La Xunta considera “ambientalmente viable” la mina de oro en Corcoesto

Marca un perímetro de 140 metros al espacio protegido y admite una desviación del cauce del río Lourido

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El Gobierno gallego ha dado una muestra más de complicidad con el proyecto de Edgewater para extraer oro del subsuelo de Corcoesto (A Coruña), poniendo el epílogo a una semana cargada de acusaciones entre los detractores del proyecto y sus partidarios. En una nota de prensa, la consellería de Medio Ambiente ha anunciado que la explotación es “ambientalmente viable” y que publicará en su página web el próximo lunes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya firmada por el secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

La resolución del órgano ambiental establece algunas “cautelas”, según especifica el comunicado. Entre ellas, que la explotación minera se mantenga a 140 metros de distancia del espacio natural protegido Río Anllons. La medida ha indignado especialmente a los vecinos de los municipios afectados detractores de la mina, que la han tildado de “ridícula”.

La Xunta admite también una desviación del río Lourido, para generar el espacio necesario para depositar el estéril extraído durante las excavaciones en el valle del río, al sur de la explotación.

Medidas legales

El comunicado de la consellería de Medio Ambiente ha provocado el rechazo de la Plataforma en pola defensa de Corcoesto, agrupación de vecinos que se opone al proyecto. Critican que la Xunta actúe como una “delegación” de la empresa canadiense Edgewater, al emitir una nota de prensa “alabando” las calidades de la mina antes de publicar oficialmente la Declaración de Impacto Ambiental.

La plataforma advierte que estudiará la declaración cuando sea publicada este lunes y que solicitará los informes que avalan la DIA. “Si, como penamos, dichos informes no son congruentes con la protección ambiental, lo denunciaremos ante todas las instancias y pediremos responsabilidades, incluso penales, si hay indicios de prevaricación o corrupción”, aseveran.

El anuncio de la Xunta ha servido de epílogo a una semana de enfrentamientos entre las fuerzas políticas gallegas por el proyecto, después de que Alternativa Galega de Esquerdas acusase a la Xunta de ocultar el daño ambiental que provocará la explotación, y a la empresa de intentar extorsionar a los vecinos. En el origen de la acusación contra la empresa están unas cartas remitidas por Edgewater a los propietarios de los terrenos donde se levantará la estructura extractiva. En las misivas, instava a los vecinos a vender sus parcelas antes del 31 de diciembre al precio propuesto por la empresa, para evitar ser expropiados a la fuerza por menos dinero.

Contradicción en la generación de empleo

La defensa que hace el Gobierno gallego del proyecto se basa en la generación de riqueza para la zona. La planta, junto con la explotación de la mina, supondrá una inversión de 110 millones de euros y la creación de 270 puestos de trabajoo directos y más de 1000 indirectos, según explica el comunicado de la Xunta.

Núñez Feijóo también cifró en 1.400 empleos los generados por la explotación, cuando anunció su tramitación como ‘proxecto industrial estratéxico’ de la Xunta, medida que permitirá agilizar los trámites y acelerar el inicio de la excavación. Sin embargo, en la empresa hablan de unos 250 empleos sin contabilizar los puestos laborales indirectos que pueda generar el proyecto. Entre los detractores también advierten que son empleos de corta duración y rotativos –la mina tiene un plazo de explotación de 13 años–, por lo que el impacto laboral será más reducido de lo que indica la Xunta.

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