid, mantienen impuestos propios vigentes, recuerda la Fundación Civismo, que también destaca el amplio catálogo fiscal en Cataluña.

Entre los gravámenes que se aplican en la comunidad autónoma destaca el canon del agua, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el impuesto sobre estancias turísticas, el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas, el impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica o el impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas.

«La presión fiscal efectiva depende cada vez más del lugar en el que se trabaja, se consume, se adquiere vivienda, se transmite patrimonio o se desarrolla actividad económica», destaca.

Coste laboral

Otro de los puntos en los que pone el foco el documento son las cotizaciones sociales. «El Mecanismo de Equidad Intergeneracional se sitúa en el 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes, distribuido entre un 0,75% a cargo de la empresa y un 0,15% a cargo del trabajador», recuerda antes de advertir que la subida eleva el coste total del empleo y recorta la proporción del coste laboral que se transforma en salario neto disponible.

De cada 100 euros de coste laboral, solo 58,3 llegan al trabajador como salario neto. Para un trabajador medio con salario bruto anual de 32.446 euros, el coste laboral total asciende a 42.390,70 euros, tras incorporar las cotizaciones empresariales.

De la cifra, el trabajador percibe aproximadamente 24.724,91 euros netos, dado que los 17.665,79 euros restantes se destinan a IRPF y cotizaciones sociales, lo que representa el 41,7% del coste laboral total.

Más recaudación fiscal

El informe también advierte que España está recaudando más a pesar de tener los presupuestos prorrogados. «La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado no ha supuesto una congelación real de la presión fiscal», señala. En el transcurso del año pasado, los ingresos tributarios se dispararon por encima del 10% hasta alcanzar los 325.356 millones de euros, mientras que el PIB nominal creció un 5,8 %.

«Pagamos más impuestos aunque no haya presupuestos porque los gravámenes están vinculados a una actividad económica, a una manifestación de riqueza en el caso del IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades», relata la organización. Sin embargo, la actualización de los mismos no depende de los nuevos presupuestos, por lo que la maquinaria de la Agencia Tributaria sigue funcionando aunque no haya nuevas cuentas públicas.

Reducción de la renta disponible

La Fundación Civismo, asimismo, alerta acerca de la progresividad fría, un fenómeno que se da especialmente en la recaudación del IRPF. A lo largo del año pasado, los ingresos por el pago del impuesto se incrementaron un 10,1%, por encima de las rentas brutas de los hogares, situada en el 7,2%.

A la vez, el tipo efectivo sobre las rentas brutas de los hogares se elevó en un 3,5%. A ojos de la fundación, la evolución confirma que el IRPF puede aumentar su carga efectiva sin una subida formal de tipos, a través del crecimiento nominal de salarios y pensiones en un
contexto de insuficiente deflactación.

«La inflación fiscal encubierta reduce la renta disponible de las clases medias», señala. «Cuando los salarios aumentan para compensar la inflación, pero los tramos, mínimos y parámetros del IRPF no se actualizan de forma equivalente, una parte de esa mejora nominal queda absorbida por Hacienda», desgrana para acabar alertando sobre la erosión en la capacidad de consumo, ahorro e inversión de los hogares.