Yolanda Díaz endurece las sanciones en la reforma laboral pero no concreta el refuerzo de inspectores

El Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron el pasado jueves un acuerdo para la reforma laboral tras nueve meses de intensas negociaciones, que incluye un endurecimiento de sanciones pero de nuevo deja sin concretar el refuerzo en la Inspección de Trabajo, pese a las amenazas sindicales de huelga si no se cumple el acuerdo de julio para reforzar la plantilla, el material y la organización del organismo.

A grandes rasgos, la reforma laboral finalmente ha sido «de mínimos» respecto a las pretensiones iniciales del Ministerio de Trabajo, sindicatos y buena parte de los socios de Gobierno, aunque sí incluye medidas para atajar la temporalidad, uno de los problemas de los que adolece el mercado de trabajo español.

Para ello, se acomete la simplificación de los contratos a dos (estructural e indefinido) retomando la causalidad, se presupone que la firma de un contrato de trabajo sea de carácter indefinido de entrada y se incrementan las sanciones al uso irregular de los contratos temporales.

Pero, a falta de conocer el texto definitivo del acuerdo que se aprobará este martes día 28 de diciembre en el Consejo de Ministros para su ulterior publicación en el BOE antes del 31 de diciembre, en plazo con Bruselas, y entrada en vigor el 1 de enero, ha vuelto a defraudar a los inspectores de Trabajo al no concretarse un número fijo de refuerzo de plantilla.

Y ello a pesar de que los sindicatos ya amenazan con huelga en febrero si el Gobierno no cumple el acuerdo acordado el pasado mes de julio, paralizado por Hacienda, para el refuerzo de la plantilla, ante una necesidad de al menos 600 efectivos más, así como material tecnológico y una mejora de organización.

Sanciones de hasta 10.000 euros por abuso en temporalidad

En detalle, se incrementan las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) para los empresarios que abusen de la temporalidad. Para ello, se establece que estas multas se aplicarán por trabajador y no por empresa como se venía haciendo hasta ahora, con un alza de las cuantías que alcanza los 10.000 euros en los casos más graves.

El pasado 1 de octubre las multas de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (lisos) se elevaron un 20% para los casos de fraude en la contratación de trabajadores, hasta una horquilla de entre 750 euros en grado mínimo y 7.500 euros en grado máximo. Ahora las cuantías de las sanciones se levan con la reforma a entre 1.000 y 10.000 euros por infracción.

Además de con sanciones, también se penalizarán los abusos de temporalidad mediante los costes, ya que finalmente se incluye el recargo de hasta 28 euros vía cotizaciones impulsado por el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá por dar de baja contratos temporales de menos de 30 días al ver necesario contratar eventuales en fines de semana o vacaciones, rechazado de lleno por los empresarios.

A cambio, se introducen mejoras en los ERTE para añadir como causa estructural el impedimento de la actividad por decisión de ls autoridades, con exoneraciones del 90%, y exenciones del 20% en los ERTE ETOP ligados a formación.

Lo que finalmente se ha quedado fuera del acuerdo, aunque se ha tratado en la negociación, es la consideración de despido nulo en caso de cualquier situación de temporalidad irregular, lo que implicaría la readmisión en los mismos puestos como fijos, aunque fuentes sindicales apuntan que esto se abordará en otro punto de la modernización del mercado de trabajo, ya en 2022, cuando pretenden abrir el ‘melón’ de los despidos.

Refuerzo de inspectores: sin concretar de nuevo

El acuerdo de la reforma laboral también contempla la ampliación en personas y medios de la Inspección de Trabajo, pero tal y como denuncian los sindicatos CCOO y UGT, de nuevo no concreta el número de inspectores y subinspectores que serían contratados.

Fuentes sindicales critican en declaraciones a Economía Digital la «nueva propaganda» del Gobierno, y en concreto apuntan al Ministerio de Trabajo, a quien acusan de postergar el refuerzo de la Inspección de Trabajo con «anuncios grandilocuentes constantes de cara a la galería».

En este sentido, recuerdan que el nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo recogía un refuerzo de personal también sin concretar, así como para las nuevas tecnologías, el big data o la Inteligencia artificial.

En este punto, el responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de la Federación De Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), Josetxo Gándara, alerta además sobre el supuesto refuerzo de material tecnológico de que “se están haciendo fuera de la Inspección, se está privatizando, empobreciendo la institución”.

Ocho organizaciones de trabajadores de la plantilla de Inspección de Trabajo —CCOO,UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT— ya anunciaron a mediados de mes su intención de acometer una huelga en torno al mes de febrero si el Ejecutivo no cumple con el acuerdo formalizado el pasado mes de julio con el Ministerio de Trabajo para el refuerzo de plantilla y material.

Los sindicatos acusan al Ministerio de Hacienda del «loqueo» del acuerdo. En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.

Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. Según cálculos sindicales, harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo, según ha indicado Gándara, que sostiene que los 3.000 efectivos actuales (1.750 de inspección activa y unos 1.150 de tareas de apoyo administrativo y técnico) son 400 menos que hace una década, tras la pendiente negativa desde 2018.

La reclamación de estos sindicatos pasa por un refuerzo del material y una nueva relación de puestos de trabajo (RTP), que llevaría parejo también una mejora salarial, especialmente para los inspectores. Si bien el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que cuenta con 500 afiliados, se opone a las movilizaciones al afirmar que la aprobación de la RPT representa importantes subidas de sueldos para los jefes de. Inspección e inspectores, pero queda lejos del trabajo de calle realizado en mayor medida por los subinspectores.