La Audiencia Nacional condena a PSA Citroën a pagar 157 millones a Hacienda
La sala de lo contencioso-administrativo confirma la reclamación principal del fisco, pero perdona a la multinacional 22 millones en sanciones
La Agencia Tributaria ha dejado momentáneamente en la lona a Peugeot Citroën Automóviles España —que controla los centros productivos de Vigo y Villaverde (Madrid)— al lograr arrancar de la Audiencia Nacional (AN) una sentencia que obliga a la sociedad automovilística con sede en Vigo a pagar casi 158 millones de euros al fisco.
El reciente fallo se basa en la incorrecta liquidación en dos períodos sucesivos del Impuesto de Sociedades, desde 2001 hasta 2005, que la multinacional no liquidó conforme a los parámetros de la legislación española. Sólo en torno a 40 millones de euros son en concepto de intereses de demora.
El núcleo duro de la resolución judicial se basa en que PSA no aplicó de forma correcta el Impuesto de Sociedades en las operaciones de la triangulación societaria y financiera establecida entre tres empresas del constructor galo (con sedes en Francia, España y Argentina), para transferirse entre ellas paquetes accionariales y sus patrimoniales industriales.
Tres empresas
Se trata de la filial gala del grupo automovilístico, Automóviles Peugeot, S.A. que en 2001 vendió en documento privado precisamente a Citroën Hispania S.A. las acciones representativas del 99,6% del capital social de Peugeot Citroën Argentina. La filial latinoamericana contaba en esas fechas con una planta de ensamblaje en Buenos Aires y comercializaba los vehículos de las dos marcas del grupo.
PSA, según la sentencia de la Audiencia Nacional, realizó diferentes provisiones en concepto de depreciación de existencias. Las provisiones son operaciones contables que tienen la consideración de flexibles por no ser previsibles ni su cuantía, ni su fecha de pago, y que dan lugar a deducciones tributarias en la base del impuesto que debe declararse.
Provisiones
El conglomerado automovilístico francés, a través de la sociedad española, también añadió a la base impositiva deducciones por los gastos suplidos en comisiones de una tercera entidad en la intermediación del pago de determinados proveedores, así como por la provisión por depreciación de acciones de la entidad argentina y por la depreciación de las acciones de dicha empresa correspondiente a las ampliaciones de capital realizadas.
La operación de ingeniería societaria fue inspeccionada por la Delegación de Grandes Contribuyentes. La AEAT no consideró ajustado a las normas de liquidación del Impuesto de Sociedades el procedimiento realizado por el grupo automovilístico para la financiación y compraventa de acciones y sociedades dentro de la misma multinacional.
Actas y sanciones
Como consecuencia de la investigación, la Agencia Tributaria dictó las actas de liquidación y sanción a mediados de 2011 por un importe de principal e intereses de casi 158 millones de euros, a los que añadió otros 22 millones de euros en concepto de multas económicas por sanciones. Todo fue recurrido ante la Audiencia Nacional.
El k.o. momentáneo de PSA España en el plano judicial lo es más por la contundencia económica del golpe que por la sorpresa en el sentido del fallo. El asunto en sí lleva pendiente de resolución desde finales del año 2011, fecha en la que fue interpuesto el recurso económico-administrativo ante la sala correspondiente de la Audiencia Nacional
El gigante automovilístico acudió a la AN tras un primera desestimación de sus alegaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). El órgano jurisdiccional, aunque le ha condenado al pago de la deuda, sí que ha perdonado al menos los 22 millones de euros en concepto de sanciones.
Previsión
Con todo, si bien el ruido y la conmoción en PSA es a día de hoy ya inevitable para los intereses de la multinacional francesa en España, no es menos cierto que el golpe en la línea de flotación habría tenido mayores consecuencias, si, precisamente en previsión de este fallo adverso, no se hubiesen ido acumulando anualmente fondos para liquidar la cuantiosa deuda y la sanción.
De momento, están provisionados más de 70 millones de euros para hacer frente a esta deuda con el fisco, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.
