Anticorrupción pide la retirada del pasaporte al ex presidente de Eurobank
Eduardo Pascual también tiene pendiente un juicio por el caso de los ERE de Andalucía, en el que está imputado
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que convoque una vistilla con el fin de instar al antiguo dueño de Eurobank, Eduardo Pascual Arxé, imputado por la 
En el informe remitido a la Audiencia Nacional el miércoles pasado, el fiscal dice que «ante la proximidad de la vista oral, ha de tomarse en consideración que en la valoración de tales circunstancias han de sopesarse especialmente factores como la gravedad de la pena y la inminencia de la celebración de la vista oral pues ambos inciden sobre el riesgo de indisponibilidad del imputado para con la administración de justicia».
Sospechas fundadas de fuga
Dice el fiscal en el informe al que ha tenido acceso Economía Digital, que «lo obrante en la causa pone de manifiesto la pretensión del acusado de salir del territorio nacional» y, en consecuencia, pide que le sea prohibido.
De esta forma, la Fiscalía Anticorrupción se adhiere a la petición formulada en tal sentido por la acusación particular que representa a un colectivo de pequeños accionistas. Desde hace 12 años, este colectivo pide responsabilidades penales y económicas a la antigua cúpula de la entidad.
La imputan por haber cometido innumerables irregularidades desde 1998. En concreto, se acusa al máximo accionista, Eduardo Pascual, del cobro irregular de comisiones millonarias por la venta de activos de Eurobank. En definitiva, le acusan del vaciado económico y financiero del banco.
De Pascual descapitalizó Eurobank
Según el escrito del fiscal y los informes de la acusación particular, tanto en el proceso de gestión de la entidad como después, en el proceso de su liquidación, «se han producido irregularidades contables que han perjudicado al conjunto de los pequeños accionistas y acabaron beneficiando patrimonialmente al accionista mayoritario».
Según los datos que maneja la acusación, entre las irregularidades en el ámbito de la gestión del banco y las cometidas también en el proceso de liquidación (aún abierto), el dinero sustraído asciende a más de 20 millones de euros.
La inminencia del juicio, los datos de que dispone la Fiscalía, la sospecha de que Pascual dispone de una fortuna y el hecho de que sigue imputado por el caso de los ERE de Andalucía que investiga al juez Alaya, han aconsejado al ministerio público impedir su salida del país.
