El Gobierno prevé nuevas leyes energéticas si la situación empeora

El Gobierno de España, que lleva un total de 10 reales decretos de contenido energético desde hace un año que estallara la crisis económica, asegura que estará en constante alerta los próximos meses y que, en caso de ser necesario, volverá a recurrir a esta fórmula legislativa. 

Así lo ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La también vicepresidenta mostró su confianza en que el conjunto de medidas que se adopten a nivel europeo permitan «normalizar en la mayor medida posible las cosas en estos meses», pero reconoció que todo dependerá de que la crisis «se alargue lo menos posible», ya que «hoy por hoy» se dan unas condiciones de volatilidad que «obligan a permanecer muy atentos». 

Ribera, que destacó que España es el país que con más anticipación ha actuado en Europa, aseguró que el compromiso del Gobierno es «seguir muy atento» y destacó que el escudo social activado «está preparado para este invierno y para prorrogarlo todo el ejercicio presupuestario del año 2023». 

En lo que respecta al Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas a finales de esta semana, donde se van a presentar propuestas ante la crisis provocada por la invasión de Ucrania por Rusia, Ribera estimó que «no se actúa a la velocidad e intensidad que se requiere». «Seguimos avanzando muy por debajo de las expectativas», dijo. 

Atención a los más vulnerables

Por lo que respecta a las medidas energéticas de carácter más social, el Gobierno ha creado una nueva categoría del bono social por el que hogares trabajadores de bajos ingresos podrán tener un descuento del 40 % en la factura de la luz y una nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con caldera de gas centralizada, además de aumentar los requisitos de eficiencia del alumbrado público. 

La ministra Ribera ha dicho tras la reunión semanal del Ejecutivo, que este es el décimo real decreto ley que aprueba el Gobierno desde junio de 2021 para proteger a las familias y al tejido productivo, con reducciones de costes fijos de la factura, aumento de la protección a los más vulnerables y la introducción del tope al gas para electricidad o mecanismo ibérico. 

La norma da paso a la creación de una nueva tarifa regulada o de último recurso (TUR) de gas para las calderas comunitarias, una medida con un potencial de beneficiarios de 1,7 millones de hogares y que permitirá rebajar el coste del consumo de gas en un 50 %.