La CNMC cuestiona las exigencias verdes del Gobierno a los centros de datos y advierte de invasión de competencias
El regulador pide flexibilizar la exigencia de cubrir el 80% del consumo eléctrico anual mediante nueva generación renovable
El presidente de la CNMC, Juan José Ganuza
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Gobierno que flexibilice las exigencias de energía renovable que quiere imponer a los centros de datos. El organismo que preside Juan José Ganuza considera que el real decreto se excede en sus medidas energéticas para el sector y advierte de que el régimen de sanciones propuesto puede suponer una invasión de sus competencias.
Así lo ha expuesto en su informe sobre el proyecto de real decreto que regulará los requisitos energéticos, medioambientales, de resiliencia y soberanía digital de estas instalaciones.
Un decreto que el Gobierno quiere aprobar antes de las próximas elecciones del 29 de noviembre y que ha causado numerosas críticas dentro de un mercado que proyecta cerca de 70.000 millones de inversión.
La CNMC comparte la necesidad de ordenar el crecimiento de un sector con un consumo eléctrico elevado, pero reclama que las obligaciones se adapten mejor a las condiciones reales del sistema. El objetivo, sostiene, debe ser evitar que la expansión de los centros de datos perjudique a otros consumidores o traslade costes innecesarios a la factura eléctrica.
Uno de los principales puntos de fricción es la exigencia de que los centros de datos cubran el 80% de su consumo eléctrico anual mediante autoconsumo o contratos vinculados a nuevas instalaciones renovables en España.
Es, sin duda, la medida que más críticas ha despertado entre las empresas del sector, agrupadas en la patronal SpainDC, que cuenta con gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft o Google.
El proyecto establece que esas plantas deben haber entrado en funcionamiento dentro de los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro de datos. Una medida que la CNMC considera innecesario aplicar de forma rígida, sin tener suficientemente en cuenta la situación del mercado eléctrico.
En particular, señala que no tiene sentido exigir nueva generación renovable en las horas en las que ya existe producción sobrante que no puede aprovecharse plenamente. En esos periodos, la demanda adicional de un centro de datos podría contribuir precisamente a absorber esa electricidad.
El organismo plantea, por ello, adaptar los requisitos a las condiciones de cada periodo y concentrar las exigencias en las horas en las que no haya suficientes excedentes renovables y un aumento del consumo pueda presionar los precios o requerir generación más contaminante.
Los nuevos requisitos pueden retrasar los proyectos anunciados
La segunda gran objeción afecta a la correlación horaria. El proyecto exige que, en cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida esté respaldada por un volumen equivalente de generación renovable producido en ese mismo momento.
No basta, por tanto, con que el centro de datos contrate una cantidad de energía verde equivalente a su consumo anual, sino que debe acreditar que ambas magnitudes coinciden temporalmente.
La CNMC advierte de que esta condición puede obligar a sobredimensionar las instalaciones renovables y el almacenamiento, con el consiguiente impacto sobre los costes de red y el aprovechamiento de los recursos.
El problema, según el regulador, es especialmente relevante para unas instalaciones que necesitan funcionar de manera continua, también durante la noche, cuando la producción solar desaparece.
Como alternativa, propone que determinadas horas se consideren cumplidas cuando concurran circunstancias objetivas, como precios eléctricos muy bajos, una reducida intensidad de emisiones o excedentes renovables que de otro modo se desperdiciarían.
También pide incentivar el almacenamiento, la combinación de distintas tecnologías renovables y otras fórmulas que permitan trasladar energía desde las horas de mayor producción a las de menor disponibilidad.
«Los requisitos introducidos por la propuesta —en particular los relativos a sostenibilidad energética, adicionalidad, correlación horaria, eficiencia hídrica y resiliencia— podrían modificar el ritmo, el volumen o la localización efectiva de dicha demanda. En consecuencia, algunos proyectos inicialmente considerados en los escenarios de planificación podrían retrasarse, redimensionarse, desplazarse territorialmente o no llegar a materializarse en los términos inicialmente previstos», sentencia la CNMC.
La CNMC advierte de invasión de competencias por las penalizaciones
El segundo gran frente abierto es el régimen sancionador diseñado por el Gobierno. El decreto contempla recargos sobre los peajes de transporte y distribución y sobre los cargos del sistema eléctrico para los centros de datos que incumplan las obligaciones renovables. Esto son, costes fijos que se pagan en la factura eléctrica.
Si se incumple el requisito de adicionalidad, el recargo puede situarse entre el 100% y el 500%, según el porcentaje de generación renovable adicional acreditado.
En el caso de la correlación horaria, oscila entre el 10% y el 50%, con incrementos por incumplimientos mensuales consecutivos. El texto también establece un recargo del 65% cuando se supera el límite de horas de consumo de red contemplado en uno de los supuestos del proyecto.
Pero la CNMC considera que estas penalizaciones no deberían aplicarse mediante los peajes y cargos, cuya finalidad es recuperar los costes de las redes y otros costes regulados, y recuerda que la aplicación de estos costes es de su propia competencia.
Es por ello que recomienda canalizar los recargos mediante mecanismos específicos, vinculados al impacto que los incumplimientos puedan causar al sistema eléctrico.
«Debería establecerse de forma expresa que los ingresos procedentes de las penalizaciones por incumplimiento tendrán que ser declarados en las liquidaciones de forma separada de los peajes y cargos y tener la consideración de ingresos liquidables del sistema. En caso contrario, se interpretaría que mediante el establecimiento de los recargos sobre los términos unitarios de los peajes se estaría modificando el precio para un determinado colectivo de consumidores, lo que supondría una invasión de las competencias del regulador». advierte el regulador.
El proyecto contempla también que el incumplimiento significativo y reiterado de determinados requisitos pueda provocar la pérdida de los permisos de acceso y conexión. Algo que desde SpainDC consideraban un veto encubierto para las empresas del sector.
En este sentido, la CNMC reclama delimitar mejor cómo se coordinarán las competencias de la Secretaría de Estado de Energía, los gestores de las redes y el propio regulador para evitar inseguridad jurídica.
