El nuevo laberinto de Celsa: entre la ley antiopas, los movimientos de Rubiralta y la presión catalana

Celsa sale de un laberinto y se mete en otro. Si la sentencia judicial que autoriza a los acreedores a tomar el control de la empresa tenía que significar el punto y final de la pugna entre los fondos y la familia fundadora, ha acabado siendo un punto y aparte que ha abierto nuevos frentes y reiniciado los encuentros en despachos. Los nuevos dueños de Celsa continúan estudiando el actualizado escudo antiopas, mientras empiezan a reunirse con los grupos de interés de la acerera, a la vez que Francesc Rubiralta sigue su propia agenda.

Deutsche Bank y el resto de los fondos están evaluando si necesitan el ‘ok’ del Gobierno para hacerse con Celsa, algo de lo que tanto el Ejecutivo como la familia fundadora no tienen ninguna duda. Sus abogados llevan desde que se dio a conocer la sentencia encerrados en despachos analizando la sentencia, su propio plan de reestructuración, la Ley Concursal y el nuevo Real Decreto 571/2023, que desarrolla el llamado escudo antiopas aprobado tras la pandemia y regula las inversiones extranjeras en empresas nacionales.

A grandes rasgos, la normativa que atañe al traspaso de Celsa parece simple: toda compra de más de un 10% del capital de una compañía española considerada estratégica por parte de un inversor de fuera de la Unión Europea necesita la autorización del Gobierno. Algunos de estos hedge funds son europeos, pero no todos, por lo que acabará dependiendo de cómo tengan distribuida la deuda a capitalizar, que alcanza los 1.352 millones de euros.

Además, existen otros matices, como el hecho de que, pese a tener sedes en países comunitarios, las decisiones y el capital implicado en la reestructuración de Celsa de alguno de los fondos provienen de países ajenos a la UE. Sin ir más lejos, Deutsche Bank es un histórico banco alemán, pero es su sucursal en Londres la que está involucrada con la siderúrgica.

Fuentes financieras aseguran que las primeras conclusiones de sus indagaciones apuntan a que, efectivamente, van a necesitar el visto bueno del Consejo de Ministros. En cualquier caso, el reloj empezará a correr una vez hayan trasladado al Ministerio de Industria toda la documentación. A partir de entonces, el Gobierno tendrá tres meses para pronunciarse, según la normativa aprobada en julio y vigente desde la semana pasada, por lo que se avecina un trimestre todavía incierto para el gigante catalán del metal.

Empiezan las reuniones con el Gobierno

En paralelo, Manuel Martínez-Fidalgo, directivo de Houlihan Lokey, la firma que asesora y coordina a los acreedores, ya ha tenido sus primeras reuniones con las administraciones, después de que se diera a conocer la sentencia. Martíenz-Fidalgo se encontró con al Gobierno este martes para explicar sus planes para mantener Celsa a flote.

Por su parte, Moncloa le dejó claro que, si el grupo de inversores quiere quedarse con Celsa, deben de cumplir dos condiciones básicas: garantizar el empleo y mantener en España el centro de decisiones de la compañía, algo que también reclama la Generalitat. Los nuevos dueños se han comprometido retiradas veces a no tocar a la plantilla y a dejar la sede en Castellbisbal.

Según han prometido, crearan una sociedad de cartera en Luxemburgo desde donde se gestionará el capital, pero las decisiones operativas permanecerán en Cataluña. Además, este miércoles anunciaron que Rafael Villaseca, exCEO de Natrugy y con amplios conocimientos y contactos en el tejido industrial español, será el nuevo presidente de Celsa, una vez se formalice el traspaso de propiedad.

“Con el nombramiento de Villaseca, los fondos apuestan por una figura reconocida y de consenso con la administración, y cumplen con el compromiso anunciado en su plan de reestructuración de poner la compañía en manos de ejecutivos independientes de primer nivel y con dilatada trayectoria profesional”, argumentaron.

Por otro lado, el representante en España de Houlihan Lokey se reunió este miércoles con Roger Torrent, el conseller catalán de Economía y Trabajo. Sin embargo, no fue el primero en verse con el político catalán, dado que antes se encontró con Francesc Rubiralta. Celsa, controlada todavía por la familia fundadora, emitió un comunicado el martes donde recordaba que diferentes grupos de interés, donde incluyó a los gobiernos autonómicos, “mantienen el apoyo” a su “proyecto industrial”.

No es ningún secreto que el Govern de ERC siempre ha sido cercano a los Rubiralta. “El Govern está y estará a vuestro lado”, dijo el mismo Pere Aragonés hace unos meses. El tejido empresarial catalán está formado en su mayoría por pimes y quedan pocas grandes corporaciones tractoras de titularidad y capital catalán, por lo que perder la ‘catalanidad’ de Celsa es una mala noticia para la Generalitat.

Esto no hace más que enredar el embrollo, sobre todo en un contexto en el que Pedro Sánchez no quiere enfadar a los independentistas cerrando la puerta a la tradicional familia catalana, dado que se encuentra en plenas negociaciones para su investidura.

Los acreedores de Celsa se reúnen con la plantilla

Por último, los nuevos dueños de Celsa también se han reunido con una delegación de USOC, el sindicato mayoritario de la siderurgia. “Se han comprometido a mantener un nivel óptimo de interlocución con USOC para explicar el plan industrial, prioritario para garantizar la viabilidad de todos los centros productivos y la ocupación”, manifestó el miércoles el secretario de Acción Sindical de la organización, Raúl Montoya.

Durante el juicio celebrado en julio, los acreedores ya explicaron que será el futuro consejo de administración, formado por independientes, el que se encargue de redactar un nuevo plan industrial para Celsa.