Las tretas de Sánchez con Ferrovial dejan tocada su presidencia europea

El Gobierno asume su derrota en el intento de frenar el traslado de la constructora, pero aprovecha el caso para atacar al PP

Pedro Sánchez. Efe.

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Pedro Sánchez asumirá el 1 de julio la presidencia del Consejo de Europa, que es rotativa y que ha coincidido en el último semestre de la legislatura en España, algo que el líder socialista quiere usar para maximizas sus opciones de reelección en las generales que previsiblemente se celebrarán en diciembre. Ha grabado hasta una docuserie, cuya fecha de estreno es aún una incógnita, para captar la atención y las simpatías de los españoles. 

El caso Ferrovial ha caído como una losa en medio de este escenario tan cuidadosamente diseñado para encarar las elecciones, y a las puertas de las municipales. Su impacto es especialmente negativo de cara a la presidencia europea, pues el Gobierno ha dado una imagen antieuropea al atacar uno de los principios de la Unión Europea: la libertad de movimiento de las empresas entre sus 27 países como un derecho básico. 

El Ejecutivo ha intentado que el grupo que preside Rafael del Pino se quedara en España, y lo ha hecho con amenazas y rechazando sus argumentos. Ni siquiera ha intentado aportar incentivos. Ha barajado varias maneras de boicotearla aunque la única que terminó cogiendo fuerza fue la de una posible factura fiscal si no se demuestran las razones económicas del cambio de sede a Países Bajos. 

El Gobierno también intentó influir en la junta de accionistas del jueves y se pasó los tres días previos lanzando mensajes cuestionando la legalidad de la operación. Incluso el secretario de Estado de Economía mandó una carta al presidente de Ferrovial para hacerlo, carta que se encargó de filtrar para marcar el debate de cara a la reunión de Del Pino con los accionistas. 

Algunos ministros llegaron a decir públicamente que los accionistas de la compañía tenían que “tener toda la información” antes de votar, asumiendo que el Gobierno debía tener un papel activo en una decisión empresarial, algo que fue visto desde muchos sectores, dentro y fuera de España, como una intromisión impropia de un Estado en una cuestión privada en el marco de la UE. Los accionistas ignoraron al Ejecutivo y aprobaron masivamente el traslado

La Directiva 2019/2121 de la Unión Europea considera un derecho el movimiento de las empresas tanto dentro de los países como entre ellos: “La libertad de establecimiento constituye uno de los principios fundamentales del Derecho de la Unión”. También deja margen a los gobiernos nacionales, pues añade que “siempre que cumpla los requisitos establecidos por la legislación de los estados miembros”, pero su punto de partida es la libertad. 

El Gobierno queda en evidencia

En la junta ya se vio que las tretas del Gobierno han levantado suspicacias en Europa y a nivel global. Dos representantes de accionistas e inversores internacionales pusieron el grito en el cielo por la intromisión del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos y la falta de libertad que detectaron para las empresas españolas, algo que puede afectar, más que a la propia Ferrovial, a todas las cotizadas y a cualquier compañía del país que busque socios o inversores si esa sensación se expande en el mercado.

Jean Pierre Paelinck, presidente de la Federación Mundial de Inversores (WFI), calificó los ataques del Gobierno a Ferrovial de “excesivos, improcedentes y al borde de la ilegalidad” y mostró su preocupación por esta reacción de los poderes del estado contra una empresa «por ejercer un derecho consagrado en el Tratado de la Unión Europea” como es la libertad de establecimiento “que garantiza la movilidad de las empresas”.  

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, durante la junta de accionistas. EFE/ Javier Lizon

Christian Gülich, vicepresidente de la asociación europea de inversores Better Finance, aseguró estar “perplejo” por el “intervencionismo” del Gobierno en una cuestión privada: “Las decisiones deben ser tomadas por los accionistas de las empresas y nunca por instancias políticas”, destacó, y añadió que “es importante que las empresas puedan competir libremente dentro de las fronteras de la UE para reforzar su competitividad”. 

El apoyo cerrado de los accionistas y los fondos de inversión al traslado –obtuvo el 93% de los votos– fue otra muestra de la soledad del Gobierno en su cruzada contra Ferrovial. Incluso Norges, que inicialmente se mostró contrario, terminó apoyando la salida de España de la compañía. El fondo está controlado por el gobierno de Noruega, que si bien no forma parte de la UE, está en la Asociación Europea de Libre Comercio y el Espacio Económico Europeo, por lo que sus relaciones con los países de la Unión son muy fluidas. Su presidente, además, es el socialdemócrata Jonas Gahr Støre. 

Las acciones del Ejecutivo para boicotear el traslado de una empresa española a otro Estado miembro de la UE pueden llegar incluso a los tribunales europeos y dejar tocada la presidencia de turno de Sánchez antes de iniciarse, lo que dificultaría su plan para usarla como trampolín electoral mostrándose como un líder con poder dentro de la Unión. Habrá que ver si afecta a la buena sintonía de Sánchez con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

La pirueta del Gobierno para atacar al PP 

El Gobierno sabe que está solo y por eso en las últimas horas ha mostrado síntomas de darse por vencido con respecto a Ferrovial. La primera en mostrarlo fue Nadia Calviño, cuando el mismo jueves, desde Washington, fuentes de su equipo expresaron su máximo respeto a la decisión de la junta y no habló ya de la supuesta falta de argumentos económicos que había expresado el Ejecutivo. 

Este viernes, dos ministros más, con peso en el gabinete, como Félix Bolaños y María Jesús Montero, reiteraron ese respeto por el resultado de la junta. La titular de Hacienda sí que aseguró que no veía motivos económicos pero dejó la puerta abierta a que Ferrovial los demuestre: “De momento, no los hemos visto”. 

En lo que ambos coincidieron, de forma indisimuladamente sincronizada, en una pirueta difícil de prever si obviamos que viven ya en campaña, fue en usar el caso como un arma electoral contra el PP y Alberto Núñez Feijóo. Los populares nada tienen que ver con la decisión del grupo de los Del Pino, pero los ministros socialistas les atizaron por, a su juicio, alegrarse de la salida de Ferrovial.

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