Estados Unidos da luz verde a los acreedores de las renovables a avanzar en embargo de 136 millones
Energías renovables. Foto: Servimedia
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El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha dado luz verde a los acreedores del caso Antin a avanzar con el proceso de embargo y ejecución de activos de España, así como a registrar la sentencia en otros distritos judiciales del país norteamericano.
La sentencia supone un varapalo judicial a la estrategia seguida por el Gobierno para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.
Caso Antin
El caso Antin tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares españoles bajo el marco de incentivos aprobado por España.
Tras los cambios regulatorios posteriores, los inversores recurrieron al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía.
Un tribunal del Ciadi falló a su favor en 2018 y fijó posteriormente la indemnización en 101 millones de euros, además de los correspondientes intereses y costas.
Incautación de activos
La resolución, firmada el 10 de agosto por la jueza Loren L. AliKhan, rechaza la petición de España de paralizar la ejecución de la sentencia, que reconoce a los inversores más de 156,6 millones de dólares, una cifra que se traduce en 136 millones de euros, además intereses de demora.
El fallo judicial, asimismo, permite a los demandantes incautar activos susceptibles de embargo para satisfacer la deuda contraída en el marco del caso.
El pronunciamiento tiene especial relevancia porque España había esgrimido como uno de sus principales argumentos la decisión adoptada por la Comisión Europea en marzo de 2025, según la cual el pago del laudo constituiría una ayuda de Estado incompatible con el Derecho de la Unión Europea.
La justicia estadounidense ha rechazado este planteamiento y ha recordado que estos argumentos europeos ya habían sido considerados anteriormente. También ha subrayado que España no ha demostrado que la constitución de una garantía para asegurar el pago vaya a provocar realmente un procedimiento sancionador de la Comisión Europea.
El auto, asimismo, apunta que España no ha acreditado haber solicitado recientemente autorización a Bruselas para pagar la sentencia o constituir la garantía. A sus ojos, la insistencia del Gobierno en que el Derecho europeo le impide pagar podría ser un indicio de la probabilidad razonable de que España «no pueda o no quiera satisfacer la sentencia».
