Este es el hombre que quiere poner patas arriba Madrid Nuevo Norte

Es el hombre que ha desafiado a BBVA para torpedear Madrid Nuevo Norte, el proyecto urbanístico más ambicioso de España bautizado inicialmente como Operación Chamartín. Trinitario Casanova, un hombre acostumbrado a estar bajo el foco de los medios y la polémica, ha dado esta semana el último paso para que el banco no lleve a cabo el desarrollo urbanístico y lo desarrolle él.

Lo quiere hacer a través de su constructora, Grupo Baraka, una empresa que ha crecido en los últimos años al calor del ladrillo y con la que ha hecho grandes adquisiciones, como la efectuada por más de 10 millones de metros cuadrados en Valdebebas o la compra del inmueble en Gran Vía 44, correspondiente a la antigua sucursal de Bankia, que posteriormente vendió a Hines. 

Casanova ha sabido reinventarse tras desprenderse del grupo inmobiliario Hispania, del que fue fundador, en 2008, al comienzo de la crisis inmobiliaria. El comprador no fue otro que su amigo José Ramón Carabantes, con quien terminó enfrentado por el precio a pagar en la operación, hasta el punto de solicitar la intervención de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje.

Ya con Grupo Baraka inició en 2015 sus primeras grandes operaciones en la capital. Ese año Peugeot España le vendió el edificio que ocupaba en Avenida de los Toreros 8 de Madrid, en una transacción en la que intermediaron como asesoras las onsultoras BNP Paribas Real Estate y JLL.

Y, ahora, llega su última polémica. El alicantino está convencido de que es titular de los derechos de reversión de parte de los terrenos que desarrollarán BBVA y DCN, de la que el banco es propietario al 75%, para la conocida Operación Chamartín.

Casanova, de acuerdo a un comunicado de Grupo Baraka enviado esta semana, solicita a la justicia que condene a dichas entidades a abonarle dichos derechos de reversión la cantidad de más de 700 millones de euros.

Reclama este importe acogiéndose a la pérdida sufrida por la privación de sus derechos de reversión derivados del referido procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, pero tiene pocas posibilidades de salir victorioso,  según explicaron distintas fuentes a este medio. 

La compra del Edificio España

Trinitario Casanova (Orihuela, 1964) ha estado vinculado a pelotazos urbanísticos en los últimos años. El más reciente está ligado con compraventa del Edificio España, a cuya firma acudió vestido de torero y también terminó con un enfrentamiento, con posterior derrota, contra los Riu.

La firma que lideran Carmen y Luis Riu se impuso a Trinitario Casanova en los tribunales el pasado mes de mayo, cuando se concluyó la batalla legal en la que se habían embarcado porque Baraka presentó una demanda en la que solicitaba la paralización de las obras del hotel, señalando que los locales comerciales del interior eran suyos.

Pero la justicia madrileña, concretamente el Juzgado de Primera Instancia número 67, falló a favor de la cadena hotelera. La conclusión fue que el contrato suscrito entre ambas partes solo daba poder a Baraka sobre los trabajos de comercialización de la parte comercial, a cambio de únicamente una comisión.

La opa fantasma en el Popular

La polémica también le ha perseguido en otras operaciones alejadas del boom del ladrillo. Fue condenado por difundir en 2008 rumores de una opa en el Banco Popular, compañía de la que llegó a tener el 3,5% del capital, para aumentar el precio de las acciones

El fiscal señaló a Casanova en su escrito de acusación de haber llevado a cabo «artimañas informativas, administrativas y financieras» con el objetivo de detener la devaluación de las acciones de Banco Popular en su propio beneficio.

El fallo se conoció en 2016 e inhabilitó al promotor a intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de la condena. Nunca llegó a entrar en prisión al tratarse de una pena inferior a dos años y al lograr que la Audiencia Provincial de Madrid le diera un años después a razón de forma parcial. 

Su recurso contra la condena a un año de cárcel y otro de inhabilitación para operar en el mercado consiguió que la pena fuera conmutada por una multa de 108.000 euros y medio año de inhabilitación.