El Gobierno aprueba un récord de 44.788 plazas de empleo público en Estado, Justicia, Policía y Ejército

El Gobierno da luz verde a 34.151 plazas ordinarias de empleo público y 10.636 de estabilización de interinos y se compromete a aprobar las convocatorias este año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros, que aprueba un plan con el que se busca convertir a España en un importante centro de diseño y fabricación de microchips, mediante la canalización de 11.000 millones de euros de fondos europeos, este martes en el complejo del Palacio de La Moncloa. EFE/ Javier Lizón

Oferta de Empleo Público (OEP) sin precedentes en plena incertidumbre por la guerra de Ucrania. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una OEP histórica de 44.787 plazas para la Administración General del Estado, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército, con una p arte de oferta ordinaria de 34.151 plazas y otra de estabilización de interinos con 10.636 plazas.

Así lo ha dado a conocer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha sacado pecho de la aprobación de la «mayor oferta de empleo público de la historia», con 44.787 plazas, por encima de la oferta récord del año pasado y el doble que las 23.300 convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 para reforzar las plantillas ante las jubilaciones y las pérdidas de personal de los últimos años.

Función Pública consiguió cerrar este lunes con los sindicatos un acuerdo para aprobar una oferta de empleo público en el Estado histórica de 29.578 plazas, tal y como había adelantado Economía Digital, lo que permitirá crear alrededor de 5.000 plazas de empleo neto.

En detalle, la OEP aprobada incluye una parte ordinaria de 34.151 plazas (22.009 de nuevo ingreso y 12.142 de promoción interna) y otra de estabilización de interinos de 10.637 plazas. En lo referente a la oferta ordinaria, se registra un incremento del 12,2% y se divide entre 24.471 plazas para la Administración General del Estado (AGE), de las que 15.800 son de nuevo ingreso y 9.591 de promoción interna.

A estas se añaden 4.992 plazas (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna) para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y el Ejército y otras 1.737 plazas para Justicia (945 de ingreso libre y 792 de promoción interna). A la oferta ordinaria se suman las 10.637 plazas de la oferta de estabilización. De estas, 4.692 serán para la AGE y 5.945 para el personal de la Administración de Justicia.

Además, Montero ha añadido que a estas dos ofertas (ordinaria y estabilización) hay que sumar las del sector público empresarial y los entes instrumentales, con 18.149 plazas ya en desarrollo y ejecución, pero que no se han aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Publicación de plazas este año

La ministra de Hacienda y Función Pública ha subrayado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han aprobado ya 143.869 plazas en las cinco ofertas de empleo público lanzadas, y el objetivo es «incrementar la dotación de personal y revertir los recortes del PP con la imposición de una tasa de reposición que ha impedido durante muchos años renovar de forma adecuada el personal que se jubilaba», dando como resultado una «gran precariedad puesta de manifiesto por Bruselas».

De igual forma, ha hecho hincapié en que el Gobierno está «comprometido» a abordar el debate de la temporalidad, por lo que la oferta aprobada permitirá avanzar en el compromiso de que la temporalidad en las administraciones no superen el 8% conforme a la norma aprobada en junio del año pasado.

Por ello, se ha comprometido a publicar las ofertas de empleo público que se derivan de los procesos de estabilización, tanto en la AGE, como en las CCAA y corporaciones locales, antes de diciembre de este año, y que los procesos queden adjudicados y terminados antes del 31 de diciembre de 2024.

En el caso del empleo ordinario, ha suscrito el compromiso de que todas las convocatorias estén aprobadas antes de que finalice este año. Montero ha insistido en que la «escasa» tasa de reposición ha generado durante «muchos años» problemas en el funcionamiento de la Administración porque «prácticamente no se reponían» las plazas de jubilación y que quedaban vacantes.

La titular de Hacienda ha explicado que el Gobierno va a continuar la tendencia de dotar recursos suficientes a la Administración atendiendo a lo recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 que contempla una tasa general de reposición del 110%, del 120% para servicios esenciales como Sanidad y Educación, y del 125% para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las plazas aprobadas este martes se dirigen, en un 27,5%, a cohesión social y servicios a la ciudadanía, un 19% vinculadas a economía verde y sostenible y el 14,6% para transformación digital e innovación. Además, el 20% de la oferta libre en la AGE estará ocupada por perfiles STEM, es decir, puestos de trabajo relativos a áreas emergentes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Ley de Evaluación de Políticas Públicas

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Ahorro energético en la AGE, cuyo contenido fue adelantado por Economía Digital, y que impulsa de nuevo el teletrabajo en dos o tres días a la semana para los funcionarios, promoverá que usen el transporte público y las bicis y supondrá el despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo, y se ajustarán horarios de encendidos y apagados de instalaciones, iluminación y ventilación, así como un mayor control sobre el uso de papel y el plástico.

También se ha dado luz verde al proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, una norma con la que se pretende promover una «verdadera cultura de la evaluación», mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de las diversas medidas adoptadas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.

La norma establece una serie de indicadores comunes y dos tipos de instrumentos para llevar a cabo la evaluación, mediante planes bianuales y cuatrienales. También contempla la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para optimizar los procedimientos y potenciar la innovación

450.000 hogares, más de 1,150.000 p ersonas reciben el IMV.