Rafael Español ya había sido imputado por desvío de fondos en La Seda en 2006
El ex presidente del grupo químico La Seda de Barcelona Rafael Español ya estaba imputado por desviar, presuntamente, fondos desde 2006 por una querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona y que interpuso la Fiscalía de Cataluña.
En 2006, Español ya acudió a los juzgados para defenderse de la acusación de la Fiscalía, que le acusaba de su supuesta autorización y orden de pago de las cantidades a la empresa Management por una cuantía, IVA incluido, de 5,4 millones de euros.
En la memoria de La Seda de Barcelona del año 2008 se hace constar que «durante el ejercicio 2009 el consejo de administración actual ha tenido total conocimiento de la imputación de uno de sus consejeros en la querella admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona».
Portavoces de la compañía no han explicado por qué el consejo no ha informado a los accionistas de un hecho tan relevante hasta tres años después de que se iniciara este proceso contra Español.
Fuentes próximas a la empresa han explicado a Efe que el auditor forzó que se incluyera esta mención en la memoria, tras años en que la compañía la había obviado.
En un folleto de una ampliación de capital por valor de 418 millones de julio de 2006 sí se informó a los accionistas de que la Fiscalía había presentado una querella, pero se señaló que la misma estaba «en fase de instrucción» y no se mencionó la condición de Español como imputado.
La querella de la fiscalía se presentó a instancias de una investigación de Hacienda sobre la empresa Management y su principal accionista, Antonio Comadrán, según la cual, La Seda y su filial Viscoseda habrían hecho disposición de caudales a través de sucesivas extracciones «sin causa que lo justifique y sin ninguna contraprestación mínimamente relevante del beneficiario».
De hecho, Español tampoco es identificado como el consejero imputado en la memoria, que es la información que se entregó a los accionistas en la junta del pasado sábado.
En esta nota de la memoria, La Seda se limita a señalar: «quedando pendiente el análisis por parte del consejo si dicha imputación pudiera ser causa para solicitar el cese de dicho consejero».
La mayoría de las operaciones dudosas por las que La Seda ha tenido que provisionar 84 millones se cerraron posteriormente enero del 2006, cuando se presentó la querella. Diversos accionistas han puesto denuncias ante la Fiscalía por estas transacciones.
Entre estas operaciones se encuentran las llevadas a cabo con la sociedad Jatroil, donde La Seda tiene el 5% y que fue constituida en 2007, o las ventas presuntamente irregulares a Túnez y Rusia que se llevaron a cabo entre finales del 2006 y el 2008.
Estas operaciones han hecho que la junta reclamase y aprobase este mes de agosto una acción social de responsabilidad por la que la empresa está estudiando posibles medidas legales contra Español.
Al aprobarse la acción social de responsabilidad, Español ha tenido que dejar el consejo de administración de todas maneras, por lo que este organismo ya no tendrá que pronunciarse sobre si esta antigua imputación del ex presidente de La Seda le obliga a dejar este órgano de gobierno de la compañía.
El impacto de esta imputación es tratado en la memoria como un «pasivo contingente» de la empresa a causa de que «La Seda de Barcelona pudiera ser responsable civil subsidiario de los hechos imputados», aunque, en todo caso, «el consejo de administración considera improbable que el procedimiento judicial concluya en términos desfavorables a la sociedad».
La situación financiera de La Seda de Barcelona es desesperada, con 565 millones de pérdidas, deudas de 800 millones y necesidad de hacer un ajuste laboral en paralelo a una refinanciación de la deuda y a cerrar una ampliación de capital de 150 millones de euros que restablezca el equilibrio patrimonial.
