Florentino Pérez (ACS) pacta volver a las obras del túnel de Sídney mientras arbitra con Australia 1.500 millones
ACS reanudará los trabajos de la M6 Motorway tras acordar un rediseño del proyecto, mientras un arbitraje resolverá el conflicto
ACS y Acciona, juntos en un contrato millonario en Australia
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Tras más de un año de enfrentamiento con el Gobierno de Nueva Gales del Sur por los problemas geológicos surgidos durante la excavación, ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, ha pactado la reanudación de los trabajos mientras ambas partes trasladan al arbitraje una disputa cuyo importe ronda los 1.500 millones de euros, correspondientes al valor del contrato adjudicado.
El movimiento permite desbloquear una infraestructura estratégica sin que ninguna de las partes renuncie a sus posiciones jurídicas.
El pacto, alcanzado en junio de 2026 entre la unión temporal M6 D&C JV y Transport for New South Wales (TfNSW), establece una doble vía.
Por un lado, los trabajos volverán a ponerse en marcha mediante un nuevo diseño conceptual adaptado a las condiciones reales del terreno. Por otro, el conflicto sobre la validez del contrato original se resolverá mediante un arbitraje formal, preservando la estrategia legal defendida hasta ahora por las compañías constructoras.
La solución supone un cambio de escenario respecto a los últimos doce meses. En lugar de mantener la obra completamente paralizada hasta que los tribunales resolvieran el conflicto, ambas partes optan por separar la ejecución técnica del litigio económico y contractual.
Se trata de una fórmula habitual en grandes proyectos internacionales cuando la paralización indefinida amenaza con disparar los costes públicos y privados.
Para ACS, además, el acuerdo elimina uno de los principales focos de incertidumbre sobre su actividad en Australia, uno de los mercados estratégicos del grupo junto a Estados Unidos y Canadá.
La obra está siendo ejecutada por M6 D&C JV, una alianza formada por CPB Contractors, UGL Engineering —ambas pertenecientes a CIMIC, la filial australiana de ACS— y la italiana Ghella, especializada en excavaciones subterráneas.
El contrato fue adjudicado por aproximadamente 2.520 millones de dólares australianos, de los que cerca de 1.950 millones corresponden a las empresas controladas por ACS.
Al cambio, la participación del grupo español equivale a unos 1.500 millones de euros, cifra que convierte este proyecto en una de las mayores obras actualmente en ejecución por la compañía en Australia.
El elemento central del acuerdo consiste en abandonar el planteamiento inicial del túnel y desarrollar un nuevo concepto técnico capaz de responder a las condiciones geológicas encontradas durante la excavación.
Ese rediseño deberá superar ahora los correspondientes procesos administrativos y de aprobación antes de convertirse en el proyecto definitivo que permita completar la infraestructura.
Mientras tanto, las constructoras recuperarán progresivamente la actividad sobre el terreno, aunque dejando expresamente a salvo todos sus derechos en el procedimiento arbitral.
La estrategia busca evitar que el reinicio de las obras pueda interpretarse como una aceptación de la postura defendida por el Gobierno australiano respecto al contrato original.
El arbitraje decidirá quién asume el coste del conflicto
La cuestión jurídica gira alrededor de un concepto muy específico del derecho anglosajón: la denominada frustration of contract o frustración contractual.
Según la interpretación defendida por las empresas constructoras, las condiciones geológicas encontradas durante la excavación eran radicalmente distintas de las contempladas en los estudios geotécnicos incluidos en la licitación pública.
Esa circunstancia habría alterado de forma sustancial las condiciones bajo las que fue adjudicado el contrato hasta hacerlo imposible de ejecutar en los términos inicialmente pactados.
Desde esa perspectiva, la unión temporal sostiene que el contrato original quedó extinguido automáticamente por aplicación del Common Law.
La Administración australiana mantiene la tesis contraria. Transport for New South Wales considera que el contrato continúa plenamente vigente y que la infraestructura debe ejecutarse conforme al marco inicialmente acordado, aunque puedan introducirse modificaciones técnicas durante la construcción.
Será ahora el arbitraje quien determine cuál de las dos interpretaciones prevalece y qué consecuencias económicas deben derivarse de los sobrecostes provocados por la complejidad del terreno.
El origen del enfrentamiento se remonta a 2024, cuando los equipos encargados de perforar el túnel comenzaron a detectar formaciones geológicas significativamente distintas de las previstas.
La aparición de esos materiales obligó a detener parte de las excavaciones por motivos técnicos y de seguridad mientras se evaluaba la viabilidad del proyecto.
Tras varios meses sin encontrar una solución, la unión temporal dio un paso inédito en mayo de 2025 al declarar el contrato como frustrado, sosteniendo que las obligaciones asumidas habían quedado extinguidas debido a la imposibilidad práctica de ejecutar la obra bajo las condiciones previstas.
La respuesta del Gobierno estatal fue inmediata al rechazar esa interpretación y mantener la exigencia de continuar con el contrato.
Pese al enfrentamiento, ambas partes comenzaron a explorar fórmulas que permitieran evitar una paralización absoluta del proyecto.
El primer acuerdo llegó apenas un mes después. En junio de 2025, la Administración y la unión temporal firmaron un pacto específico para continuar exclusivamente con las obras de superficie, desvinculándolas del conflicto que afectaba al túnel. Ese acuerdo permitió completar con éxito esos trabajos mientras permanecía bloqueada la parte subterránea del proyecto.
Posteriormente, en octubre, ambas partes iniciaron conversaciones «sin perjuicio», una fórmula jurídica que permite negociar posibles soluciones sin que ninguna de ellas renuncie a las posiciones que posteriormente defenderá ante un árbitro o un tribunal.
Aquellas negociaciones acabaron desembocando en el acuerdo anunciado ahora para reactivar las excavaciones y someter definitivamente la controversia a arbitraje.
Impacto limitado para ACS
Pese al volumen económico del proyecto, la dirección de Hochtief, matriz alemana de CIMIC y controlada por ACS, ha tratado de transmitir tranquilidad.
La compañía comunicó que la reactivación del proyecto no tendrá un impacto financiero neto significativo sobre el grupo.
Asimismo, calificó como bajo el riesgo asociado al conjunto de su cartera de contratos, aunque reconoció que podrían producirse ajustes puntuales en determinadas filiales o sociedades participadas dependiendo de la evolución de casos concretos.
Con el regreso a las obras, ACS consigue reducir la incertidumbre operativa sobre uno de sus mayores proyectos internacionales, aunque la verdadera factura económica del conflicto seguirá pendiente del arbitraje que deberá resolver uno de los litigios de infraestructuras más complejos abiertos actualmente en Australia.
